Unamos: "Ley Mordaza es ilegal y no la acataremos"

Suyen Barahona, Ana Margarita Vijil, Tamara Dávila, Julio Ricardo Hernández y Aura Aragón, del partido Unamos, informaron que interpusieron un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”, por violentar garantías, derechos y disposiciones constitucionales.

En un comunicado explican que la medida viola la "seguridad jurídica, garantías judiciales, derecho a ser juzgado por causa previamente establecida de forma expresa e inequívoca, privacidad y protección de datos personales, rendición de cuentas y transparencia de la información pública, así como derecho de brindar y recibir información sin censura, entre otros".

"Esa ley, violenta además, los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado de Nicaragua que forman parte de los derechos constitucionales de los nicaragüenses", explican.

"Ley Mordaza" ataca a la prensa libre

Con esta ley, agregan, "la dictadura de la familia Ortega Murillo continúa su campaña de persecución, asedio, hostigamiento, amenazas y judicialización de periodistas, comunicadores, ciudadanos y ciudadanas que hacen uso de su derecho de libre expresión y de libertad de prensa".

"Lo que pretende el régimen es silenciar al pueblo nicaragüense, tratando de imponer una mordaza para impedir que la ciudadanía nos expresemos en resistencia frente al régimen autoritario y en demanda de nuestras libertades, de democracia y de justicia", detallan en el comunicado.

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Para los directivos de Unamos "el objetivo de los Ortega Murillo es silenciarnos para que no denunciemos que la dictadura es responsable de crímenes de lesa humanidad, de ejercer el terror sobre los nicaragüenses, de ejecuciones extrajudiciales y de encarcelamiento y procesamiento ilegal de centenares de nicaragüenses".

"Pretenden impedir que denunciemos a este régimen dictatorial que está hundiendo a Nicaragua, que daña gravemente nuestra economía familiar y que nos impide desarrollarnos plenamente", insisten.

Con el recurso esperan "dejar constancia" de la ilegalidad de la “Ley Mordaza”, de la violación a la Constitución y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

"La Corte Suprema de Justicia está obligada por ley, a actuar cautelando nuestros derechos, no avalando los instrumentos represivos de la dictadura", exigen.