16 de febrero 2021
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La Asociación Campesina e Indígena de Cultura y Producción Ecológica en la Biosfera Suretes "Sano y Salvo" denunció que agentes de la Policía de Nueva Guinea junto al comisionado mayor, Otto Nicolás Portillo, segundo jefe de la Policía Nacional en Nueva Guinea, prohibieron la realización de su Asamblea General Anual, prevista a realizarse este lunes 15 de febrero, lo que constituye una violación a "los derechos de organización y asociación".
En un pronunciamiento relatan que el sábado 13 de febrero de 2021, el comisionado Norvin Díaz Somoza, jefe de la Policía de Nueva Guinea, llamó a la maestra Elba Rivera, socia de la organización, para preguntarle si era verdad que realizarían un evento. Rivera confirmó la reunión "y, ante la pregunta del comisionado Díaz de qué si se trataba de un evento político, le respondió que no".
"Rivera explicó que era meramente una asamblea de las personas asociadas procedentes de varios municipios de la RAAS y Río San Juan", detalla el comunicado firmado por la junta directiva de "Sano y Salvo". Sin embargo, al día siguiente Rivera conoció que el comisionado Díaz llegó a la finca orgánica La Esperanzita a preguntar sobre el evento. También "conoció que había policías de civil en el campo de béisbol de la comunidad del mismo nombre".
Retenidos por policías
De acuerdo a la organización "Sano y Salvo", este lunes "cuando iniciaron a llegar las y los productores y querían entrar a la calle que va a dar a la finca La Esperancita, y cuando ya se llevaba la provisión y las sillas en una camioneta de acarreo, estos fueron detenidos" por el comisionado Díaz junt a policías y antimotines.
La profesora Rivera llamó al comisionado "unas tres veces para explicar nuevamente el objetivo de la reunión; pero nunca respondió".
Al no tener respuesta, Rivera fue personalmente a hablar con el comisionado Díaz, quien le informó que, "por mandato superior, no se podía dar el permiso".
"El comisionado se comprometió a consultar con su superior. La respuesta no tardó en llegar, el comisionado departamental, Nicolás Portillo, le hizo saber que no permitiría la actividad", explica el pronunciamiento.
Pérdidas para campesinos e indígenas
El presidente de "La Esperanzita", una fundación y Escuela Campesina de Agricultura Ecológica en el Trópico Húmedo, conocida como la cuna de la agricultura orgánica en Nicaragua explicó al comisionado Norvin Díaz las repercusiones económicas que tiene esa prohibición para la Asociación "Sano y Salvo", así como para las y los productores. Pero no hubo respuesta.
Las y los productores viajaron desde Río San Juan, Bluefields, El Rama, Kukra Hill, Laguna de Perlas, Nueva Guinea, El Castillo y de la comunidad Rama Cay, señala la organización.
"(Esta prohibición) es una grave violación y un gran daño para más de 80 campesinos mestizos e indígenas que vinieron desde todas esas comunidades lejanas, donde unos tienen que viajar hasta dos días para participar en su asamblea", detalla el documento.
"Tenemos socios de todas las tendencias políticas"
Según el comunicado "el comisionado Díaz justificó que el país está en un año electoral y que tales eventos están prohibidos".
"Como campesinado, nos sentimos violentados en nuestros derechos constitucionales y nos afecta gravemente en lo económico. Los socios y socias son de todas las tendencias políticas, y nuestra asamblea nunca se habla de política partidaria, por la diversidad religiosa y partidaria que hay en la asociación", dice la denuncia de "Sano y Salvo".
También indican que la asamblea "es obligada para cumplir con los estatutos y con las reglas" impuestas por el mismo Ministerio de Gobernación.
"Esta arbitrariedad deja sin argumentos aquellas personas locales, nacionales y extranjeras que todavía quieren justificar la represión”, insisten los directivos de la organización.
El texto es firmado por Victoria López, presidenta de "Sano y Salvo", Abelardo McCrea John (vicepresidente), Orlando López Jarquín (secretario), José Santos López Lira (tesorero) y Eulalio Alemán Granja (vocal).
