10 de julio 2021
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Nicaragüenses que han viajado en las últimas semanas de Nicaragua rumbo a Costa Rica, o viceversa, denunciaron que las autoridades migratorias del puesto fronterizo nicaragüense de Peñas Blancas les han retenido momentáneamente, interrogado e intimidado al salir del país.
Los principales afectados han sido periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de organizaciones de sociedad civil, que en algunos casos observaron que los agentes tienen una lista de nombres que chequean para seleccionar a los sujetos de dichos cuestionamientos que van más allá de lo acostumbrado y más bien se enfocan en el trabajo que desempeñan en Nicaragua, hacia dónde se dirigen en Costa Rica, con qué motivo y por cuánto tiempo.
Carlos Eddy Monterrey, ciudadano nicaragüense de Bluefields, viajó el 27 de junio a Costa Rica y contó que lo retuvieron durante dos horas en la frontera nica. "El agente me sacó de la fila a mí, después de preguntarme mi nombre, y me dijo que lo acompañara. Luego se metió a las oficinas y no apareció, sino hasta dos horas después y me empezó a interrogar, que dónde iba a estar en Costa Rica, qué familiares tenía yo y desde cuándo, que en qué estaba trabajando en Nicaragua".
Monterrey narró que él contestó que se dedicaba a vender batidos de una marca internacional, pero el agente le insistía que él era periodista radial, a lo que Monterrey le replicó que se trataba de su ocupación antigua y ya no se dedicaba más a ese oficio. "Yo estaba bien investigado, porque él insistía en eso", destacó Monterrey, que sí colaboró antes con algunas radios locales y que ha solicitado refugio en Costa Rica.
Los hijos de Monterrey tuvieron que exiliarse en el vecino país tras haberse involucrado en las protestas estudiantiles en 2018 en Nicaragua, desde entonces su casa en Bluefields era constantemente asediada por patrullas policiales, aseguró.
El oficial de Migración nicaragüense también le insistió en que le diera la dirección exacta del lugar donde se hospedaría en Costa Rica. "Hay un estricto control en la frontera de quién sale", agregó Monterrey.
No ha sido el único caso. El periodista Julio López del programa radial Onda Local intentó salir por ese mismo puesto migratorio el pasado 21 de junio, pero se encontró con que su nombre aparecía en la lista con un asterisco a la par. Los oficiales migratorios le dijeron que tenía restricción migratoria, por lo que tuvo que exiliarse y salir por un "punto ciego" de la frontera.
López había sido parte de la larga lista de periodistas citados por la Fiscalía en el caso de supuesto lavado de dinero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Bajo ese señalamiento, el régimen Ortega Murillo puso en arresto domiciliar a Cristiana Chamorro, expresidenta de la Fundación y precandidata presidencial, y ha intimidado a periodistas independientes interrogados como supuestos testigos del caso.
Otros comunicadores, trabajadores y extrabajadores de medios de comunicación que salieron por ese puesto fronterizo, por distintos motivos, corroboraron a CONFIDENCIAL que han sido sujetos de cuestionamientos, en algunos casos, y retenciones de un par de horas, en otros.
Este nuevo "control" ha provocado que los viajes de los autobuses comerciales que ofrecen ese servicio ahora se tomen más tiempo para llegar a su destino, ya que esperan a los pasajeros que deben pasar por ese escrutinio.
Rechazan a ciudadana costarricense
En el puesto migratorio también se lleva un control "político" de quienes intentan ingresar de Costa Rica a Nicaragua. La ciudadana costarricense Verónica Gómez viajaba rumbo a Nicaragua para visitar a amistades y parientes el pasado 5 de marzo, pero fue expulsada por policías de Migración de Nicaragua, contó a CONFIDENCIAL.
El vínculo de Gómez con Nicaragua nació en 2015 cuando realizó un voluntariado en el país e hizo amigos cercanos. En 2018, le impactó la brutal represión estatal que dejó más de 328 asesinados, miles de heridos y decenas de miles de personas que salieron y solicitaron refugio, principalmente en su país Costa Rica. Fue por eso que realizó actividades de solidaridad en Costa Rica y divulgó información sobre la crisis nicaragüense en sus redes sociales.
Gómez, que había entrado en diciembre de 2019 sin problemas, esta vez llevaba todos sus documentos migratorios en orden, incluyendo el formulario completado previamente y los requisitos sanitarios ante la pandemia: una prueba de covid-19 con resultado negativo. Por tanto, no esperaba ninguna traba para entrar a Nicaragua, pero se encontró con un policía migratorio que tenía una lista en mano. El agente le pidió que se identificara, al responderle el hombre ubicó su nombre y ella alcanzó a ver que a la par de su nombre había un asterisco.
Enseguida, otro policía la llamó aparte para interrogarla. Al inicio fueron las preguntas regulares, luego el oficial vio sus sellos de ingreso a Nicaragua y le cuestionó por qué viajaba con tanta frecuencia al país. "Después me preguntó que si yo sabía lo que estaba pasando en Nicaragua, que si sabía adónde estaba entrando y que si yo sabía quién tenía el control, quién mandaba", recordó.
Seguido, el policía le preguntó que si usaba redes sociales, que a qué se referían sus publicaciones, que por qué publicaba de Nicaragua.
-¿Pero qué publica de Nicaragua?, le insistió el oficial.
- Sobre la situación de derechos humanos, le contestó Gómez.
Fueron 45 minutos de preguntas constantes, mientras el policía revisaba constantemente el celular, luego entró a una oficina y no regresó sino media hora después junto con otro agente, que parecía ser el jefe, y le tomó fotos a ella y a las páginas de su pasaporte. "No va a poder entrar", le dijo. Ella preguntó la razón, a lo que él le contestó: "Usted ya sabe lo que pasó".
Cinco policías llevaron a Gómez hasta la línea fronteriza con Costa Rica. "Una policía me dijo que no podía ingresar a Nicaragua de manera indefinida", rememoró.
Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más consideró que la actuación de las autoridades de Migración de Nicaragua, en el caso de Gómez, refleja "la paranoia del Estado que ve enemigos en todas partes y los extranjeros no son la excepción", y cómo se reprocha la solidaridad con las víctimas de la represión estatal.
Carrión recordó que los extranjeros que viven como residentes en Nicaragua también han sido intimidados por el régimen de Ortega desde inicios de 2021 cuando les entregaron folletos con causales de revocación de la residencia.
El defensor de derechos humanos también tiene información de nicaragüenses, en su mayoría periodistas o extrabajadores de medios de comunicación, que han sido interrogados en Peñas Blancas en las últimas semanas. Agregó que activistas, defensores de derechos humanos y personas involucradas en movimientos políticos de oposición han salido de Nicaragua tras el arresto de 26 opositores, incluidos seis aspirantes presidenciales, pero algunos optan por hacerlo de forma irregular por temor a ser detenidos de forma arbitraria por los oficiales migratorios.
