11 de enero 2024
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El informe mundial de Human Rights Watch (HRW), presentado este jueves 11 de enero en Estados Unidos, señala el inagotable abuso de poder por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua y cuestiona la "impunidad generalizada" en este país.
El organismo destaca que en el último año el régimen ha intensificado su arremetida contra cualquier persona percibida como crítica, incluyendo miembros de la Iglesia católica, y ha desmantelado el espacio cívico.
También apuntan el cierre masivo de medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y universidades, lo que valoran como una violación a la libertad de expresión y asociación y al derecho a la educación.
Además, ponen especial énfasis en la persistencia de problemas como la prohibición total del aborto, los ataques a las comunidades indígenas y afrodescendientes y la impunidad generalizada por graves violaciones de derechos humanos.
Estos son los principales hallazgos de HRW en el capítulo referido a Nicaragua.
Persecución contra críticos
Hasta octubre, permanecían encarcelados 81 presos políticos, según una organización nicaragüense de derechos humanos. La mayoría estaban acusados de “menoscabar la integridad nacional” y “propagar noticias falsas”.
En febrero, el gobierno despojó arbitrariamente a 317 personas de su nacionalidad, incluyendo 222 expresos políticos a quienes el gobierno desterró a Estados Unidos, calificó de “traidores” y confiscó sus bienes. Esta decisión, que viola el derecho internacional de los derechos humanos, dejó apátridas a muchos.
Las autoridades eliminaron las partidas de nacimiento del registro civil y los expedientes académicos de algunos críticos, restringiendo su derecho a acceder a información personal. También borraron del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social su información personal, lo cual privó a muchos de sus pensiones. En mayo, la Corte Suprema inhabilitó permanentemente las licencias de 25 abogados y notarios, alegando que, al ser considerados ahora “extranjeros” tras la privación de su nacionalidad, ya no estaban facultados para ejercer la profesión en Nicaragua.
Libertad religiosa
Los ataques contra la Iglesia católica, que comenzaron en 2018, se han intensificado.
En agosto de 2022, la policía detuvo al obispo Rolando Álvarez, un crítico del gobierno, y lo acusó de “menoscabar la integridad nacional” y “propagar noticias falsas”. En febrero, Álvarez se negó a ser expulsado del país y un juez lo condenó a 26 años de prisión. En junio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) informó que Álvarez permanecía incomunicado.
En mayo, la policía anunció que las autoridades estaban investigando a la Iglesia católica por presunto lavado de dinero y que habían congelado las cuentas bancarias de varias diócesis.
En agosto, las autoridades clausuraron la Universidad Centroamericana (UCA), de origen jesuita, y confiscaron sus bienes, interrumpiendo la educación de miles de estudiantes. Este cierre elevó a 28 el número de universidades clausuradas en el país desde diciembre de 2021.
En octubre, el gobierno liberó a 12 sacerdotes católicos que estaban detenidos y los envió a Roma tras lograr lo que un comunicado oficial describió como un “acuerdo con el Vaticano”.
Las autoridades también prohibieron las procesiones de Semana Santa de 2023 y, en agosto, disolvieron la orden religiosa de los jesuitas, y confiscaron sus bienes. También continuaron expulsando a sacerdotes y monjas extranjeros.
Libertad de expresión y asociación
Defensores de derechos humanos, periodistas y otros actores críticos del gobierno son blanco de amenazas de muerte, agresiones, intimidación, hostigamiento, vigilancia, campañas de difamación en línea y, como se mencionó anteriormente, detenciones y procesos penales arbitrarios y privación de la nacionalidad.
Para noviembre de 2023, las autoridades habían clausurado más de 3.500 organizaciones no gubernamentales, incluidos grupos de mujeres, religiosos, de asistencia internacional y médicos. Esto representa aproximadamente el cierre del 50 % de las organizaciones que operaban oficialmente en Nicaragua antes de abril de 2018. Los cierres han dejado sin servicios esenciales a muchos beneficiarios.
Entre 2018 y 2022, el gobierno cerró al menos 57 medios de comunicación: 30 en 2022 y 2 en 2023, según informó la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG.
Muchos de esos cierres se basan en legislación abusiva, incluida una ley sobre “agentes extranjeros” sancionada en 2020, que permite cancelar la personería jurídica de organizaciones que reciben fondos del exterior si intervienen en “cuestiones, actividades o temas de política interna”.
Entre abril y junio de 2023, 23 periodistas huyeron del país, según informaron organizaciones de la sociedad civil. Con ellos, suman un total de 208 trabajadores de los medios de comunicación que se han exiliado desde 2018.
Las autoridades han impuesto restricciones para obstaculizar el funcionamiento de varios medios, incluyendo a través de la censura y la retención de insumos de impresión. La policía ha allanado y confiscado bienes de los medios Confidencial, 100% Noticias y La Prensa.
En agosto, un tribunal condenó al periodista Víctor Ticay a 8 años de prisión por “menoscabar la integridad nacional” y “difundir noticias falsas”.
Derechos de los pueblos indígenas
Los pueblos indígenas y afrodescendientes son objeto de discriminación, lo cual se refleja en índices desproporcionados de pobreza, la apropiación ilegal de sus territorios tradicionales y violencia persistente en sus comunidades.
En octubre, el Consejo Supremo Electoral canceló la personería jurídica al partido político indígena YATAMA, acusándolo de cometer “actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación de Nicaragua”. Entre fines de septiembre y principios de octubre, la policía había detenido a dos de los principales dirigentes de YATAMA, Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez. El paradero de Rivera, único representante de YATAMA en la Asamblea Nacional, seguía siendo desconocido al momento de redacción de este informe.
Entre agosto de 2022 y junio de 2023, la OACNUDH registró ocho ataques violentos contra pueblos indígenas, especialmente en el territorio Mayangna Sauni As de la Reserva de la Biosfera de Bosawás.
En marzo, colonos atacaron la comunidad Wilú en el territorio Mayangna Sauni As. Cinco personas fueron asesinadas y 28 familias desplazadas luego de que colonos incendiaran edificios de la comunidad.
Los colonos han despojado al pueblo Miskitu de unas 21.000 hectáreas de territorio y han desplazado forzosamente a unas 1.000 personas, al parecer para beneficiar a intereses de explotación forestal y minera. Las amenazas de muerte han obligado a algunas autoridades indígenas a exiliarse y el gobierno ha impedido que algunos regresen a Nicaragua.
El territorio autónomo Rama Kriol, que constituye dos tercios de la Reserva Biológica Indio Maiz y alberga a los pueblos indígenas Rama y afrodescendientes Kriol, también está sometido a una fuerte presión por parte de la ganadería ilegal.
Impunidad por la represión de 2018
La policía, en coordinación con grupos armados partidarios del gobierno, reprimió protestas masivas contra el gobierno en 2018, que dejaron un saldo de al menos 328 muertos, más de 2.000 heridos y cientos de detenidos. Las autoridades informaron que 21 policías murieron en el contexto de las manifestaciones.
Cientos de manifestantes permanecieron detenidos durante meses, y muchos fueron sometidos a torturas y otros maltratos, como descargas eléctricas, golpizas violentas, extracción de uñas, asfixia y violaciones sexuales. Los procesos penales contra manifestantes estuvieron marcados por graves violaciones de las garantías al debido proceso y otros derechos fundamentales.
Ningún policía ha sido condenado en relación con estos abusos.
Derechos de mujeres y niñas
Desde 2006, Nicaragua prohíbe el aborto en todas las circunstancias. Las personas que se someten a abortos enfrentan penas de hasta dos años de prisión. Las penas para los profesionales médicos que realicen abortos puede ser de hasta seis años de prisión. La prohibición obliga a mujeres y niñas a continuar con embarazos no deseados, lo que pone en riesgo su salud y su vida.
Una ley restrictiva sobre el aborto, la falta de información y de educación sexual integral actúan como barreras para identificar casos de violencia sexual. En mayo de 2019, organizaciones no gubernamentales presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU los casos de “Susana” y “Lucía”, sobre dos niñas sobrevivientes de violencia sexual que fueron forzadas a ser madres.
Según la OACNUDH, las tasas de violencia doméstica, violencia contra mujeres y femicidio, que la legislación nicaragüense define como el homicidio de una “mujer” perpetrado por un hombre “en la esfera pública o privada”, han aumentado entre agosto de 2019 y diciembre de 2020.
El gobierno no publicó cifras de femicidios ni de otras formas de violencia contra mujeres en 2022 y 2023. La OACNUDH reportó 36 feminicidios cometidos entre enero y junio de 2023, incluyendo 4 asesinatos de niñas menores de 16 años.
Derechos de las personas con discapacidad
Hay una discriminación extendida contra las personas con discapacidad en Nicaragua. Las personas con discapacidad se enfrentan a graves problemas para acceder a escuelas, centros de salud pública y otras instituciones. Según la legislación nicaragüense, el 2 % de los funcionarios públicos deben ser personas con discapacidad, pero la cuota no se respeta y hay pocas oportunidades de empleo para estas personas.
Solicitantes de asilo y migrantes nicaragüenses
Entre 2018 y junio de 2022, más de 260.000 nicaragüenses, aproximadamente el 4 % de la población, huyeron del país, en su mayoría a Costa Rica y Estados Unidos.
Muchos se han visto obligados a abandonar Nicaragua debido a la persecución política y a la falta de oportunidades.
Actores internacionales clave
En abril, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas renovó por dos años los mandatos del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GEDHN) y de la OACNUDH. En marzo, el Grupo de Expertos había hecho público un informe en el que concluyó que existen motivos razonables para creer que las autoridades nicaragüenses han cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, encarcelamientos, torturas, violencia sexual, deportaciones forzadas y persecución por motivos políticos.
En marzo, el papa Francisco calificó al gobierno de Ortega de “dictadura grosera”. En ese mismo mes, el Vaticano cerró su embajada en Nicaragua después de que el gobierno nicaragüense propusiera suspender las relaciones diplomáticas.
En septiembre, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció un “continuo y generalizado deterioro de los derechos humanos” y señaló que el gobierno “castiga y encierra a quienes expresan sus opiniones” a la vez que “intensifica el aislamiento del país”.
En 2018, las autoridades expulsaron al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la CIDH y a la OACNUDH. Desde entonces, no se ha permitido el ingreso a Nicaragua de organismos internacionales de derechos humanos.
En julio, Nicaragua participó en la Cumbre Unión Europea-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (UE-CELAC). Fue el único país que no apoyó un párrafo de la resolución final de la cumbre en el que se expresaba preocupación por la guerra en Ucrania. En los últimos años, Rusia ha enviado equipos militares e infraestructura a Nicaragua.
En julio, la Junta del Fondo Verde para el Clima de la ONU suspendió temporalmente el primer desembolso para el proyecto medioambiental Bio-CLIMA, señalando que no se había “cumplido con las políticas y procedimientos” del Fondo Verde. Bio-CLIMA busca reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en Bosawás y la biosfera del Río San Juan, pero la organización nicaragüense Fundación del Río denunció que el proyecto había sido aprobado sin garantizar los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes a una consulta libre, previa e informada. Se espera una decisión final sobre la suspensión de los fondos a principios de 2024.
El Informe de Actores Corruptos y Antidemocráticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, publicado en julio, sancionó a la procuradora general y a miembros de la Asamblea Nacional. Hasta marzo de 2023, el Departamento del Tesoro de EE. UU. había impuesto un congelamiento de bienes a 11 entidades y 43 personas, incluyendo miembros del gobierno, del poder legislativo y del poder judicial. En abril, el Departamento de Estado de EE. UU. sancionó a tres jueces que contribuyeron al despojo de la ciudadanía de 317 nicaragüenses. Asimismo, entre agosto y septiembre, el Departamento de Estado impuso restricciones de visas a 200 funcionarios municipales acusados de violaciones de derechos humanos en relación con los cierres de la UCA y del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE).
En octubre, la Unión Europea prorrogó las sanciones contra 21 individuos y 3 entidades vinculadas al Estado. En junio, el Parlamento Europeo condenó enérgicamente “la comisión generalizada de violaciones sistemáticas y deliberadas de los derechos humanos por parte del régimen nicaragüense contra su población por razones políticas” y pidió la liberación de todos los presos políticos.
El Reino Unido y Canadá han sancionado, respectivamente, a 13 y 35 personas implicadas en violaciones de derechos humanos.
En noviembre de 2021, Nicaragua anunció que se retiraba de la Organización de los Estados Americanos (OEA); la decisión entró en vigor en noviembre de 2023. El Consejo Permanente de la OEA dijo en una resolución adoptada ese mes que seguirá “prestando especial atención a la situación en Nicaragua”.
