Economía y rebelión

La crisis sociopolítica ha provocado en el corto plazo una contracción en la economía nicaragüense durante el II trimestre. Esto es monitoreado con el IMAE. Los agentes del delito han destruido bienes públicos y activos empresariales. Los negocios han incrementado su gasto en seguridad. Las ventas han caído lo mismo que los ingresos personales y empresariales. Al reducirse la tasa de ganancia, no queda más remedio que despedir gente o cerrar operaciones. Mucha gente ha sido enviada de vacaciones. Las contrataciones laborales se paralizan. La producción y productividad decrecen. Disminuye la propensión marginal al consumo y la circulación del dinero pierde velocidad.

Al haber inseguridad e inestabilidad, el turismo, el comercio y los servicios se resienten. Se incumplen los pagos crediticios y aumenta la mora bancaria. El transporte intra e inter urbano colectivo ha sido irregular. La oferta de transporte selectivo y pirata satisface una demanda reprimida fijando precios que alteran el presupuesto del usuario. Otros hacen huelgas. Los bienes de consumo básico tienden al alza. Sin embargo, no se observa todavía un severo desabastecimiento en los mercados, la inflación sigue registrándose moderada y la banca comercial se mantiene segura y confiable.

El tema económico es un argumento a favor de la rebelión de abril, por lo que disiento de aquellos que argumentan que la economía ha pasado a un segundo plano. Toda lucha sociopolítica es una lucha económica. La lucha sociopolítica de los rebeldes de abril es también una lucha contra los intereses económicos de la clase política dominante. Cada córdoba es más valioso que cada voto en la lucha del poder por el poder mismo. Actualmente la factura eléctrica y el precio de los combustibles son a duras penas soportables. El plan de reformas democráticas propuesto por la Alianza Cívica es un marco institucional para una mejor calidad de vida, objetivo que determina el éxito de toda economía.

El discurso de los emisarios del Gobierno se ha centrado en desmovilizar los tranques, argumentando que los nicaragüenses tienen constitucionalmente derecho al trabajo y a la libre circulación. Invocan la “paz”, la “tranquilidad” y la “economía”. ¿Es lógico este discurso? No. Cometen adrede el error de confundir la causa con el efecto. Los tranques son efectos de la represión y brutalidad gubernamental y paragubernamental de los sucesos de abril y mayo. Por restaurar el “orden social”, se ultrajaron los derechos constitucionales a la vida, la manifestación pacífica y la propiedad privada. La vorágine violenta de ofensiva y defensiva, acción y reacción, ha causado temor, desconfianza e incertidumbre en la conducta económica del nicaragüense.

El discurso “económico” de los heraldos gubernamentales tiene un efecto boomerang en su contra. En su plan de enfrentar el derecho constitucional de unos con el de otros (derecho al trabajo vs. derecho a la manifestación), revelan su intención de camuflar su responsabilidad en la contracción de la actividad económica. El Estado tiene la responsabilidad de resolver esta crisis lo más pronto posible para no pasar de una etapa recesiva a otra depresiva. El capital huye de las riñas tumultuarias porque es altamente nervioso ante shocks internos de este tipo. Una agudización de la crisis nacional aumenta las probabilidades de una fuga de capitales.

En conclusión, la contracción económica actual es consecuencia de la crisis sociopolítica responsabilidad del Estado. La lucha de los rebeldes de abril por la democratización es también una lucha económica por una mejor calidad de vida en la Nicaragua del futuro.