4 de septiembre 2022
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Fuentes religiosas y feligreses de los departamentos de Nueva Segovia y Madriz denunciaron que a varios sacerdotes de esas zonas se les ha prohibido realizar procesiones, actividades en público e incluso se reporta un sacerdote que le impidieron viajar a las comunidades.
“Al padre Juan Amílcar Lazo, sacerdote del municipio indígena de San Lucas, zona de Madriz, ya lo habían citado a la delegación policial y fue visitado por el secretario político departamental del FSLN, César Olivas Vásquez, para que dejara de hablar en contra del Gobierno en el púlpito cuando oficia misa”, señalaron.
Asimismo agregaron que “le prohibieron salir a las comunidades, tenía que ir a la comunidad indígena del Tablón, donde realizaría bautismos”.
El sacerdote está a cargo de las parroquias San Lucas y San Lucas Evangelista, ubicadas en Madriz. Según las fuentes, la intimidación se agudizó desde el pasado 23 de agosto. En la página de Facebook de estas parroquias no hay una denuncia sobre esta situación. La última publicación ocurrió el 15 de ese mes, cuando se celebró la Asunción de María y varias iglesias reportaron la prohibición de la tradicional procesión.
Las fuentes también indicaron que a los jóvenes de las pastorales juveniles les prohibieron reunirse o realizar actividades.
Asimismo, subrayaron que a sacerdotes de los municipios de Las Sábanas, Totogalpa, Palacagüina, San José de Cusmapa les han prohibido organizar sus actividades religiosas y estas ahora serán organizadas por las alcaldías sandinistas.
“Eso mismo ocurre en municipios como Jalapa, Murray, Quilalí, El Jícaro, Wiwilí, Ciudad Antigua, San Fernando y Ocotal, entre otras localidades del departamento de Nueva Segovia”, añaden las fuentes.
Se espera que en los próximos días los religiosos de estas zonas del país emitan un comunicado denunciando estos ataques a la Iglesia católica.
Régimen hostiga a sacerdotes al punto del exilio
La Iglesia católica de Nicaragua sufre una ola de represión y ataques de parte del régimen, que ha detenido a diez sacerdotes, incluido el obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de Diócesis de Estelí, monseñor Rolando José Álvarez, así como el exilio de casi una decena de sacerdotes.
Esta semana se conoció el exilio de los sacerdotes Uriel Vallejos, Vicente Martínez, Sebastián López y Mangel Hernández, todos de la diócesis de Matagalpa y del seminarista Carlos Mata, diácono de la Diócesis de Granada.
El sacerdote Vallejos, párroco de la iglesia Divina Misericordia, en Sébaco, quien estuvo cercado por la Policía Nacional dentro de su iglesia por varios días, confirmó su exilio este domingo a través de un mensaje en Twitter que tituló: “Adiós Nicaragua mía”
“Espero con esperanza que no dejemos solo a monseñor Rolando Álvares, obispo que se ha sacrificado por nuestro país. Es el momento de la unidad. Las personas no se negocian porque no son cosas (...) No nos acomodemos al silencio, sobrevivencia y negociaciones”, reiteró el religioso en su mensaje.
Asimismo, el abogado Yader Morazán informó, a través de sus redes sociales, que hay otros sacerdotes que están en resguardo, uno de ellos es el padre Dani García.
¡Adios Nicaragua mía! "me duele respirar en el país fachada" pic.twitter.com/mAGsPUZiBI
— Pbro Uriel Vallejos (@pbrourielv) September 4, 2022
En los últimos tres meses, el régimen ha condenado a dos sacerdotes. El primero fue el padre Manuel García, párroco de la iglesia Jesús Nazareno de Nandaime. El religioso fue sentenciado en junio pasado a dos años por el supuesto delito de amenaza con armas contra cinco personas.
Esta semana también fue condenado a 30 años, monseñor José Leonardo Urbina Rodríguez, de 51 años y párroco de la iglesia Perpetuo Socorro de Boaco, por los supuestos delitos de abuso sexual y violación contra una menor de 14 años. El juicio, según valoraciones de litigantes, estuvo lleno de irregularidades.
“El juicio se celebró sin ningún tipo de transparencia, sin el acceso o presencia de los familiares cercanos del padre y con la misma defensora pública impuesta por el Juez Tercero de Violencia de Managua, de nombre Jennifer Elliett Hernández Granera y el fiscal Emanuel Álvarez G”, denunció Morazán.
Tras el fallo, el obispo de Granada, monseñor Jorge Solórzano Pérez, emitió un breve comunicado en el cual expresó “su profundo dolor y sufrimiento” ante la sentencia y aprovechó para pedir a los fieles orar por todos los sacerdotes encarcelados.
