10 de mayo 2024
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El Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi) advirtió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ya tiene su sentencia sobre la demanda de los pueblos Rama y Kriol, la comunidad de Monkey Point y la comunidad Negra Creole de Bluefields, contra el Estado de Nicaragua, por la concesión del canal interoceánico. Esta sentencia se dará a conocer a mediados de 2024, a pesar que el régimen de Daniel Ortega haya cancelado la concesión canalera.
En un comunicado divulgado este jueves 9 de mayo de 2024, Calpi enfatiza que durante el 165 Período Ordinario de Sesiones, realizado del 7 al 22 de marzo de 2024, "la Corte IDH deliberó su sentencia, la que dará a conocer probablemente durante su próximo periodo de sesiones a realizarse mediados de 2024".
El organismo señala que la derogación de la Ley No. 840 que otorgó la concesión canalera al empresario chino, Wang Jing y la reforma a la Ley 800, del Régimen Jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, solo son algunas de las solicitudes en la demanda ante la Corte IDH. "Los pueblos indígenas y afrodescendientes han sido afectados por estas leyes ya que ninguna de ellas fue consultada con estos pueblos, a pesar que 52% de la ruta del canal atravesaba sus territorios tradicionales", subrayan.
El comunicado también recuerda que autoridades indígenas en su momento denunciaron que "el Estado de Nicaragua cooptó al presidente del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K) y sin obtener el Consentimiento Libre Previo e Informado de las comunidades, lo hizo firmar un supuesto Convenio con la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua en el que le otorgó ilegalmente el arrendamiento perpetuo sobre 263 Km2 de tierra en el corazón de su territorio ancestral".
Asimismo, autoridades afrodescendientes de la comunidad negra creole de Bluefields denunciaron que "el Estado de Nicaragua impulsó un gobierno paralelo al legalmente constituido por ellos; abortó el proceso de titulación de su territorio tradicional; ilegalmente destituyó a su representante en la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI) y entregó al gobierno paralelo un título de solo 7% de la tierra reclamada, dejando fuera 93% de su tierra tradicional para beneficiar el megaproyecto", apuntó Calpi.
Las autoridades indígenas y afrodescendientes consideraron esencial someter el caso a la Corte IDH, debido a la falta de respuesta del sistema judicial nicaragüense; ya que entre 2013 y 2020 estos pueblos presentaron 19 Recursos de Amparo por las violaciones a sus derechos humanos fundamentales, sin haber sido amparados en ninguno de ellos por la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.
