Mariano de Alba
15 de marzo 2017
AA
Share
Tal y como se esperaba, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, publicó la actualización de su informe sobre la crisis venezolana. La primera parte del documento se concentra en narrar el deterioro sostenido de la situación interna a partir del 30 de mayo de 2016, fecha en la que había publicado su informe inicial. En la segunda parte sugiere a los países miembros los pasos que deberían seguir, donde destaca la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, incluyendo la suspensión del país de la OEA en caso de que en un lapso de 30 días luego de aplicada la Carta no se comience a respetar lo que prevé la Constitución venezolana.
Las conclusiones de la actualización del informe
Hoy hice llegar a Presidencia de Consejo @OEA_oficial la actualización del #InformeOEAVzla. Acá el documento: https://t.co/iiZ0SRyypr pic.twitter.com/csRQl0s0ih
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) March 14, 2017
En su informe, Almagro informa a los países de la OEA que, en junio de 2016, presentó ocho recomendaciones para resolver la crisis pero que hasta ahora “no se ha avanzado con respecto de ninguna”. Por tal razón, concluye que el gobierno venezolano “ha convertido su Constitución en papel mojado”. Tal determinación está argumentada por conclusiones en los siguientes ámbitos:
Diálogo: Detalla que la participación de El Vaticano se ha convertido en una excusa para disminuir la atención de la OEA, “esperando un progreso que no se va a materializar nunca”. Propone que “se reconozca el fracaso del diálogo como proceso para restaurar la democracia”.
Revocatorio: Concluye que “la actuación del oficialismo con respecto al revocatorio es prueba de que el gobierno antepone su interés de mantenerse en el poder por encima de la voluntad de los electores”. Estima que “ha quedado atrás el tiempo del revocatorio (…) y la única solución democrática es que el pueblo vuelva a tener en sus manos el poder de decidir su destino”.
Elecciones regionales: Narra que las elecciones regionales “deberían haber tenido lugar antes del 16 de diciembre de 2016” y que “si se toman como referencia los lapsos aprobados por el organismo comicial para la organización de las elecciones regionales de 2012 (…) podría ocurrir que en 2017 no tengan lugar ningunos comicios”.
Presos políticos: Explicó que, si bien a finales de 2016 hubo algunas liberaciones, al término de ese año “se mantenían tras las rejas o bajo arresto domiciliario 103 presos políticos, y para el primer trimestre de 2017 (…) dicha cifra se ubica en 116 presos políticos”. A su juicio, esto evidencia un “efecto puerta giratoria, es decir, que mientras se liberan a algunos presos políticos, encarcelan a un número similar, manteniendo siempre el promedio mensual”.
Tortura: Especifica que, según el Observatorio de Derechos Humanos del Centro de Estudios para América Latina, “del año 2013 al año 2016, más de 300 personas han sido víctimas de torturas”.
Separación de Poderes: Concluyó que desde junio 2016 se han observado “una serie de hechos que apuntan al incumplimiento de esos principios democráticos contenidos en la [Carta Democrática]”, destacando “la colusión del Poder Ejecutivo, el Poder Electoral y el Poder Judicial y la sistemática invalidación y desconocimiento de la Asamblea Nacional”.
Libertad de expresión: Advierte que el Gobierno “no ha cejado en sus esfuerzos por restringir la libertad de expresión, llegando incluso a atacar a los medios de comunicación” y que “al rechazar el derecho a la libertad de expresión y al recurrir a actos criminales para acallar las críticas políticas, el gobierno venezolano incurre en una violación directa de su propia Constitución, así como de sus compromisos internacionales”.
Derechos Humanos: Reporta que “no hay indicios de que la Comisión de la Verdad haya dado ningún paso sincero, ni de que Venezuela haya hecho gestiones para buscar asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.
Pobreza: Informa que, desde el segundo semestre de 2013, “los organismos responsables no han hecho públicas bases estadísticas que permitan determinar el porcentaje de la población en situación de pobreza” y que, según fuentes independientes, “la pobreza de ingresos en Venezuela habría llegado al 55 por ciento en 2014, al 76 por ciento en 2015 y al 81,8 por ciento en 2016”.
Crisis humanitaria: Destaca que “la inseguridad alimentaria está presente en el 93,3 por ciento de los hogares porque el ingreso no alcanza para comprar alimentos” y que “aproximadamente 9,6 millones de personas ingiere dos o menos comidas al día”.
Salud: Resalta que “en 78% de los hospitales públicos hay escasez de medicinas; en 71% no se pueden hacer ecografías y en 97% hay fallas severas o son inoperativos los laboratorios”.
Seguridad ciudadana: Informa que “la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida 2016 releva que 94 por ciento de los encuestados piensan que la violencia ha aumentado, 21 por ciento de los entrevistados dicen haber sido víctima de un delito en los últimos 12 meses, 60 por ciento de ellos temer ser atacados o robados en su vivienda, 66 por ciento en las calles durante el día y 80 por ciento en los medios de transporte”.
Corrupción y tráfico de drogas: Destaca que “Venezuela es uno de los países más corruptos del planeta y su enorme riqueza petrolera está siendo expoliada sin piedad sistemáticamente por el gobierno y las fuerzas armadas mientras el pueblo pasa hambre”. Asimismo, recoge que “de acuerdo con un informe (…) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Venezuela es una de las rutas de tráfico preferidas para las drogas ilegales”.
Los próximos pasos sugeridos por Almagro
El presidente venezolano, Nicolás Maduro (c), y su esposa, Cilia Flores (i), participan en una ceremonia con motivo del Día Internacional de la Mujer. EFE
Teniendo en cuenta el diagnóstico y destacando que “el orden constitucional de Venezuela debe restaurarse con carácter urgente de una manera acorde con (…) la Carta Democrática Interamericana”, el informe realiza las siguientes recomendaciones generales:
- Elecciones generales a la brevedad posible con presencia de observadores internacionales;
- Implementar un sistema de lucha contra la corrupción con asistencia técnica internacional;
- Hasta tanto no haya elecciones generales, la continuación de sanciones bilaterales por cualquiera de los países;
- La liberación de los presos políticos;
- El establecimiento inmediato de un canal humanitario;
- El retorno al orden constitucional con el restablecimiento de los poderes de la Asamblea Nacional y el nombramiento constitucional de rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
En el ámbito de la OEA, Almagro concluye que la región “debe asumir su responsabilidad de seguir adelante y dar los próximos pasos”. Destaca que “desde mayo de 2016 hasta la fecha la comunidad interamericana e internacional han hecho uso en la práctica de (…) todo el espectro de instrumentos que contempla la Carta Democrática en su artículo 20”, pero “la negación persistente del gobierno venezolano y su incumplimiento absoluto de lo acordado ha hecho fracasar sistemáticamente en la práctica la vía de las gestiones diplomáticas y los buenos oficios”.
Sin embargo, manifiesta que “pese a toda la falta de resultados hasta el momento” está convencido que “la OEA (…) aún tiene la posibilidad de influir sobre la realidad venezolana”. En tal sentido, destaca que “pocas sanciones morales y políticas más fuertes existen para los gobernantes de un país que la mirada y las medidas que puedan tomar sus pares”.
Por tanto, concluye que “es sabido que agotada la vía de las gestiones diplomáticas y los buenos oficios (…) se abre la posibilidad de suspensión”. Destaca que dicha suspensión “no debe ser vista como una sanción al pueblo de Venezuela”, sino “todo lo contrario”.
Venezuela expresa profundo repudio al ilegítimo e ilícito informe presentado por Secretario General de la OEAhttps://t.co/V5aBeyKa6N pic.twitter.com/5OGHkHExJY
— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) March 15, 2017
Teniendo esto en cuenta, realiza la siguiente propuesta a los países miembros de la OEA:
Primero: un llamado de atención “reconociendo la alteración del orden constitucional y pidiendo el restablecimiento inmediato en el cumplimiento de la Constitución venezolana y las garantías democráticas contempladas en la Carta Democrática”. La aprobación de esta medida requiere el voto afirmado de al menos 18 países reunidos en el Consejo Permanente de la OEA.
Segundo: y si el sistema político no responde positivamente a las recomendaciones en el plazo perentorio de 30 días, la aplicación del procedimiento del Artículo 21 de la Carta Democrática, es decir, la aprobación de la suspensión de Venezuela como país miembro de la OEA. La aprobación de esta medida requiere el voto afirmado de al menos dos terceras partes (24) de los países reunidos en una Asamblea General de la OEA.
Para Almagro, esas recomendaciones serían “que se realice en los próximos 30 días un llamado a elecciones generales, la liberación de los presos políticos, la validación de las leyes que han sido anuladas, así como la elección de un nuevo CNE y un nuevo TSJ conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución”.
El Secretario General de la OEA concluye diciendo que “al proponer la suspensión del gobierno de Venezuela de las actividades de la” OEA lo hace “con la convicción de que lo será por un breve lapso”. Según su criterio, “aprobar la suspensión del desnaturalizado gobierno venezolano es el más claro esfuerzo y gesto que podemos hacer en este momento por la gente del país, por la democracia en el continente, por su futuro y por la justicia”.
