9 de noviembre 2021
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“Hugo” recibió la mañana del domingo 7 de noviembre varios mensajes de su jefe recordándole que debía ir a votar “porque es una obligación para seguir trabajando”. Primero en el grupo de WhatsApp que “armaron” con toda el área de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que trabaja, en el que además “pasaron lista después de que cada quien enviara su foto con el dedo manchado de tinta”.
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“Como yo no fui antes de las 10:00 a. m., como lo pedían, porque tuve que salir de emergencia fuera de Managua, los mensajes me los empezó a mandar por privado mi jefe”, detalla.
En los mensajes le recriminaba que sabía que era “obligatorio”, “que lo hacía quedar mal a él porque le estaban pidiendo cuentas de arriba”, “que me apurara”, “que yo sabía que este era un caso de emergencia para el partido”. Para “Hugo” estas presiones no son nuevas. Las ha vivido durante los cinco años que lleva trabajando para el Estado.
Así, lo presionaron para asistir a la verificación o para salir a la calle a alguna actividad del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). “Los sandinistas de base que hay en cada institución del Estado presionan y quieren que todos vivamos dedicamos al partido y agradezcamos por el trabajo. Eso es algo que nos remarcan”, afirma.
Explica que salió “corriendo” hasta votar, aunque si hubiera tenido la posibilidad de elegir no lo habría hecho, porque también su hermana, que trabaja en la misma institución y por quién entró a trabajar lo empezó a llamar. “Vos sabés cómo es esta gente y peor que no está votando casi nadie”, le insistió ella.
Supo que la empezaron a “presionar a ella por mí”. Cuando logró llegar a su Centro de Votación y mandó su foto con el dedo manchado, todavía faltaban cuatro compañeros de trabajo. “Me imagino que los deben haber estado volviendo locos también”, dice.
Este lunes, el ambiente era “normal” en su oficina de la CSJ. Dice que todos en el pasillo andaban “tranquilos porque, al menos en mi oficina todos votamos y mandamos la foto con el dedo marcado de tinta indeleble”.
“Lo que imaginamos es que ahora empezarán a presionar para que salgamos a celebrar a algún acto o a alguna caravana, porque estas presiones son algo que seguiremos viviendo”, lamenta.
Servidores públicos viven con temor
“Ana” votó contra su voluntad. Trabaja en un hospital del occidente del país y antes del 7 de noviembre, les orientaron que debían enviar una foto probando que habían ejercido su derecho al sufragio, a sus respectivos jefes de departamento. Así lo hizo, aunque es crítica del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Dice que no hubo una amenaza clara para quienes decidieran no votar, sin embargo, el mayor riesgo que todos los empleados públicos conocen, pero del que nadie habla es el despido, si no acatan las orientaciones del régimen sandinista. A quienes no enviaron la imagen que votaron este domingo, “si andaban inspeccionándolos” y “seguro tomarán medidas”, afirma “Ana”.
Para “Horacio”, que trabaja también en un hospital, pero de Rivas, lo que el régimen sandinista ha logrado “sembrar” en todos los trabajadores del sector público “es que somos fichas que pueden quitar cuando se les antoje si no hacemos lo que ellos quieren”.
En su caso, le tocó trabajar en mesas electorales y describe el ambiente como “totalmente vacío”. Por ejemplo, en la Junta Receptora de Votos (JRV) en la que estaba como segundo miembro de 243 personas inscritas en el padrón, apenas llegaron 55 a votar.
“Nadie salió a votar, la gente prefirió quedarse en sus casas y muestra de ello es que los Centros de Votación estaban vacíos, pero también que sus celebraciones por el llamado triunfo eran pobres. Nadie se cree esa victoria”, explica.
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Califica de “triste lo que está pasando con nuestro país” y asegura que si el régimen Ortega-Murillo no ejerciera la presión de votar a los servidores públicos, “la cantidad de gente que votó hubiera sido muchísimo menos”.
“Ellos saben que nos necesitan, porque la gente tiene miedo a perder su trabajo en un país en una eterna crisis. Aun así, nos tratan mal, porque aunque trabajamos en las mesas electorales nos obligaron a trabajar un día después como si nada”, cuenta.
En Granada, “Raúl” también trabaja para el sistema de Salud público. Las indicaciones emitidas por parte de jefes y el sindicato, alineado al FSLN, consistían en que la asistencia a los Centros de Votación era a las siete de la mañana, e inmediatamente, debían enviar una fotografía de sus dedos manchados con tinta.
“El temor al despido”
“Marcela” es docente de una escuela pública en Granada y decidió no votar porque no cree en el proceso electoral, carente de garantías mínimas de legitimidad y transparencia. Este lunes fue a trabajar con cierto temor por las consecuencias que podría generar su decisión.
Se enteró que “a unos (maestros) en la noche del domingo les estaban pidiendo evidencia si habían votado”, pero no fue su caso. “Todavía esperemos que no nos molesten. No nos dijo nada el director”, expresó.
Ella vive en zozobra. “No sabemos qué pasará de hoy en adelante”, agrega, ya que desde 2018 ha visto cómo a otros colegas los han despedido por cuestionar orientaciones políticas o académicas del Ministerio de Educación, o bien, por señalar la politización del sistema educativo, sin importar las décadas de experiencia y formación que tengan en la práctica docente.
La abstención fue una constante en las votaciones nicaragüense. Foto: Confidencial
“Manuel” es otro trabajador del Estado. Acudió a votar después de varios llamados de atención durante este domingo, ya que las horas seguían pasando y él no enviaba su “prueba” de asistencia a las urnas.
Su principal temor es que lo despidan sin derecho a liquidación, y esa fue la razón clave para votar, de otra forma, se hubiese quedado en casa, como lo hicieron miles de nicaragüenses, en protesta a unas votaciones señaladas de “farsa” por la oposición y la comunidad internacional.
Grupos de las UVE presionaron a trabajadores a votar
CONFIDENCIAL confirmó, a través de consultas realizadas a colaboradores de algunas instituciones y alcaldías del país, que los trabajadores del Estado fueron presionados para votar desde los grupos de Unidades de Victorias Electorales (UVE), las que se encargaban de pasar lista y exigían que enviaran fotografías como prueba de que asistieron a los Centros de Votación.
Los trabajadores explicaron que los encargados de confirmar la asistencia a las urnas eran los jefes inmediatos y directores específicos, que reclamaron —públicamente en los grupos de WhatsApp— con nombre y apellido a los colaboradores que se tardaron en asistir o enviar su confirmación de haber votado.
Otra modalidad de control, ejercida en empresas del sector público, sobre los trabajadores consistió en que los jefes inmediatos o supervisores de área realizaban llamadas telefónicas de control de asistencia. “Mauricio”, un trabajador de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), explicó que su supervisor -incluso dos días antes de las votaciones- le informó que “la empresa” le daba dos horas posterior de su hora de entrada, que usualmente es a las 6:00 de la mañana, para que fuera a votar, esto sin consultarle si tenía el deseo de realizarlo.
“Aunque no fue una amenaza directa yo estoy claro que me estaban diciendo que tenía que ir, sino no se hubieran preocupado por darme las dos horas, porque aquí, por el puesto que tengo, es difícil que nos den permisos”, indicó.
En horas de la mañana de este 8 de noviembre, “Mauricio” asegura que recibió una llamada de su supervisor, que le preguntó si había “ejercido su derecho”.
“Obviamente le dije que sí, aunque solo lo hice porque necesito el trabajo y como están las cosas no me voy a arriesgar a perderlo, pero si hubiera tenido la oportunidad de decidir claramente no lo hubiera hecho, porque todos sabemos lo que está pasando en el país”, afirmó.
