25 de junio 2016
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El cierre de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua a los productos lácteos que elaboran Dos Pinos y Lala respectivamente, perjudicará a los productores y los industriales (que verán disminuir sus oportunidades de negocio) y los consumidores de ambos países, que tendrán menos opciones para escoger, y quizás deban pagar más por el mismo producto.
Hace un par de meses, inspectores del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), de Costa Rica, llegaron al país para certificar la planta de la empresa Lala, de capital mexicano, instalada en el municipio de San Benito.
Luego de hacer las revisiones pertinentes, los inspectores entregaron a sus colegas nicaragüenses del gubernamental Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA), una lista de objeciones que la planta de San Benito debía satisfacer para obtener la certificación.
Los acuerdos regionales indican que en este caso la autoridad sanitaria de cada país garantiza que la empresa inspeccionada resuelve los problemas detectados por el inspector visitante y lo comunica al país vecino, para que este emita la certificación.
Eso significa que el IPSA se aseguró que Lala cumpliera con las objeciones del Senasa y así se lo hiciera saber a sus colegas ticos. Oscar López, director ejecutivo de la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo (Canislac), dijo al ser entrevistado en el programa de televisión ‘Esta Noche’ que se transmite por canal 12, que el IPSA ya confirmó al Senasa que Lala cumplió sus requisitos, pero sus colegas ticos aún no responden.
Mientras los inspectores costarricenses revisaban a Lala, los del IPSA hacían lo mismo con la de Dos Pinos en Costa Rica, entregando ellos también una lista de ‘no conformidades’ que tuvo como efecto inmediato un cierre de fronteras, que afecta específicamente a los productos equivalentes de ambas empresas.
Que presidentes decidan
El director López dijo que no saben si la decisión del IPSA es una represalia nicaragüense contra Costa Rica por retrasar la entrega de la certificación de Lala, pero sí que ambas empresas (las dos son miembros de Canislac) están a la espera de recibir sus respectivas autorizaciones.
“Sabemos que los gobiernos y las autoridades competentes de ambos países están en comunicación constante para encontrar una solución a este problema, y esperamos que lo resuelvan pronto”, dijo López.
El tema sería discutido el viernes pasado en la reunión de ministros regionales de Integración, que se celebró en Tegucigalpa, en el marco de la reunión de presidentes centroamericanos que se celebrará esta semana en Roatán, Honduras.
El cierre de las fronteras perjudica a ambas empresas, que compiten ferozmente entre ellas y con la hondureña Sula por convertirse en el primer proveedor de productos lácteos de Centroamérica.
“Los volúmenes de productos lácteos que cruzan la frontera en ambas direcciones es muy grande”, confirmó López. Eso es válido tanto para la frontera sur como para la norte, donde el vecino hondureño cerró el paso a los lácteos nicaragüenses desde hace siete meses.
“Ellos cerraron sus fronteras a nuestra leche fluida desde noviembre pasado, aduciendo problemas sanitarios de nuestra parte, y también por un problema de corrupción que tienen allá en Honduras”, explicó López.
El problema es que “todas las plantas nicaragüenses ya cumplieron todos los requisitos del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (Senasa), de Honduras. No dejan entrar ni siquiera a las que están certificadas, y no ha habido ninguna explicación, ni ninguna notificación que nos diga cuáles son las razones, y ahí sí hay un claro incumplimiento”, explicó.
Todos pierden
Dejar de colocar toda esa leche en los estantes de los supermercados y tiendas que ya los esperaban afectará a los productores lácteos, (más a los nicaragüenses que a los costarricenses, que tienen mayores opciones) que sufrirán una merma en la demanda de sus productos.
Los productores nicaragüenses ya comienzan a sufrir un daño millonario, siendo que “ahorita, se han dejado de acopiar 1.7 millones de litros de leche al día, lo que tiene un valor de treinta a cuarenta millones de córdobas”, explicó.
El daño podría ser mayor en la medida en que pasen los meses, si se cumple la previsión de Alfredo Lacayo, director ejecutivo de Lácteos Centroamericanos S.A. (Centrolac), quien vaticina que si el problema no se resuelve antes que termine el mes de julio, se reducirá el precio que la industria paga a las centros de acopio por cada litro de leche grado ‘A’ fría.
En la actualidad, ese precio es de C$11.50 por litro, de lo que el productor recibe unos diez córdobas, y podría pasar a ser “no más de C$9, de los que el productor recibirá C$7.50”.
Los consumidores por su parte, dispondrán de menores opciones para elegir, con el riesgo de que al haber menos competencia, el proveedor dominante (donde lo haya) puede darse el lujo de cobrar mayores precios por el mismo producto de siempre.
