29 de mayo 2020
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El senador republicano Jim Risch, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, junto con sus colegas Chris Murphy, Marco Rubio, Ted Cruz, David Perdue, Ben Cardin y James Lankford, enviaron este 28 de mayo una carta al secretario de Estado Michael Pompeo y al secretario del Tesoro Steven Mnuchin alentando a la Administración de su país a sancionar a miembros del Poder Judicial del régimen de Daniel Ortega, responsables de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
"La mayoría del Poder Judicial nicaragüense actúa como un brazo político del régimen de Ortega-Murillo y es cómplice de la represión y la preservación del poder del régimen", señalaron.
Los senadores expresaron su respaldo a "acciones adicionales para alentar reformas electorales oportunas en Nicaragua y para responsabilizar a los miembros del régimen de Ortega por permitir graves violaciones de los derechos humanos y destruir las instituciones democráticas en Nicaragua".
Los republicanos Rish (Idano), Rubio (Florida), Cruz (Texas), Perdue (Georgia), Lankford (Oklahoma) y los demócratas Murphy (Connecticut) y Cardin (Maryland) basan su petición en la sección 5 de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 y la Orden Ejecutiva 13851.
Incluyen a Fiscalía, fábrica de delitos del régimen
El objetivo, argumentan, es "responsabilizar a los miembros del Poder Judicial nicaragüense que estén directa o indirectamente involucrados en graves violaciones de derechos humanos, incluidas personas en la Fiscalía y el sistema judicial ".
En agosto de 2019, una investigación de CONFIDENCIAL reveló que el Ministerio Público destinó a los funcionarios más fieles al régimen orteguista para fabricar los casos y acusaciones contra los presos políticos de la dictadura, mientras los fiscales “títeres” firmaban las querellas que ni siquiera les permitían leer. Se trató de la creación de una unidad específica para la criminalización de los ciudadanos que se involucraron en la Rebelión de Abril, que estalló en 2018 con demandas de democracia, justicia y libertad en todo el país, y comunidades nicaragüenses en el exilio.
Sostienen que dos años después de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo reprimió brutalmente las manifestaciones pacíficas de la Rebelión de Abril de 2018, "los nicaragüenses no han encontrado justicia para las más de 320 personas asesinadas y los casi 800 arrestados arbitrariamente por el régimen".
El saldo de la represión también incluye al menos 2000 heridos y más de 100 000 nicaragüenses obligados al exilio por la persecución política ordenada por Ortega y Murillo.
"Aún se necesitan más acciones", afirman senadores
Desde diciembre de 2017 a mayo de 2019, veinte funcionarios orteguistas y cinco empresas y entidades públicas ligadas al régimen han sido sancionadas por el Gobierno de Estados Unidos. Al menos 19 de ellos han sido señalados de estar directamente vinculados a la represión y el enriquecimiento de la dictadura. Los sancionados más recientes fueron el jefe del Ejército, Julio César Avilés, y el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta.
"Si bien apreciamos las acciones tomadas por la Administración para ayudar a los nicaragüenses a restablecer el Gobierno democrático en su país, como sancionar a 15 funcionarios de alto rango y seis entidades, incluida la Policía Nacional de Nicaragua (NPP) y tres de sus comisionados más importantes, el ministro de Finanzas (Iván Acosta) y el general de Ejército (Julio César) Avilés, aún se necesitan más acciones", reiteran.
Alegan que "como se documenta en el Informe de país de Nicaragua sobre prácticas de derechos humanos 2018 del Departamento de Estado y los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Fiscalía y los jueces bajo la influencia del Partido FSLN de Ortega han facilitado y respaldado los abusos cometidos por grupos progubernamentales".
Recordaron que las organizaciones internacionales de derechos humanos han "proporcionado pruebas condenatorias" de que altos miembros del Poder Judicial han llevado a cabo procesamientos "sin el debido proceso y no han logrado responsabilizar a los grupos progubernamentales por sus crímenes".
"Creemos que nuestra política de sanciones debe estar conectada a una estrategia diplomática más amplia con respecto a Nicaragua", valoran.
"En este caso, es importante que los miembros del Poder Judicial nicaragüense entiendan que, a menos que cambien de rumbo y actúen como ejecutores neutrales de la ley y respeten las normas democráticas, la comunidad internacional los responsabilizará y rendirá cuentas por sus acciones", sentencian.
