25 de marzo 2021
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Senadores estadounidenses presentaron este jueves 25 de marzo una iniciativa de ley bipartidista en el Congreso de Estados Unidos, que busca presionar al régimen de Daniel Ortega para que permita unas elecciones “libres y democráticas” en noviembre próximo.
Una nota de prensa del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense indica que la ley servirá para “alinear estratégicamente las herramientas diplomáticas de los Estados Unidos, incluidas las sanciones específicas para impulsar las elecciones democráticas en Nicaragua en noviembre de 2021”.
Titulada Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer), la legislación propone “nuevas iniciativas para abordar la corrupción del Gobierno y la familia del presidente nicaragüense Daniel Ortega, así como los abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad nicaragüenses”.
Además establece que el Gobierno de los Estados Unidos aumente la coordinación de sanciones con Canadá y la Unión Europea, así como que refuerce los informes de inteligencia sobre las actividades rusas en Nicaragua, según la nota de prensa.
Estados Unidos ha sancionado al menos a 27 ciudadanos vinculados al régimen orteguista, entre ellos altos funcionarios, diputados y miembros de la familia presidencial: la vicepresidenta, esposa de Ortega y vocera del régimen, Rosario Murillo, y sus hijos Rafael, Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo. La lista además incluye a nueve instituciones públicas o entidades mixtas, entre ellas la Policía Nacional.
La Unión Europea, Canadá y Suiza han seguido los pasos de Estados Unidos y han sancionado a algunos funcionarios del régimen, acusados de corrupción y violaciones contra los derechos humanos de los nicaragüenses.
La propuesta de ley ha sido liderada por el senador demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. También cuenta con el apoyo del republicano Marco Rubio, senador por Florido, y los demócratas Tim Kaine, Dick Durbin, Ben Cardin y Chris Murphy.
No permitirán otro “dictador”
“La Ley Renacer deja claro que Estados Unidos no tolerará el surgimiento de otro dictador en nuestro hemisferio. Esta nueva legislación alinea completamente la diplomacia y las sanciones estadounidenses hacia un objetivo: elecciones democráticas en Nicaragua en noviembre de 2021”, dijo el Menéndez.
“Mientras continúan sin cesar los abusos de los derechos humanos, la cleptocracia y los ataques a la prensa libre del régimen de Ortega, este proyecto de ley coloca al Senado de los Estados Unidos firmemente del lado del pueblo nicaragüense que busca ejercer sus derechos democráticos más fundamentales a finales de este año”, añadió.
Rubio afirmó que “a medida que el régimen planea celebrar elecciones, debemos asegurarnos de que Estados Unidos y nuestros aliados estén creando nuevas iniciativas para abordar la corrupción de Ortega, los abusos a los derechos humanos y la represión continua de miembros de la prensa independiente”.
“Debemos seguir presionando por el retorno a la democracia y apoyar elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua”, dijo el senador Cardin.
Foco en las elecciones de Nicaragua
“La iniciativa requiere del Ejecutivo reportes e información sobre crímenes contra el pueblo de Nicaragua, e insta a una coordinación diplomática con fines de garantizar un proceso electoral libre y justo”, dijo una fuente del Senado en Washington.
“(La nueva legislación) tiene como objetivo enfocar la atención de la nueva Administración (del demócrata Joe Biden) en esfuerzos que ayuden a elecciones libres”, añadió.
Los comicios en Nicaragua están previstos para el domingo 7 de noviembre de 2021. Organizaciones nacionales e internacionales han solicitado al régimen una serie de reformas electorales que garanticen que las elecciones serán libres, justas y transparentes.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el martes pasado una resolución que exhorta a la Administración de Ortega a que las elecciones cumplan con las normas internacionales y que “prevean la presencia de observadores electorales independientes nacionales e internacionales”.
Además, insta al Gobierno a entablar “negociaciones significativas e inclusivas” con la sociedad civil y la oposición, para aprobar a más tardar en mayo de 2021 “reformas electorales e institucionales que garanticen unas elecciones libres, justas, transparentes, representativas y creíbles”. En octubre pasado, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) estableció mayo como plazo para reformas electorales en Nicaragua.
Piden sanciones para el Ejército
El Comité de Relaciones Internacionales del Senado realizó este miércoles una audiencia sobre la situación de la democracia en América Latina y el Caribe. En el encuentro, Deborah Ullmer, directora regional para Latinoamérica y el Caribe del Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés), dijo que “es esencial que Estados Unidos presione para que se den elecciones legítimas con un mínimo de garantías, tales como la participación irrestricta para la oposición, que haya transparencia y que los comicios sean observados por la comunidad internacional en todo el proceso”.
“Nicaragua vive una crisis sociopolítica que comenzó en 2008 cuando se manipularon las elecciones municipales. El Gobierno de Ortega actúa presionando a la sociedad, hay fuerzas paramilitares actuando con libertad y se fabrican acusaciones contra opositores”, explicó Ullmer.
En la misma cita, Ryan C. Berg, analista en gobernabilidad del American Enterprise Institute (AEI, por sus siglas en inglés), recomendó a los senadores sancionar al Ejército de Nicaragua —“tal y como se hizo con la Policía el año pasado”—, ya que “hay efectivos militares que han estado involucrados en la violación de derechos humanos”.
“Hay un fondo de inversión bastante lucrativo de la institución que beneficia al alto mando del Ejército, y sé que algunos de esos fondos están invertidos en la bolsa de valores de Estados Unidos, así que eso podría ser considerado”, destacó el experto, refiriéndose a los fondos del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM).
Una investigación de CONFIDENCIAL, publicada en agosto de 2019, mostró que, en ese entonces, las inversiones del IPSM en la Bolsa de Valores de EE. UU. se calculaban en unos 30 millones de dólares y eran manejadas a través de varias firmas especializadas, entre ellas: Russell Investments, Reverence Capital Partners y TA Associates.
Acuerdo comercial
Berg sugirió “reconsiderar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos”, conocido como DR-Cafta.
Para el experto, Estados Unidos debería replantear la participación, en acuerdos comerciales, de aquellos países “considerados no libres en el informe de libertad mundial que anualmente elabora Freedom House”. En su reporte de este 2021, la oenegé estadounidense colocó a Nicaragua entre los diez países del mundo con una mayor caída en las libertades políticas y civiles de la última década.
“Los acuerdos comerciales brindan una influencia significativa para obtener concesiones tanto de los líderes autoritarios como de las democracias en retroceso”, mencionó Berg.
