27 de mayo 2016
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Las empresas del sector eléctrico están a la espera de que concluyan las negociaciones entre el gobierno y los representantes de Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua (CHN), en las que se definirá el futuro de Tumarín, para saber qué pasará con los proyectos que esas empresas tienen en cartera.
El proyecto hidroeléctrico Tumarín acumula ya casi siete años de atrasos, si se cuenta desde que la Asamblea Nacional aprobara en julio del 2009 una ley especial (la 695), con la intención de que las empresas brasileñas Queiroz Galvão y Eletrobras (dueñas del 90% de las acciones de CHN), ejecutaran el proyecto en los 48 meses que le otorgaba la ley.
Una serie de atrasos, entre los cuales se situó la dificultad para colectar los US$1,100 millones en que finalmente se valoró el proyecto, y hasta el fin del periodo presidencial de Lula da Silva en Brasil, dio paso a reiteradas negociaciones en las que el ejecutivo de Daniel Ortega modificó los parámetros de la obra, hasta llevarla a un tope de generación de 253 megavatios.
Ninguna de las presiones, negociaciones y nuevas concesiones que se sucedieron de forma consecutiva, sirvieron para que Tumarín arrancara, pese a los US$20 millones (o US$60 millones, según otras fuentes), que llegaron a invertirse en estudios, compra de tierras, promoción, etc.
El proyecto recibió lo que parece ser su tiro de gracia, cuando estalló en Brasil el escándalo conocido como ‘Lava Jato’, que expuso una red de corrupción y sobornos que llevó a la cárcel a varios políticos y empresarios privados, mientras en paralelo, se apartaba del poder por 180 días a la presidenta Dilma Roussef, para investigarla por otro caso distinto.
Consultado por Confidencial, Mario Montenegro, Secretario de la Cámara de Energía de Nicaragua, abogó por que las conversaciones entre el gobierno y CHN sirvan para “que se haga lo mejor para Nicaragua”.
El problema es que, por un lado, “es un proyecto caro (US$4.3 millones por megavatio instalado), más que el promedio de las hidroeléctricas”, que suele situarse oscilar entre US$2 y US$3 millones por Mw.
“Hay que definir si se hace o no, porque hay inversión que se quiere hacer en Nicaragua, pero por tener esos 253 Mw. que pasan o no pasan, esas decisiones que no se toman ponen en peligro la posibilidad de que se efectúen nuevas inversiones en el sector”, añadió.
¿Tumarín o no Tumarín?
Además del alto costo de construirlo, Tumarín también recibe las críticas de quienes dicen que es un proyecto que solo puede generar entre 6 a 8 meses al año, (porque no puede almacenar agua para producir energía todo el año), pero además, que es un proyecto que obligará a pasar a reserva otras plantas de generación térmica, que deben estar disponibles… por si acaso.
Aunque la alternativa suena bien (porque implica que esas unidades dejen de generar y contaminar el ambiente), en la práctica, lo que significa es que crecerá el costo de generar energía, a partir del generoso sistema de compensación que existe en el país, que paga no solo por la energía efectivamente generada, sino también por la cantidad de megavatios que puede producir una planta, sea que los esté generando o no.
Una fuente del sector de la construcción, consultada por Confidencial rechazó ese tipo de quejas, recordando que “en este país todo es caro. La energía es cara, la gasolina es cara, el diésel es caro. Construir es caro. Y esto no es nuevo. Esto es histórico. Siempre pagamos un costo extra por ser pobres. No me preocupa si es caro o no es caro, sino si es lógico ese nivel de inversión. Es más caro no hacerlo, y bajo ese cuento que todo es caro, no se hace nada. Es más caro ese status quo, esa parálisis”, aseveró.
Romper ese ‘status quo’ podría significar el destrabe de una cartera de proyectos eólicos, hídricos, geotérmicos, y de biomasa, capaces de generar 250 megavatios, con un costo de inversión de US$300 millones, de donde resulta un costo promedio de US$1.2 millones por megavatio instalado. 3.6 veces menos que el costo promedio de Tumarín.
En declaraciones previas ofrecidas a confidencial, César Zamora, presidente de la Cámara de Energía, detalló que construir y poner a operar esos proyectos “bajarían el precio promedio de compra de la distribuidora, o sea que abarataría la energía que se consume en el país, y pueden estar listos entre 18 a 48 meses”.
Anta la perspectiva de que el gobierno ofrezca el proyecto a nuevos inversionistas, la fuente del sector de la construcción citada antes, opina que “si el precio es atractivo, habrá interesados. El tema es qué grupo o con qué país prefiere hacer negocios el gobierno. La relación era buena con el Brasil de Lula; Venezuela no tiene capacidad. ¿Serán los chinos?”, se preguntó.
“Si lo hace Albanisa creo que también es válido. Es una inversión excelente, un precio excelente a largo plazo. Si tiene el dinero, y hay fondeadores… hemos visto cómo se ha cuestionado a Albanisa por usar sus recursos en proyectos que no tienen gran rentabilidad… este sí sería un negocio rentable, porque la energía es buen negocio”, añadió.
