8 de noviembre 2019
AA
Share
Las sanciones de Estados Unidos en contra de otros tres altos funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega, este jueves, envía un mensaje a Ortega, a los ciudadanos nicaragüenses y a la comunidad internacional, indicando que el régimen sigue bajo la mira, a pocos días que venza el plazo para la presentación de un informe de la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA), que definiría los siguientes pasos del organismo sobre el régimen, estiman expertos consultados por CONFIDENCIAL.
Roberto López, Ramón Avellán y Lumberto Campbell son los nuevos funcionarios del régimen sancionados.
La mañana de este jueves, se conoció que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, (OFAC, por sus siglas en inglés), anunció sanciones en contra del presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Lumberto Campbell; el comisionado Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional, y Roberto López, director ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
El excanciller de la República, Francisco Aguirre Sacasa, interpreta el hecho como un mensaje que tiene dos destinatarios: el pueblo nicaragüense, y Daniel Ortega.
“A Ortega le está diciendo que él no ha desaparecido de la pantalla del radar de Washington, y que el Gobierno norteamericano sigue actuando conforme a la orden ejecutiva que dictó el presidente Trump en 2018, donde tilda a Nicaragua de ser una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos”, interpretó.
Al ver el nivel y la cercanía de los tres nuevos sancionados, el diplomático admitió que “no sé hasta dónde llegarán estas sanciones al círculo de Ortega, porque con estos tres, ya son 14 los sancionados a los que se les aplicó la Magnitsky y la NICA Act”.
Los tres nuevos sancionados
“Avellán es el rostro de la represión de la Policía Nacional y los parapolicías; Campbell es el presidente del CSE, que es el poder del Estado que más aparece en la imaginación popular socavando la democracia representativa, mientras que Lopez maneja la institución que detonó el levantamiento cívico, cuando anunció las reformas que provocaron la marcha de la tercera edad en León, y luego las represiones en el Camino de Oriente”, rememoró el diplomático.
“El mensaje al pueblo de Nicaragua es ‘estamos con ustedes’, a pesar que ahora los disturbios en Chile, en Bolivia y Haití, más las violaciones a los derechos humanos en México, y todas las distracciones que hay en Estados Unidos, han desviado el foco de Nicaragua”, enfatizó Aguirre.
¿Mensaje a la OEA?
Además del mensaje, los entrevistados destacaron el momento en que se hizo: en los días previos a que la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA), presente su informe en el que haga referencia a la situación en el país.
“Estas sanciones buscan poner presión al Gobierno para que proceda con las reformas internas”, aseguró el presidente de la Cámara Americana de Comercio de Nicaragua (AmCham), Mario Arana. También miembro de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
A su juicio, el momento elegido es “un recordatorio en vísperas del informe de la Comisión de Alto Nivel, porque Ortega no hizo nada de lo que emanó la Asamblea General de la OEA. Él despreció la oportunidad de montarse sobre esa recomendación, así que lo que sigue es la presión”, afirmó.
“Le dieron tiempo a este régimen para que hiciera algunos movimientos para restaurar las libertades cívicas, el diálogo, que se aprobaran las reformas electorales y que regresaran las organizaciones de derechos humanos, tal como lo estableció la Asamblea de la OEA, y nada de eso ha pasado”, enfatizó.
Un campanazo para la dictadura
A su juicio, “le están enviando el campanazo de que siguen las sanciones, y no solo será Estados Unidos: Canadá y la Unión Europea podrían seguirles”.
Aguirre Sacasa reconoce que él “habría pensado que estas sanciones se darían a conocer después del Informe, que creo será contundente; e incluirá todo lo que ya se conoce de la situación en Nicaragua”.
Dado que no hay votos suficientes para suspender a Nicaragua a tenor con el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, Aguirre vislumbra que el Consejo Permanente, o la asamblea de cancilleres votará que cada país actúe conforme a su criterio individual, y a partir de ese momento Estados Unidos optaría por sancionarlos.
“Otra posibilidad es que lo hayan hecho en este momento, porque está en Managua la Misión del Fondo Monetario Internacional, o por el desánimo entre la oposición”, valoró.
Obligados a nuevos cambios
Imponer sanciones a funcionarios públicos, implica que hay que hacer cambios en los organigramas y marcos legales de las instituciones que administran. Exactamente como sucedió en el CSE ante la sanción a Roberto Rivas, o en la Asamblea Nacional, cuando el castigado fue su presidente, el diputado Gustavo Porras.
La socióloga Elvira Cuadra opina que “los más perjudicados son el CSE y el INSS, que tendrán que nombrar a alguien más, porque ni Campbell ni López pueden administrar esas instituciones”.
“Esto es un problema serio para el CSE, y también en el INSS, porque López ya no puede manejarla, así que tendrán que buscar a otra persona. Son dos instituciones sensibles, en especial el INSS, que maneja mucha plata”, detalló.
El presidente de AmCham, Arana, opina que “esto le complica cada vez más las cosas a este régimen”, porque se genera mucha incertidumbre alrededor de la potestad que pueden tener estas personas para firmar contratos.
Un problema adicional es que las empresas están comenzando a mostrar preocupación por “la contaminación que implica hacer obras con una institución cuya cabeza está sancionada… ¿hasta qué punto se exponen al firmar contratos con esas instituciones?”, se preguntó.
