3 de mayo 2022
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo orientó a la Asamblea Nacional reformar la Ley 331, Ley Electoral, a fin de limitar el periodo de campaña electoral a solo 20 días, en caso de votaciones municipales, y 30 días para las elecciones presidenciales. Lapso en que difícilmente un partido político —distinto al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, que mantiene una campaña permanente— podría dar a conocer sus propuestas a toda la nación.
La iniciativa de reforma fue presentada este 3 de mayo en el plenario del Poder Legislativo, a escasos seis meses de las votaciones municipales de noviembre, que aún no han sido convocadas por el Consejo Supremo Electoral (CSE), y para aprobarla se necesita el voto de la mayoría absoluta de los legisladores por tratarse de una ley de rango constitucional.
"De cara al proceso electoral que se llevará a cabo en el 2022 para elegir a las autoridades municipales, y teniendo en cuenta la experiencia que nos dejó el proceso electoral del 2021, proponemos esta iniciativa de reforma", dice la exposición de motivos. La misma "tiene por objeto reformar los artículos 16,21, 22, 70, 74, 85, 105, 148 y 158 de la Ley 331, Ley Electoral".
Los cambios sugeridos
En la propuesta de reforma al artículo 22 de la Ley Electoral, el régimen "pretende la agilización administrativa" de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) durante el proceso electoral. Por lo cual, amplía el número de electores por cada Centro de Votación, al pasar de 400 a 600 electores.
"Los Centros de Votación y sus circunscripciones serán determinados por el Consejo Supremo Electoral, en base a los datos poblacionales y territoriales que deberán presentar con suficiente antelación los órganos gubernamentales
correspondientes. Cada Centro de Votación tendrá circunscripción fija y tantas Juntas Receptoras de Votos como sean necesarias", dice la iniciativa de reforma.
La compactación de los Centros de Votación es algo que ya se implementó en las votaciones de 2021, y a pesar de ello la escasa participación fue tal que las únicas aglomeraciones se dieron cuando los centros de votación aún no abrían las puertas, antes de las 7:00 a. m. No hubo filas porque la población no salió a votar. El observatorio independiente y multidisciplinario Urnas Abiertas señaló que el abstencionismo fue del 81.5%.
Por otro lado, el cambio sugerido al artículo 74 persigue "simplificar el periodo de duración de la campaña electoral y hacerlo acorde a la estrategia que sigue cada partido político participante". Además, "se garantiza que el 2 de noviembre del año en que correspondan elecciones no se haga campaña electoral y se respete la tradición del Día de los Fieles Difuntos".
Otro de los cambios propuestos, en el artículo 16, consiste en acortar el tiempo para la presentación de propuestas de los partidos políticos para los Consejos Electorales Departamentales o Regionales.
"Los partidos políticos dispondrán de un plazo de cinco días a partir de la notificación para presentar sus propuestas para la conformación de los Consejos Electorales Departamentales o Regionales y si no lo hicieren el Consejo Supremo Electoral procederá a su nombramiento de oficio", dice la iniciativa de reforma.
Ajustan metodologías fraudulentas
El exdiputado y analista político, Eliseo Núñez, advirtió que el régimen Ortega-Murillo ha reformado la Ley Electoral en cada unas de las elecciones anteriores, por lo que, valoró, con esta nueva iniciativa el régimen está "ajustando sus metodologías de fraude, sus metodologías para dejar sin oportunidad a cualquier organización política que quiera enfrentársele".
En Nicaragua no existen partidos políticos opositores al orteguismo, pues el Poder Electoral, controlado por el régimen, solo admite una comparsa de partidos colaboracionistas. A pesar de ello, en esta iniciativa de reforma, el régimen reduce el periodo de campaña electoral "para evitar que, en ese periodo, pueda suceder algo que haga estallar una crisis (política) que saben que está ahí, porque los nicaragüenses no están conformes", comentó Núñez.
La iniciativa, además, limita las libertades de expresión y de organización, lo que "denota que Ortega, si fuera por él, no haría elecciones y simplemente designaría a quienes ocuparán los cargos", agregó el legislador.
Actualmente orteguismo gobierna 135, de un total de 153, municipio de Nicaragua, además controla todos los Poderes del Estado.
La última reforma electoral
En mayo de 2021, el régimen de Ortega y Murillo aprobó una reforma electoral que mantuvo el control partidario de las estructuras del sistema electoral, dominado por el orteguismo; le entregó el control de las marchas en el marco de la campaña electoral a la Policía Nacional, principal brazo represor del régimen, y restringió el financiamiento para los partidos políticos opositores.
La reforma aprobada en 2021 estuvo muy lejos de las reformas profundas que demandaba la oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA), ya que redujo la capacidad de competencia de la oposición y no impulsó ningún cambio profundo en el sistema electoral.
Luego de estos cambios superficiales a Ley Electoral en 2021, Ortega y Murillo se reeligieron en unas votaciones sin competencia política. Siete aspirantes a la presidencia fueron encarcelados y condenados por delitos de "traición a la patria" y tres partidos políticos opositores fueron cancelados.
