23 de octubre 2021
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Los jueces a cargo de las causas en contra de una treintena de presos políticos dejaron de establecer las fechas para los procesos judiciales, y escudándose en los argumentos de “sobrecarga laboral” o “motivos de fuerza mayor” suspendieron los plazos de ley e indicaron que notificarán a las partes mediante un auto. Tal situación es vista por expertos judiciales como “una jugada legal” para alargar el tiempo de arresto a los opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
De los 39 presos políticos que el régimen ha capturado en el contexto del proceso electoral, 35 ya son procesados por los presuntos delitos de conspiración y lavado de dinero; causas que son de tramitación compleja, según el artículo 135 del Código Procesal Penal. Esto implica que los juicios podrían durar hasta 12 meses, contados a partir de la primera audiencia que fue realizada en la primera semana de septiembre, cuando algunos de los reos cumplieron 90 días de arresto.
Un familiar de los presos políticos, que solicitó el anonimato por temor a represalia contra él o su pariente detenido, manifestó que “ninguno de los casos tiene fecha” de juicio, por lo que valoró que “los tienen como en un limbo legal”, ya que no están en los juzgados de audiencia, pero sus causas se trabaron en los juzgados de juicios.
CONFIDENCIAL verificó que las causas en contra de los presos políticos: Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz, José Adán Aguerri, Violeta Granera, José Pallais y Tamara Dávila, se encuentran radicadas en el Juzgado Quinto Distrito Penal de Juicios de Managua, pero el cómputo del plazo máximo del juicio se encuentra interrumpido.
Asimismo, en el Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicios de Managua está suspendido el plazo para la celebración del juicio en contra de los presos políticos: Cristiana Chamorro Barrios, Walter Gómez, Marcos Fletes, Pedro Vásquez y Pedro Joaquín Chamorro Barrios.
“Exceso de carga laboral”
Gerardo González, abogado defensor del periodista Miguel Mora, dijo a 100% Noticias que la jueza Nadia Camila Tardencilla, del Juzgado Segundo de Distrito Penal de Juicio de Managua, interrumpió el cómputo del plazo de duración del juicio, alegando “exceso de carga laboral”.
“La juez está diciendo que su carga de trabajo y la posibilidad que le asignen otras causas es un elemento de fuerza mayor, por eso ella interrumpe indefinidamente el cómputo. Es decir (el preso político) puede estar tres años encerrado y no se tomará en cuenta”, explicó González.
Un especialista en temas jurídicos, que solicitó omitir su nombre, detalló que “en teoría” la fecha de los juicios se programa desde la etapa de la audiencia inicial. Una vez que las causas se radican en el juzgado de juicio, “el juez debe hacer dos cosas: confirmar la fecha que fijó el juez de audiencia o señalar una nueva fecha”; sin embargo, “suspenden los plazos para el juicio”.
“Esto significa que los plazos no corren y el juicio se alarga sin que se venza el plazo máximo de duración del proceso que, como en estos casos están con contratación compleja, son de hasta de 12 meses contados a partir de la primera audiencia”, subrayó el especialista.
“A los presos políticos les está lloviendo sobre mojado, ya que tal situación violenta los principios constitucionales y universales del debido proceso, como es el de celeridad procesal, que tengan una resolución en el menor tiempo posible”, comentó.
