Arlen Cerda
7 de abril 2018
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El aumento de los aportes que los trabajadores y las empresas pagan al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que el Gobierno de Daniel Ortega habría propuesto —como parte de una reforma necesaria para evitar la inminente quiebra técnica de la institución antes de que acabe esta década—, es rechazada por los nicaragüenses, que se expresan contra la medida y reclaman por la inadecuada y “corrupta” administración del INSS. Las quejas además llegan a través de las mismas redes sociales que el Gobierno busca regular con otra reforma a las leyes penales, bajo el argumento de proteger a la niñez y las familias.
La noticia sobre la propuesta extraoficial, que circula entre economistas, analistas y medios de comunicación, provocó cientos de comentarios en las redes sociales de CONFIDENCIAL y Esta Semana, la mayoría en rechazo rotundo a la propuesta, y muchas con quejas sobre la atención que reciben en las clínicas y hospitales, e incluso críticas sobre la “mala” administración y el “derroche” en el seguro social, que a juicio de los lectores habrían incrementado su déficit.
“Que comiencen por ver la cantidad de trabajadores innecesarios que tiene el INSS, y que dejen de pagar catorceavo mes”, reclama el usuario José Cecilio Gómez.
Las cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN) confirman que en 2017 el INSS continúo pagando el doble aguinaldo a su planilla de más de cuatro mil empleados. Ese año, el Instituto registró un déficit superior a los 2,373 millones de córdobas, el más alto durante los últimos cinco años de su crisis.
“Pagar más por la pésima gestión”, reclaman
Desde hace un lustro, el INSS acarrea un déficit millonario, que lo obliga a consumir sus reservas, sin incluir el impacto que tienen en estas mismas las polémicas inversiones de las que el INSS se niega a rendir cuenta.
El consumo de las reservas impediría que un año antes de 2020 —o máximo un año después—, el INSS ya no pueda cumplir todas sus obligaciones con los cotizantes y pensionados, a pesar de que sus afiliados continúen pagando sus cotizaciones, según previsiones confirmadas por el mismo Fondo Monetario Internacional (FMI).
La propuesta que el mismo BCN habría presentado en nombre del Gobierno al sector privado pide aumentar el aporte patronal en un 3.5% (para un total del 22%) y el del empleado en un 0.75% (para un total de 7%). Actualmente, las empresas pagan al Seguro un 19.5% del salario de cada trabajador, mientras a estos se les deduce del propio ingreso un porcentaje del 6.25%.
El usuario Efraín Chavarría Solís valora que “ya es demasiada” la carga para los ciudadanos. “Ya no aguantamos más: gasolina más cara, energía ahora con impuesto y ahora clavándonos con más pago al INNS, cuando ellos lo han manejado mal”, añade.
Juan Carlos Hernández opina: “Que devuelvan todo el dinero que han invertido, ya que lo ocuparon abusivamente. Todo ese dinero (que) es del pueblo, todas esas empresas que fueron financiadas con este dinero deberían de pagar y dar intereses al INSS”.
A mediados del año pasado, el FMI reportó que el INSS ha prestado al menos 141.3 millones de dólares para financiar construcciones de edificios y viviendas a tasas de interés subsidiadas.
“Ha habido una inversión significativa en el desarrollo de bienes raíces, que no parece estar conectada con la naturaleza de las operaciones del INSS ni con las del fondo de reserva”, comentó el FMI, que a su vez estaría tras algunas de las recomendaciones para enfrentar la crisis del Instituto, y que pasan por la medida de incrementar los aportes, y también aumentar la edad de jubilación (de 60 a 65 años), el número de semanas que se deben cotizar (actualmente el mínimo es 750 semanas), e incluso reducir los montos de las pensiones.
“La solución no es que los trabajadores paguemos más”, coincide Grethel Vargas. A su juicio tampoco se deben aumentar las semanas de cotización “ni se debe cambiar la edad de jubilación”.
La ciudadana demanda “que pague el Estado toda la deuda millonaria que tiene con el INSS, que reduzcan el personal, que dejen de dar doble aguinaldo, que dejen de usar nuestro dinero para todos los proyectos sociales populistas, que deje de ser la ‘caja chica’, que administren bien los recursos, que eliminen la corrupción etcétera, etcétera. De nada servirán los aumentos que pretenden, mientras sigan administrando mal nuestro dinero”.
Demandan pago de la deuda histórica
El Estado acumula una “deuda histórica” con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, desde que en 1979 el primer Gobierno sandinista dejó de pagar la cuota del 0.25% de la nómina salarial de los afiliados activos. Los demás Gobiernos continuaron la práctica, y en 2013 esa deuda se calculó en más de 500 millones de dólares.
Aquel año, el Gobierno actual acordó que pagaría la deuda en cuotas anuales a un plazo de cincuenta años. Sin embargo, durante su revisión en mayo del año pasado, el FMI también reveló que el Estado no estaba cumpliendo su contribución de 0.25 por ciento, adicional al pago de su deuda histórica.
“A pesar del acuerdo para resolver la deuda pendiente a fines de 2013, la contribución del 0.25 por ciento al INSS sigue sin incluirse en el presupuesto del Gobierno”, alertó el Fondo. Según cálculos independientes, el nuevo incumplimiento habría aumentado la deuda en unos 600 millones de córdobas, y no fue hasta octubre del año pasado que el Gobierno incluyó en el Presupuesto General de la República de 2018 una partida de 562.3 millones de córdobas en concepto de pago de la deuda histórica al Seguro Social.
“En esas condiciones los afectados seríamos los trabajadores y empleadores, vamos a tener que pagar más por la pésima gestión”, critica el usuario Silvio Mendieta.
Añade también que “el Gobierno debería primero pagar en menor plazo la deuda histórica, convertir al INSS en una entidad eficiente, reduciendo los gastos excesivos y ver qué se hace, en qué se invierte el dinero para generar algún rendimiento, (y) ya por último que se reformen las leyes y normativas necesarias para crear un banco, aseguradora, puesto de bolsa, etc., que generen rentabilidad y contribuyan al incremento de las reservas y que sea verdaderamente auditable”.
“Desgraciadamente —comenta Jaykel Obando— vivimos en un país donde las opciones no varían y la pobreza nos obliga a someternos a los fraudes del Gobierno pagando con nuestro salario el mal manejo de esta institución corrupta”.
Reforma al INSS y tributaria negociadas “en combo”
La negociación de las reformas al sistema del seguro social se realiza en conjunto con la discusión de la próxima reforma tributaria, confirmó esta semana, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri.
En ambas, Aguerri sostuvo que el sector privado aspira a un acuerdo tripartido, que incluye al Gobierno, el sector privado y los sindicatos, en representación de los trabajadores.
Aguerri justificó que la posición del Cosep incluye que el tema del INSS se aborde junto a la reforma tributaria para promover una revisión integral, que parta por valorar el impacto en el crecimiento económico y su sostenibilidad.
“No podés ir a una negociación viendo nada más el INSS sin ver (la reforma) tributaria, porque al final te podés poner de acuerdo en algo y luego (con la negociación) de la tributaria viene algo que no se había visto antes, entonces tenemos que ver integralmente los dos temas”, argumentó.
En marzo pasado, el asesor económico presidencial, Bayardo Arce, confirmó tras la visita del director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner, que el organismo multilateral reiteró sus “recomendaciones” sobre el INSS y una eventual reforma fiscal.
“Ellos nos han dejado, como asesores que son de Nicaragua, una serie de recomendaciones alrededor de mejorar el INSS, de mejorar la situación fiscal, el régimen tributario, temas sobre los cuales, dicho sea de paso, estamos trabajando”, aseguró.
“Nosotros —añadió— estamos valorando, si estamos de acuerdo en eso en general”.
Según Arce, “después nos tenemos que sentar con los empresarios, nos tenemos que sentar con los trabajadores, porque lo que salga de medidas como siempre van a ser en consenso, pero estamos esperando que termine lo del salario mínimo (la negociación)”, destacó el asesor presidencial.
El pasado 9 de marzo, el reajuste del salario mínimo se fijó un 10.4%, que se aplicará en dos tantos, en marzo y septiembre de este año, para volverse a negociar al año siguiente, entre el Gobierno, sector privado y sindicatos.
