12 de enero 2019
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La renuncia del ahora exmagistrado Rafael Solís a su alto cargo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y también a su militancia en el Frente Sandinista, sacudió al país desde las bases mismas del partido de Gobierno, entre quienes muchos aún se resisten a reconocer cómo se aleja una de las voces más pragmáticas del círculo del dictador Daniel Ortega.
Mientras, defensores de derechos humanos, analistas y opositores nicaragüenses, ven en la carta de “renuncia y denuncia” de Solís, un “acto de confesión” que testifica los crímenes de la dictadura, y debería anular los juicios contra los más de 600 presos políticos que se registran a esta fecha.
La carta de Solís es una dura crítica a la forma en la que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, han manejado la crisis: “Siempre creí que la sensatez y la cordura se podía imponer en ustedes y proceder a una negociación política que permitiera el adelanto de las elecciones y algunos de los otros puntos planteados por la oposición, pero la realidad ha demostrado todo lo contrario”, lamenta Solís en su carta de tres páginas de extensión, firmada el ocho de enero, un día después de su ingreso a Costa Rica, a donde habría viajado tras un tratamiento médico en México, desde donde siguió el estallido de la Rebelión de Abril, reprimida brutalmente por el régimen.
Solís asegura que en Nicaragua se ha impuesto “verdaderamente un Estado de terror, con el uso excesivo de fuerzas parapoliciales o aun de la Policía misma con armas de guerra”, una situación que sostiene ha “sembrado el miedo” y “ya no existe derecho alguno que se respete, con las consecuencias inevitables de la instalación y la consolidación al menos de una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes, que ha hecho desaparecer todos los poderes del Estado, dejando al mismo Poder Judicial al que yo pertenezco reducido a su más mínima expresión”.
“Es una confesión”
“Presento mi renuncia inmediata, e irrevocable a partir de este momento a mi cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y todos los cargos políticos incluida la militancia en el FSLN”, escribió Solís, tras indicar que su renuncia es independiente a la decisión que tome la Asamblea Nacional de aceptarla o no, aun cuando restan tres meses para cumplir su período.
“Prefiero hacerla desde ahora, para evitar que se me aplique aquel artículo de la Constitución que establece que los funcionarios públicos electos por la Asamblea Nacional deben continuar en su cargo, si no hiciera esta los nombramientos de otros magistrados y aún de ellos mismos cuando se venzan sus períodos, que es lo que creo va a ocurrir en abril”, argumenta Solís.
Para la defensora de Derechos Humanos y exmagistrada judicial, Vilma Núñez, la carta de Solís es a todas luces “un acto de confesión” y “una de las pruebas más contundentes” de todos los crímenes que ha cometido el régimen de Ortega y Murillo.
Solís explica que su decisión se debe al manejo que Ortega y Murillo han hecho de la crisis política que vive el país y que ha dejado según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, al menos 325 personas muertas, más de 3000 heridas, alrededor de 600 presos políticos; el despido de 300 profesionales de la salud y la expulsión de, al menos, 144 estudiantes de la UNAN.
“Esa carta es una confesión de todos los actos que han cometido desde abril hasta la fecha y viene de alguien que ha estado, desde dentro, involucrado con el régimen, que confirma los delitos de lesa humanidad que han cometido”, considera Núñez.
Para Núñez, las palabras de Solís vienen a dar un espaldarazo al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), pero la carta no lo exime de su responsabilidad “como uno de los mentores políticos de la ruptura institucional que ahora denuncia”.
“Ahora que Ortega y Murillo ya no han dejado a la gente protestar en las calles, una de sus armas más fuertes de intimidación es el Poder Judicial, el que Rafael Solís admite que solo obedece a esta pareja enferma de poder”, afirma la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), organización sin fines de lucro a la que la aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional le despojó de su personalidad jurídica.
Una ruptura en el círculo de poder
Daniel Ortega y Rosario Murillo junto al jefe de la Policía Nacional y consuegro, Francisco Díaz. Foto: Presidencia
El exmiembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista que gobernó en la década de los 80, Luis Carrión, valora que la renuncia de Solís “es la más importante que se ha producido hasta ahora entre los funcionarios del régimen, por ser un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y persona muy cercana al círculo de poder de los Ortega-Murillo”.
Solís era uno de los más elocuentes voceros políticos del FSLN, y se mantenía como magistrado de la Corte Suprema arropado por el decreto ejecutivo que en enero de 2010 ordenó su reelección. Además, fue uno de los ejecutores de las reformas constitucionales que le permitieron a Ortega perpetuarse en el poder.
El abogado “Payo” Solís era el operador político de Ortega en la CSJ. En enero de 2009, la Corte emitió un fallo que liberaba al expresidente Arnoldo Alemán de una condena de 20 años por fraude al Estado, a cambio de que este le garantizara a Ortega el control de la Asamblea Nacional. A finales de ese año la Sala Constitucional, de la que era miembro el magistrado Solís, emitió un fallo judicial que le garantizó a Ortega la posibilidad de reelegirse, a pesar de que la Constitución prohibía la reelección continua. En una entrevista, el magistrado Solís aseguró que le debía respeto a la Constitución, “lo que no quiere decir que vaya confrontarme con el partido”, al que ahora renuncia.
Solís, que ahora se autonombra como “exmagistrado”, asegura que desde el 18 de abril pensó en tres ocasiones poner su renuncia, pero que “siempre tuve la duda que a través del Diálogo Nacional de la naturaleza que fuera y aún con más actores y mediadores, el Gobierno presidido por ustedes (Ortega y Murillo) pudiera corregir los graves errores cometidos a lo largo de este período”.
Carrión indica que todo lo que admite Solís ya lo sabemos la mayoría de nicaragüenses desde hace muchos meses, “pero al ser expuestas por alguien que viene del corazón de la estructura de poder dictatorial anima a otros funcionarios que comparten sus dudas y razones a tomar sus propias decisiones en el mismo sentido”.
Según Carrión, después de esta confesión de Solís, los simpatizantes del partido de Gobierno “ya no pueden seguir alegando ignorancia”, porque sostiene que “mantenerse pegados a Ortega es hacerse cómplices, aunque sea pasivamente, de la destrucción de la democracia y del Estado de derecho, del aplastamiento de la libertad de expresión, del sufrimiento de las familias de los muertos, los lesionados y los presos políticos”.
Crucial para la OEA
El canciller Denis Moncada y el representante permanente ante la ONU, Sidhartha Francisco Marin, con el jefe de gabinete del secretario general de OEA, Gonzalo Koncke, previo a la sesión de la ONU. EFE | Confidencial
La renuncia de Solís se reveló en la víspera de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) iniciara el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana al Gobierno de Ortega. Momento que la comandante guerrillera e historiadora, Dora María Téllez, considera de gran importancia de cara a ese debate.
La expresidenta del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) valora que la carta de Solís pone sobre la mesa el hecho de que en Nicaragua no hubo nunca un intento de golpe de Estado, no hubo agresión externa, como ha alegado el Gobierno incluso ante la comunidad internacional, sino que todo se trató de una represión brutal por parte de la dictadura.
Solís admite que los magistrados de la Corte Suprema pueden revertir las decisiones arbitrarias tomadas por Ortega, principalmente en lo relacionado a las decenas de presos políticos que han sido enjuiciados y condenados en procesos arbitrarios, pero asegura que “es sumamente difícil que por el Estado de terror impuesto”.
“Solís dice con toda claridad de que el Poder Judicial está secuestrado por los Ortega-Murillo, por un estado de terror, dice que en Nicaragua hay un Estado de terror y eso es fundamental porque al debate de la Carta Democrática eso es exactamente lo que se está debatiendo. Primero, la gran crisis de Derechos Humanos, y en segundo lugar se debate la liquidación de las instituciones que se han producido por la dictadura de los Ortega-Murillo”, afirmó Téllez en declaraciones al portal de noticias Nicaragua Investiga.
La exguerrillera sostiene que Solís deja ver que Ortega “no tiene voluntad de diálogo” y esto es importante para aquellos que creen en él ciegamente porque en su carta Solís asegura que “la cabeza de esta dictadura simplemente quiere llevar a Nicaragua a un nivel de conflicto” como una guerra civil.
Se desnuda al Poder Judicial
Una protesta realizada en Managua contra el Poder Judicial, en marzo de 2017. Carlos Herrera/Archivo
El exdiputado liberal y expresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, José Pallais, asegura que esa carta de renuncia evidencia que Solís llegó a la conclusión de que “ya la situación” dentro del régimen “es inmanejable, por el aislamiento internacional al que están sometiendo al país y que lo están llevando a un paso de ser ingobernable”.
“Este despertar de conciencia del exmagistrado Rafael Solís valida la tesis de que se han cometido crímenes de lesa humanidad, desnuda al Poder Judicial, señalando una vez más que está sometido a la voluntad de la pareja presidencial porque no aplican la ley”, expresa.
Pallais insiste en que la falta de Estado de derecho está demostrada y que lo corrobora la misiva de Solís, “descobijando la leyenda que han querido vender de que no existe ningún golpe de Estado”.
La carta, estima Pallais, tendrá un efecto desmoralizador dentro de las estructuras partidarias de la dictadura Ortega-Murillo.
“No debemos dudar que esto podría potenciar su espionaje, intimidación contra los funcionarios públicos, e incluso no deberían descartar ellos que se les intente impedir su movilización fuera del país. Así que cada persona que aún sigue fiel a la pareja presidencial tendrá que reflexionar ante la dimisión de un personaje como Rafael Solís”, advierte.
Para Pallais, “nunca es tarde para arrepentirse” como considera que sucede con Solís, y agrega que debemos estar complacidos que alguien con tan alto cargo “haya decidido renunciar”.
Un “golpe contundente” al orteguismo
Carlos Herrera | Confidencial
La Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil, por su parte, estima que la renuncia de Solís es un “golpe contundente” contra el orteguismo, que “tendrá consecuencias”.
A juicio de esa unidad opositora, la renuncia “pondrá a pensar a muchos militantes (sandinistas) que no deberían seguir defendiendo a unos dictadores corruptos y criminales que cometieron delitos de lesa humanidad y que algún día serán juzgados por ello”.
El exmagistrado y además padrino de bodas de Ortega y Murillo, era considerado el operador político del FSLN en el Poder Judicial.
En una entrevista a Radio France Internacional, brindada en Costa Rica, donde se encuentra desde el 7 de enero (un día antes de escribir su renuncia), Solís aseguró que más funcionarios del Gobierno podrían renunciar.
“Sí, creo que sí, es probable que esto se dé. Es una posibilidad, no es algo que lo haya conversado con otras personas, pero sí siento que es una posibilidad que se pueda dar, si no se logra efectivamente un proceso de reconciliación con justicia, con democracia, con paz, verdadero, genuino, creo que otras personas van a renunciar en el futuro”, dijo.
Según Solís, el sometimiento del Poder Judicial a la dictadura de Ortega y Murillo “fue un proceso largo en que el Poder Judicial, incluidos nosotros, los magistrados de la Corte Suprema, fuimos cediendo, cediendo poder, y al final de cuentas el poder de decisión del Poder Judicial es mínimo en materia de todos estos juicios que se están llevando a cabo (contra los protestantes), en otra serie de materia de orden constitucional, ha quedado reducido prácticamente el Poder Judicial, el Poder Legislativo y otros poderes del Estado, el Electoral también… están en manos del presidente y de la vicepresidenta”, afirmó.
El diario costarricense, La Nación, confirmó que Solís llegó a Costa Rica el pasado 7 de enero, y a la fecha no hay registro de salida.
También superintendente de bancos y presidente ejecutivo de INAA
Víctor Urcuyo, superintendente de bancos de Nicaragua. Cortesía | Confidencial
Una fuente del sector empresarial confirmó a CONFIDENCIAL la existencia de la carta de renuncia del superintendente de Bancos, Víctor Urcuyo, que habría sido enviada a la Asamblea Nacional para su debido trámite.
“No he leído el contenido de la carta, pero yo sé que el año pasado él tuvo que viajar al extranjero para someterse a un procedimiento médico bien complicado. No sé cómo salió de ese tratamiento, pero me imagino que esa es la razón por la que decidió renunciar”, dijo la fuente. Sin embargo, tal condición médica no está confirmada.
El informante dijo que si bien es cierto la renuncia de Urcuyo se presentó a la Asamblea Nacional desde el mes de diciembre, el hecho que se conozca ahora, al conocerse la renuncia del magistrado Rafael Solís, le dota de una dimensión que probablemente no tiene.
Urcuyo, quien tenía quince años en el cargo, no ha respondido las numerosas consultas para confirmar o rechazar su renuncia, ni los motivos de esta.
El superintendente deja el cargo en un momento en que el Sistema Financiero afronta una de las peores crisis, tras la millonaria fuga de depósitos en moneda extranjera y local de los bancos comerciales, que ha llevado a casi paralizar por completo los créditos bancarios.
En días recientes, también, se conoció la renuncia del presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), Carlos Schutze Sugrañes, quien fue sustituido por Rodolfo José Lacayo, según los decretos ejecutivos, publicados el 28 de diciembre en el diario oficial La Gaceta.
