9 de agosto 2017
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La propuesta de Gerardo Baltodano, presidente de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), de que las cámaras y organizaciones del sector privado firmen ‘pactos sociales anticorrupción’ es loable, pero los pocos esfuerzos que se están haciendo para verla materializada son más bien dispersos.
“La corrupción no existe ajena al sector privado empresarial y por tanto es un elemento donde nosotros, como sector empresarial, podemos trabajar unilateralmente consolidando la gobernanza de nuestras empresas, promoviendo pactos sociales anticorrupción en las cámaras gremiales, e invirtiendo en fomentar y fortalecer una conciencia anticorrupción en nuestra población”, dijo Baltodano, al leer su discurso con el que introdujo la conferencia de Andrés Velasco.
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides, explicó a Confidencial que la propuesta de crear ‘pactos anticorrupción’, parte de “ideas que se han implementado en otros lugares. Aquí la trajo el profesor de la Universidad de Pensilvania, Philip Nichols, y sería interesante retomarla”.
“No es algo específico que esté en marcha. En este momento, no hay una iniciativa concreta y específica al respecto. Solo está planteada la idea”, aceptó.
“Si lo dijo Baltodano que es empresario, está al frente de Funides, y tiene contactos con las cámaras, no veo por qué no va a ser factible. Y no solamente factible: es una gran necesidad ética y política del sector privado”, dijo por su parte el exministro de Educación, Humberto Belli.
Aunque en cámaras como la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) “no hemos tocado ese tema, pero está latente”, tal como lo admitiera su presidente, Michael Healy, otras como la Cámara de Industrias (Cadin), y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), sí tienen algunas iniciativas de ese tipo.
Esfuerzos pasados y futuros
César Zamora, presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua, y expresidente de AmCham, explica que “hasta donde tengo entendido, los miembros de AmCham deben actuar con la debida diligencia. Las empresas que son admitidas en estas cámaras (Comercio, Energía) deben cumplir, primero, con los requerimientos de ley, y al final, tienen que cumplir con todas las normas del país”.
Por su parte, Alfredo Marín, directivo de Cadin, asegura que esa Cámara “tiene un proyecto interno, en el que se le va a pedir a todos los socios que firmen un documento que establece un comportamiento ético en sus relaciones con otras empresas privadas y con el Estado”.
“Lo que está diciendo Gerardo es algo que nosotros implementamos desde hace años en muchas de las empresas más importantes del país, que es un código de ética. Ese código fue impulsado desde la Cámara de Comercio”, a mediados de la década pasada, asegura José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), y expresidente de la Cámara de Comercio.
Aguerri reconoce el papel jugado por el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE), en lograr que las empresas se involucraran en el ‘Pacto Mundial’, iniciativa de Naciones Unidas en las que se pide a las empresas “adoptar, apoyar y promulgar, dentro de su esfera de influencia, un conjunto de valores fundamentales en las áreas de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y anticorrupción”.
“De hecho, son esfuerzos que sí se vienen desarrollando. No son temas nuevos, son temas de compromiso que se empujan, tanto a nivel de socio, individualmente en las cámaras, como en la participación también de las cámaras en estos esfuerzos”, aseguró Aguerri.
Recordó también que el Cosep es parte de un esfuerzo continental en el que participan “las organizaciones empresariales más importantes de América Latina, para trabajar el tema de la transparencia”, de cara a VIII Cumbre de las Américas, que se celebrará en Perú en abril de 2018, dedicada al tema de la “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”.
La política ¿para los políticos?
“Hemos hablado de tres diálogos: el económico, que está teniendo resultados; el educativo que apenas está comenzando a desarrollarse; y el diálogo político, que está muy lejano de tener resultados positivos, y hay que fomentarlo”, detalló Aguerri.
A su juicio, lo que compete a esa entidad gremial es “fortalecer las instituciones económicas. En el caso de las instituciones políticas, hemos dicho claramente que todavía nadie ha sido exitoso en ese esfuerzo”, insistió.
Zamora, de la Cámara de Energía, coincide con Aguerri.
“Nunca es bueno que la institucionalidad esté mal o débil. Nunca, pero la solución de los temas institucionales corresponde a los partidos políticos del país. Para eso están definidos: para ser intermediarios entre los ciudadanos y el Estado. Aquí hemos tenido una clase política sumamente dividida, atomizada, que no deja de pelear entre sí, y no ha podido hacer oposición a este gobierno”, dijo Zamora.
Por ello, concluye en que “el tema de la institucionalidad es de los políticos. Hay empresarios, miembros de la sociedad civil, de las iglesias y ciudadanos preocupados por el tema de la institucionalidad, pero quien tiene que resolverla, no son los empresarios, es la clase política, y por eso, la tarea a la que nos abocamos los empresarios es buscar que en el tema electoral, existan las condiciones para que los votos se cuenten, y así la sociedad política se ponga de acuerdo, y empiece a trabajar los temas institucionales”.
Humberto Belli, directivo de Funides, insiste en recordar que “parte de la institucionalidad económica es la ausencia de corrupción, de licitaciones amañadas, de concesiones de préstamos no transparentes a los favoritos, y todo eso incumbe directamente al sector privado”.
“Eso no es un tema político institucional amplio de carácter partidista, sino estrictamente gremial, y en eso no hay ninguna excusa para que el sector privado no tenga un papel muy beligerante en temas como la corrupción y la transparencia”, añadió.
Recordó que los empresarios tienen un deber –derivado de la Responsabilidad Social Empresarial- de interesarse por el entorno político que afecta a la nación, porque también son parte de ella, y porque son afectados por el ambiente general que hay en el país: falta de institucionalidad, ausencia de elecciones, ausencia de división de los poderes, que afecta el ambiente de inversión, y al sector privado y al pueblo en general, porque no hay ‘islotes’”, sentenció.
El “pecado” del Seguro Social
Belli: empezar por el Seguro Social. “Si hubiera existido un código de ética aprobado por las cámaras, se habrían evitado esos préstamos”
Humberto Belli está convencido de que se pueden crear ‘pactos anticorrupción’ o firmar códigos de ética, y que se puede hacer comenzando por sectores. “Eso da un ejemplo al resto del país, y va creando una nueva cultura de vigilancia contra la corrupción”, aseguró.
Belli opina que “si hubiera existido un código de ética aprobado por las cámaras y los representantes del sector privado en cuanto a participar en procesos no transparentes, como fue el caso de los préstamos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), se hubiera evitado que se otorgaran esos préstamos”.
Eso habría llevado a que “el representante del sector privado ante el INSS hubiera denunciado esa maniobra, pero como no existe una normativa muy clara, un código de ética muy claro, hay vacíos que son aprovechados por aquellas personas que tienen conectes o están dispuestas a participar en maniobras turbias”, añadió.
Al recordarle que el representante del sector privado ante el INSS fue señalado de recibir uno de esos préstamos, el académico sentencia que “haber recibido ese dinero fue pecado mortal. Es totalmente inadmisible. No se puede ser juez y parte, ni beneficiarse de las decisiones de una directiva para su beneficio personal”.
Gerentes, a sus gerencias…
Consultado sobre la pertinencia de que el sector privado se centre en consolidar la institucionalidad económica, y deje los temas del área política y jurídica a los políticos, Alfredo Marín, directivo de la Cámara de Industrias señala que “no veo a una empresa que exporta tomates -que son perecederos- participando en política local, cuando puede serle contraproducente criticar al Estado”.
“Me parece incomprensible que se pretenda que el empresario nicaragüense puede ser un actor político y tomar posiciones de carácter político a través de su empresa. Creo que es una locura y un error que el empresario nicaragüense no vuelve a cometer”.
Pero sin institucionalidad política, tampoco creceremos mucho…
No creo que haya empresarios o cámaras que estén en contra de la institucionalidad política. Lo que sí hay que ver es a quién le corresponde. A los gerentes de las empresas, como ciudadanos, que hagan lo que quieran, pero a los gerentes de las empresas, como gerentes de empresa, no veo cómo. Es absurdo.
Las cámaras pueden hacer crítica constructiva, pero no pronunciarse públicamente si lo hacen con interés partidario.
