20 de enero 2017
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Las expectativas generadas por la trayectoria del secretario general de la OEA Luis Almagro y su defensa vehemente de la Carta Democrática se quedaron cortas. El esperado comunicado conjunto entre el gobierno de Daniel Ortega y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), presentado como “avance” de la “mesa de conversación e intercambio”—instalada a mediados que octubre de 2016— carece de conclusiones sobre la aplicación de la Carta Democrática y omite las violaciones sistemáticas de estos principios de parte del régimen de Ortega, que se reeligió en contra de la Constitución Política en noviembre de 2011 y se impuso para un tercer mandato consecutivo en noviembre pasado, en unas elecciones sin garantías democráticas ni competencia.
“Las delegaciones de Nicaragua y de la Secretaría General de la OEA acuerdan iniciar a partir del mes de enero de 2017 los trabajos de seguimiento a los cuales se comprometen a través del presente documento”, indica el comunicado, que menciona compromisos para cada una de las partes para mejorar técnicamente el sistema electoral, pero que no responde a las demandas ciudadanas durante los últimos diez años sobre el control partidario y la demolición de la instituciones democráticas, ni a la masiva abstención en las votaciones de noviembre pasado, con las que Ortega —ahora en compañía de su esposa Rosario Murillo— se ha atornillado en el poder.
Tres años más y atropellos ausentes
El acuerdo indica que el 28 de febrero la delegación de Ortega y la OEA firmarán un “memorándum de entendimiento” que incluiría “aspectos técnicos de trabajo conjunto” para un plazo de tres años, cuyos detalles se revelarían hasta finales del próximo mes.
El acuerdo propone trabajar para mejorar la institucionalidad electoral, en base a estándares regionales, en áreas como: “el voto universal y equitativo; la inscripción o registro civil; el regisro electoral; el acceso al centro de votación; la emisión del voto; la integridad de las preferencias del votante; el registro exacto de las preferencias dl votante; el derecho de postulación a cargos públicos; la igualdad en seguridad; la igualdad de oportunidades tales como el financiamiento a partidos políticos; el derecho a la libertad de prensa e información; la libertad de asociación, asamblea, expresión y movimiento; la frecuencia de las elecciones regulares para cargos electivos; y la irreversabilidad de los resultados electorales”.
El prometido memorándum también incluirá los términos del “acompañamiento” de la OEA en las elecciones municipales que se celebrarían en noviembre de 2017. Sin embargo, no hace referencia a la demanda de una reforma profunda a la Ley Electoral y una renovación de todas las estructuras del sistema electoral, que está bajo el control absoluto del gobernante Frente Sandinista.
Mientras tanto, se mantiene en secreto el contenido del informe que la OEA entregó al gobierno sobre la situación política y el sistema electoral. Fue ese el informe que motivó al gobierno a la instalación de este diálogo político a menos tres semanas de los pasados comicios generales, presionado también con la amenaza de las sanciones de Estados Unidos, contenidas en la iniciativa de ley Nicaraguan Investment Conditionality Act, conocida como NicaAct.
El caso del PLI y los diputados
Sin mencionar como fue despojada la coalición opositora de la personería juridica del PLI y la arbitraria destitución de 28 diputados, el comunicado menciona la “continuación del proceso de perfeccionamiento del sistema de representación política y mecanismos que lo fortalezcan jurídicamente”.
El documento indica que se buscarán “mecanismos y normativas que fortalezcan jurídicamente la aplicación de la norma constitucional sobre transfuguismo político”, aplicada en julio del año pasado para anular las diputaciones de 28 diputados electos en 2011 bajo la casilla del Partido Liberal Independiente, al que un mes antes también le anularon su representación legal para entregarlo a una Junta Directiva cuestionada por actuar al servicio del FSLN.
Los diputados destituidos demandaron su reintegro al Parlamento, pero no obtuvieron ninguna respuesta sobre su situación en la Asamblea, que el nueve de enero instaló a sus nuevos miembros, con setenta y dos de noventa y dos diputados para el partido de gobierno.
¿Resultados tangibles?
A principios de diciembre pasado, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, realizó una visita de veinticuatro horas a Nicaragua, durante las cuales sostuvo encuentros con representantes de todo el espectro nacional.
La oposición demandó ante Almagro la nulidad de las votaciones de 2016, en las que la abstención se calcula alrededor de un 70%, a la espera de lograr una nueva convocatoria electoral sin exclusiones, con una nueva Ley Electoral y tras una reforma integral de las estructuras electorales, partiendo por el Consejo Supremo Electoral.
Al culminar su ronda de encuentros con todos los sectores políticos y sociales del país, incluido el gobierno, Almagro declaró a Confidencial que el diálogo entre la OEA y Nicaragua no se limita a “temas electorales”, sino también en “la identificación e intercambio sobre temas de carácter institucional en el sistema político”.
