15 de agosto 2022
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La mañana de este lunes, 15 de agosto, Mario Hurtado, propietario de la Casa de Empeño Prisa, recibió una llamada urgente de Óscar Durán, su gerente general en Nicaragua, en la que le comunicaba que policías vestidos como antimotines, habían invadido las oficinas centrales de la empresa, situadas en Managua, así como las 38 sucursales ubicadas en todo el país.
Prisa es una casa de empeño con presencia en todas las cabeceras departamentales de Nicaragua, y en varios municipios más, desde donde unos 150 empleados atienden a casi 22 000 clientes, (según datos aportados por Hurtado, más otros disponibles en su sitio web). La empresa se convirtió en noticia apenas despuntar la semana, cuando las fotos de sus sucursales invadidas por la Policía, invadieron las redes sociales.
Hurtado dijo a CONFIDENCIAL, que el despojo de sus propiedades representa para él, una pérdida de 4.6 millones de dólares, por lo que “estoy buscando a la Secretaría [ministerio] de Relaciones Exteriores de México para quejarme, porque hay un tratado de libre comercio entre ambos, que protege las inversiones de los ciudadanos mexicanos”.
El empresario explicó que, aunque nació en Nicaragua, también tiene la nacionalidad mexicana por ser hijo de un ciudadano de ese país, en donde radica desde hace dos años, luego de viajar allá para tratarse de una dolencia médica.
Al hacer el detalle de las pérdidas, explicó que la empresa está valorada en tres millones de dólares, (la mitad de ese monto, constituida por los objetos dejados en prenda), a lo que suma el valor de su secuestrada casa en Ticuantepe, de 600 metros cuadrados de construcción con piscina, cancha de tenis, etc., en un área de 4 manzanas, que cuesta 1.6 millones de dólares más.
Hurtado y sus 150 empleados no son los únicos que pierden. En el allanamiento, también resultaron afectados los clientes que les habían dejado sus posesiones en garantía por un préstamo, porque “se llevaron oro, plata, motos, computadoras, artículos en empeño, hasta los celulares de los trabajadores, los de los gerentes, y el del abogado. Legalmente, lo que se llevaron no es mío, sino de mis clientes”, precisó.
El empresario dice que no entiende las razones para este ataque, porque, siguiendo consejos de sus amigos, decidió retirarse de la política, dejó de hacer comentarios en redes sociales, se alejó del Diario La Prensa, y siempre se esmeró por cumplir cualquier obligación tributaria o administrativa que estuviera vigente.
Prisa tenía 38 sucursales en Nicaragua más su sede central. Foto: Tomada de redes sociales
“Soy parte de la [Unidad de Análisis Financiero] UAF”, en calidad de ‘Sujeto Obligado’, por lo cual la empresa tiene un ‘oficial de cumplimiento’. “Mi pago de impuestos está al día. No tengo reclamo alguno, ni me ha comunicado que haya ninguna investigación en mi contra”, aseveró.
Recuerda que “mis amigos me decían: ‘retirate de la política; un día te van a detener en la calle, y te van a poner un kilo de coca en el carro’. Conociendo al orteguismo, mejor me retiré de la política, incluso del Semanario El Azote, con el que colaboré por doce años, donde firmaba como ‘Pocholo’. También edité la sección de Opinión de La Prensa por una semana, pero dejé todo eso atrás”, relata.
Dice que ni siquiera participaba en algún grupo de chat con opositores a Ortega; “jamás he financiado a ningún partido político, ni a ningún político opositor”, añade, recordando que en 2014, estuvo preso dos años “por un supuesto juicio de usura”, condena de la que solo cumplió seis meses, cuando amigos suyos abogaron ante las altas esferas del partido de Gobierno para conseguir su liberación anticipada.
Aunque ha seguido tratando de comunicarse con Óscar, su gerente general, o cualquiera de los demás gerentes de sucursales, o el personal que cuidaba su casa, a los que también les confiscaron sus celulares personales, sigue sin lograrlo. Por ahora, solo intuye un poco de lo que está pasando, gracias a las redes sociales de las que se había apartado, esperando que no le pasara lo que finalmente le pasó.
