16 de agosto 2022
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Mario Hurtado, el empresario nicaragüense y mexicano que el lunes 15 fue confiscado de facto por el Gobierno de Nicaragua, informó a CONFIDENCIAL que este martes por la mañana, será recibido en la Dirección de Protección a los Mexicanos, de la Secretaría [ministerio] de Relaciones Exteriores de la nación azteca, para denunciar la invasión y ocupación de dos de sus empresas -la Casa de Empeño Prisa, así como Joyas Alicia- además de su casa de habitación, lo que le representa pérdidas por más de 4.8 millones de dólares.
El sector privado nicaragüense se ha visto afectado no solo por la continuada crisis económica que, en el caso de Nicaragua, comenzó en 2018 y se profundizó en 2020, con el inicio de la pandemia de covid-19, sino también por los ataques del régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, lo que incluye cierre y expropiación de empresas; la captura y juicio del liderazgo gremial, incluyendo banqueros, así como el endurecimiento de leyes que afectan a las cámaras gremiales.
Hurtado, que habita en México desde hace dos años por razones de salud, dijo que se enteró de la invasión a sus propiedades, cuando el gerente general de la Casa de Empeño Prisa, Óscar Durán, lo llamó para comunicarle que policías vestidos como antimotines, habían invadido las oficinas centrales de la empresa, situadas en Managua, así como las 38 sucursales ubicadas en todo el país.
Poco después se enteraría que otra empresa de su propiedad, Joyas Alicia, también había sido invadida por agentes policiales que se llevaron las joyas que estaban listas para ser enviadas a los clientes, así como máquinas de trabajo, dinero, cheques, y computadoras, y que parte del personal fue citado para presentarse en las oficinas de Auxilio Judicial, la mañana de este martes.
Hasta donde Hurtado sabe (porque a todo su personal le fueron secuestrados los aparatos celulares de uso personal), tanto Durán, (el gerente general de Casa de Empeño Prisa), como Anielka Santamaría, gerente de Joyas Alicia, permanecen detenidos por la Policía Nacional -así como otros 20 o 30 empleados más- sin que tenga certeza de la existencia de investigación, acusación, o causa legal alguna, en contra de alguno de ellos o de las empresas.
TLC con México protege inversiones aztecas
Hurtado dijo a CONFIDENCIAL, que el despojo de sus propiedades le representa una pérdida superior a los 4.8 millones de dólares, y que espera encontrar apoyo por parte de la Cancillería mexicana, contando con que el Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica, “protege las inversiones de los ciudadanos mexicanos”.
El empresario explicó que, aunque nació en Nicaragua, también tiene la nacionalidad mexicana por ser hijo de un ciudadano de ese país, en donde radica desde hace dos años, luego de viajar allá para tratarse de una dolencia médica.
Ese TLC entró en vigor para Nicaragua, a partir del 1 de septiembre de 2012. Como ocurre en este tipo de tratados internacionales, el TLC entre México y Centroamérica tiene abundantes y detalladas explicaciones acerca de cómo proceder en casos como este y otros similares, por lo que Hurtado dijo que también había hablado con el consulado de México en Nicaragua, que le pidió información y documentos, para presentarlos al embajador.
“Lo normal es que un diplomático vaya y le diga a las autoridades: ‘ustedes allanaron, secuestraron y robaron sin una orden judicial. Tienen que restituir sus propiedades’, pero ya sabemos cómo es Nicaragua”, reflexionó.
Prisa es una casa de empeño con presencia en todas las cabeceras departamentales del país, y en varios municipios más, desde donde unos 150 empleados atienden a casi 22 000 clientes, (según datos aportados por Hurtado, más otros disponibles en su sitio web). La empresa se convirtió en noticia apenas despuntar la semana, cuando las fotos de sus sucursales invadidas por la Policía, se multiplicaron en las redes sociales.
Explicó que también fue atacada ‘Joyas Alicia’, una pequeña empresa de su propiedad, que tiene siete sucursales (seis en Managua y una en Juigalpa), donde compran joyas de plata en mal estado para repararlas, limpiarlas y venderlas, además que pulen y venden las joyas de plata que la gente llega a vender, (o empeñar y después no puede sacar). También trabajan con oro, pero muy poco. “1% tal vez”, dijo el empresario.
Pérdidas millonarias
Al hacer el detalle de las pérdidas, explicó que Prisa está valorada en tres millones de dólares, (la mitad de ese monto, constituida por los objetos dejados en prenda), a lo que suma el valor de su secuestrada casa en Ticuantepe: 600 metros cuadrados de construcción con piscina, cancha de tenis, etc., en un área de cuatro manzanas, que cuesta 1.6 millones de dólares más, “y otros doscientos a doscientos cincuenta mil dólares”, por Joyas Alicia, lo que incluye la plata, máquinas, equipos de trabajo, cheques y dinero en efectivo.
Hurtado y sus más de 150 empleados en 46 sucursales, no son los únicos que pierden. En el allanamiento, también resultaron afectados los clientes que les habían dejado sus posesiones en garantía por un préstamo, porque “se llevaron oro, plata, motos, computadoras, artículos en empeño, hasta los celulares de los trabajadores, los de los gerentes, y el del abogado. Legalmente, lo que se llevaron no es mío, sino de mis clientes”, precisó.
El empresario dice que no entiende las razones para este ataque, porque, siguiendo consejos de sus amigos, decidió retirarse de la política, dejó de hacer comentarios en redes sociales, se alejó del diario La Prensa, y siempre se esmeró por cumplir cualquier obligación tributaria o administrativa que estuviera vigente.
“Soy parte de la [Unidad de Análisis Financiero] UAF”, en calidad de ‘Sujeto Obligado’, por lo cual la empresa tiene un ‘oficial de cumplimiento’. “Mi pago de impuestos está al día. No tengo reclamo alguno, ni me ha comunicado que haya ninguna investigación en mi contra”, aseveró.
Recuerda que “mis amigos me decían: ‘retirate de la política; un día te van a detener en la calle, y te van a poner un kilo de coca en el carro’. Conociendo al orteguismo, mejor me retiré de la política, incluso del Semanario El Azote, con el que colaboré por doce años, donde firmaba como ‘Pocholo’. También edité la sección de Opinión de La Prensa por una semana, pero dejé todo eso atrás”, relata.
Dice que ni siquiera participaba en algún grupo de chat con opositores a Ortega; “jamás he financiado a ningún partido político, ni a ningún político opositor”, añade, recordando que en 2014, fue condenado a dos años de cárcel, “por un supuesto juicio de usura”, pena de la que solo cumplió seis meses, cuando amigos suyos abogaron ante las altas esferas del partido de Gobierno para conseguir su liberación anticipada.
Aunque ha seguido tratando de comunicarse con Óscar, su gerente general, o cualquiera de los demás gerentes de sucursales, o el personal que cuidaba su casa, a los que también les confiscaron sus celulares personales, sigue sin lograrlo. Por ahora, solo intuye un poco de lo que está pasando, gracias a las redes sociales de las que se había apartado, esperando que no le pasara lo que finalmente le pasó.
