7 de febrero 2022
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Los juicios políticos emprendidos por el régimen orteguista en contra de los reos de conciencia encarcelados en el complejo carcelario el Chipote no tienen “sustancia probatoria” ni tampoco “legitimidad de origen “, explicó el jurista brasileño Paulo Abrão, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esta semana ya se dieron las primeras siete condenas en contra de estos reos de conciencia, en irregulares juicios que se están realizando en el Chipote, y no en un Juzgado correspondiente. Los presos políticos condenados fueron las dirigentes políticas Ana Margarita Vijil y Dora María Téllez; el líder estudiantil Lesther Alemán; el periodista y precandidato presidencial Miguel Mora, los jóvenes activistas Yader Parajón y Yaser Vado y la exdiputada María Fernanda Flores, todos declarados culpables del supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
Entre las pruebas presentadas por el Ministerio Público que fueron aceptadas como válidas por los jueces orteguistas fueron publicaciones en Twitter u otras redes sociales, en los que procesados compartían información u opinaban de forma crítica del régimen.
Abrão en una entrevista en el programa Esta Semana-que se transmite por Facebook y YouTube por la censura del régimen- explicó que el hecho de establecer como pruebas válidas expresiones que forman parte del libre pensamiento que cada ciudadano tiene derecho a tener, es una prueba clara de la carencia de legitimidad de origen de las supuestas pruebas con las cuales se está condenando a los reos de conciencia.
“Eso es un ejemplo de la gran fragilidad de estos juicios, que no tienen materialidad concreta, no tienen sustancia probatoria. Tienen que buscar en actitudes de expresión de la libertad de pensamiento, los fundamentos para poder encuadrarlos en situaciones de atentado a la nación, al Estado o la seguridad nacional”, puntualizó.
“Esto afecta la libertad de expresión y el ejercicio libre de los medios de comunicación independientes. Las propias condenas y su fundamentación agravan toda la sucesión de actos autoritarios en contra de los reos. Las sentencias en sí, es una nueva violación a sus derechos humanos”, añadió el jurista brasileño.
La sucesión de actos autoritarios a las que refiere Abrão en los juicios políticos del orteguismo es lo que privan a estos procesos de legitimidad jurídica. Ilegalidades que van desde las mismas capturas, hechas de forma que violentaron los procesos legales establecidos en Nicaragua, hasta la actuación del Ministerio Público y los jueces mismos durante estos procesos judiciales.
El Ministerio Público del régimen, además de pedir penas carcelarias de hasta 15 años de cárcel, exige que la condena también establezca la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Las sentencias de los primeros siete condenados se darán a conocer en el transcurso de esta semana.
“Estamos viendo juicios a puertas cerradas, con intimidación a las personas que están siendo acusadas. Les están coartando el derecho a poder hablar libremente. Tienen que lidiar con todo el acoso e intimidación a sus familiares, con todo el proceso de estigmatización y prejuicio de las máximas autoridades del país. Es una situación incomparablemente grave lo que pasa en Nicaragua”, apuntó Abrão.
Cuando el Ministerio Público del régimen divulgó el inicio de los juicios políticos, lo hizo por medio de una nota de prensa en la que violó el principio de presunción de inocencia de los reos de conciencia, al calificarlos de “criminales y delincuentes”.
Vista de la entrada principal del complejo policial Evaristo Vásquez, conocido como el Chipote. Foto: Confidencial
“La Fiscalía está siendo completamente instrumentalizada, porque todos sabemos que estos juicios que pasan en Nicaragua fueron premeditados y preparados. Crearon todo un ambiente de persecución que involucra al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y ahora al Poder de Justicia. Se está consolidando un estado policial, un estado de excepción. Pero a la vez, se está gestando un ambiente de una generalizada ilegitimidad, un generalizado autoritarismo, con esta manipulación de las estructuras estatales”, expuso el ex secretario ejecutivo de la CIDH.
Abrão sostiene que esta instrumentalización totalitarista del aparato estatal para asediar, perseguir y encarcelar opositores y ciudadanos en Nicaragua no tiene comparación en la región latinoamericana, incluso tomando como puntos para comparar a naciones con problemas en sus sistemas de gobierno como El Salvador, Honduras o regímenes como el de Venezuela.
“Es uno de los peores escenarios que se puede construir en cualquier país, porque la gente ya no tiene más alternativa de protección, ya no tienen a quien buscar. No hay en estos momentos una situación comparable como la que vive Nicaragua. No hay como comparar el totalitarismo que vive Nicaragua, con otras situaciones en la región”, añadió.
El jurista explicó que otros países totalitaristas en que se practica la condena a opositores y la persecución política, al menos existen “brechas mínimas” en sus carcomidos sistemas judiciales que permiten rechazar las condenas o denunciar la arbitrariedad que viven los procesados.
Uno de los incidentes más llamativos en los juicios políticos del Chipote es cuando se dio la condena del líder estudiantil Lesther Alemán. Cuando quiso hacer uso de su derecho a la palabra, la fiscal le gritó a la juez orteguista Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, “aunque sea su derecho, no le permita hablar”. La judicial cedió ante la exigencia de la fiscal y Alemán solo logró decir, “soy inocente”.
“Se trata de prácticas efectivamente dictatoriales. Nicaragua es un sistema de justicia autoritario, donde se mantiene una apariencia de legalidad para todos los procedimientos judiciales, pero en verdad es una construcción orientada a un determinado grupo de personas con las que existen diferencias políticas o porque tienen pensamientos críticos. Se manipula la legislación y las instituciones judiciales”, mencionó el jurista.
Esta semana está previsto que enfrenten sus juicios los reos de conciencia Suyen Barahona y Víctor Hugo Tinoco, directivos de la organización Unamos, antes denominada Movimiento Renovador Sandinista, el periodista deportivo Miguel Mendoza, el politólogo José Antonio Peraza, el activista Alexis Peralta, el líder campesino Freddy Navas y el dirigente estudiantil Max Jerez.
“Esto va más allá, con las de las autoridades judiciales como cómplices de este sistema represivo legal e ilegítimo. Están manipulando toda la institucionalidad, que en teoría fue creada para proteger a las personas, para desarrollar un aparato represivo”, remarcó Abrão.
El especialista en temas de derechos humanos auguró que cuando la democracia se instale de nuevo en Nicaragua, se podrá revertir sin dificultad los procesos en contra de los reos de conciencia. Para esto, se tendrá que contar con toda la documentación posible sobre estos hechos, más la colaboración de organizaciones internacionales especializadas.
“Cuando la normalidad democrática se restablezca en Nicaragua, yo no tengo ninguna duda que todo esto que está pasando será reparado o anulado, porque todo esto tiene esa fuente de origen que no es legítima y no es democrática. Es una sucesión de ilegalidades y autoritarismos que se acumulan institucionalmente”, pronosticó.
“En el ámbito internacional se puede intentar ayudar, se puede hacer seguimiento a las denuncias. Por ejemplo, en el Comité de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas. También se pueden acelerar los casos que están en tramitación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Deben ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se deje por lo menos registrado, caracterizado y documentado estas violaciones. Esto para que cuando el sistema cambie en Nicaragua, se estará fundamentado para avanzar con esas anulaciones”, finalizó.
