30 de enero 2019
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Las medidas que contiene la propuesta de reforma tributaria presentada este lunes por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, ante la Asamblea Nacional, son apropiadas, perfectas… pero para una economía boyante y en crecimiento. No para la Nicaragua en crisis de 2019.
“Dudo que [esta reforma] vaya a tener éxito”, opinó el economista Néstor Avendaño, presidente de Consultores para el Desarrollo Empresarial (Copades), de Nicaragua.
“Estas medidas no resuelven el problema político y empeoran el económico. En una economía en franca recesión, es absurdo aumentar los costos de producción y los costos del trabajo y el empleo. Es todo lo contrario de lo que hay que hacer”, agregó un economista que pidió el anonimato.
Cámaras rechazan propuestas
La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) expresó su rechazo a la Iniciativa de Ley de Reforma a la Ley No.822 "Ley de Concertación Tributaria" y la Resolución 1/325 y 2/325 dictada por el Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
"Estas medidas profundizan la recesión económica que afecta a miles de nicaragüenses y no atacan las causas de raíz de la grave crisis política y social que estamos atravesando", indicó AmCham en una nota de prensa.
La Cámara alega que "Nicaragua necesita una salida dialogada que obedezca a las demandas de su población que anhela libertad en el ejercicio de sus derechos democráticos, civiles y económicos".
Nuestro rechazo a la iniciativa de ley y reformas. pic.twitter.com/nEU4Y9cTyf
— AmCham Nicaragua (@AmChamNicaragua) 30 de enero de 2019
También la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) aseguró que las reformas propuestas por Ortega disminuirán aún más el poder adquisitivo de la población, traerán mayor desempleo y el cierre de empresas.
“La confianza de los consumidores, empresarios e inversionistas, así como la seguridad ciudadana y la cohesión social, solo podrá restablecerse con acuerdos políticos que aseguren un cambio en el rumbo del país”, afirmó Funides.
La iniciativa de reforma a la Ley de Concertación Tributaria que se presentó a la Asamblea Nacional, sumada a las nuevas disposiciones sobre el Seguro Social, no resuelven el verdadero problema del país, que tiene su origen en una crisis política. pic.twitter.com/VzzO3ogGlE
— COSEP Nicaragua (@COSEPNicaragua) 30 de enero de 2019
Hasta ahora, ningún representante del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), ni de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) fueron citados a discutir la propuesta de reforma tributaria.
El director ejecutivo de Funides, Juan Sebastián Chamorro, aseguró en sus redes sociales que: “Si antes las pensiones eran de hambre, ahora serán de miseria con la nueva fórmula (…) aquellos que cotizaron toda una vida esperando seguridad económica en la vejez, pasarán sus años de retiro en la miseria y hambre”.
Si antes las pensiones eran de hambre, ahora serán de miseria con la nueva fórmula.Una verdadera injusticia para aquellos que cotizaron toda una vida esperando seguridad económica en la vejez. Pasarán sus años de retiro en la miseria y hambre.Esta política cambiará. #sosnicaragua
— Juan Sebastián Chamorro (@Jschamorrog) 29 de enero de 2019
Gobierno "se olvida" de recesión
Propuestas como la de aumentar el Pago Mínimo Definitivo (PMD) “se hacen cuando un país está en bonanza, no cuando está afectado con una recesión económica, en la que si el conflicto político no se resuelve, podríamos desembocar en una depresión económica”, reflexionó Avendaño.
El director de Copades considera “bastante difícil”, que esa propuesta genere los 300 millones de dólares que anhela el régimen.
El ministro Acosta “debe recordar que el escenario macroeconómico de Nicaragua se caracteriza por la recesión económica, la mayor tasa de desempleo y subempleo, los menores niveles de ingreso de la población, el menor gasto de consumo de los hogares, y la estrepitosa caída de la inversión, por la incertidumbre que se vive en el país”, enumeró Avendaño.
El economista tampoco cree que esta reforma sea “progresiva”, porque para ello debería descansar más en la recaudación de impuestos directos -como el de la renta- y en ese renglón “lo único que observo es el alza de las alícuotas del PMD, que afecta principalmente a los grandes contribuyentes, al pasarlo del 1% al 3%, lo que afectará la escasa liquidez de las empresas”.
“Lo que habría que hacer es estimular a las empresas y la economía, recortándoles los costos para que contraten más y se mantengan en marcha, porque lo que va a suceder es que aumentará el despido, y muchas tendrán que cerrar”, remató el experto que pidió el anonimato.
“Las más grandes reducirán poco a poco su actividad hasta llegar al mínimo, lo que es un balazo a la inversión, y mata la producción de futuro, siendo que la actual ya está muerta. Esta reforma aumenta el costo de la vida, y disminuye el poder adquisitivo de los trabajadores, porque se les va a quitar más dinero de la bolsa”, añadió.
Pronóstico: menos gente cotizando
Las reformas a la seguridad social por su parte, perjudican a empleados y empleadores por igual: a los trabajadores, porque ahora tendrán que cotizar más y recibirán menos, mientras que las empresas ven aumentar sus costos de forma inmediata, lo que en términos generales, “está creando un fortísimo desincentivo para la formalización”, dijo otro economista que también pidió el anonimato por temor a represalias.
“Estos incrementos resultarían muy fuertes en condiciones normales, dado que nuestro país exhibe ya las tasas de contribución más altas de la región, mientras su PIB per cápita es el más bajo”, dijo el experto.
“Sus repercusiones tenderán a ser especialmente serias en el contexto de la severa crisis económica y social que vive el país, además de que, por la situación en que se producen, tienden a incrementar los elevados niveles de incertidumbre que existen, afectando con ello, todavía más, a la inversión privada”, añadió.
El economista observa que se genera un incentivo para los empresarios grandes y/o medianos, sobre todo en los sectores más afectados por la crisis, para buscar mecanismos para reducir la afiliación (incrementar la tercerización sería uno de ellos), mientras que aquellos que ya experimentan disminución en sus ventas y problemas agudos de liquidez, podrían verse compelidos a cerrar, o a reducir el número de empleos.
Además del “incremento tan considerable” en las tasas de contribución, que muy probablemente “produzcan una desafiliación masiva del régimen facultativo”, el desincentivo para continuar afiliados será aún más considerable si se toma en cuenta que la reducción de las pensiones a recibir, estaría entre -36% y -42% en comparación con las fórmulas actuales, además que ahora se puede obtener una pensión máxima del 70% del salario base, cuando antes se podía llegar al 80%.
