4 de mayo 2022
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Un “informe” a cargo de dos comisiones de la Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, propone incrementar de 15 a 20 años de cárcel las condenas contra los futuros presos políticos de Nicaragua juzgados por “traición a la patria”, y promueve la confiscación inconstitucional de sus bienes a través de la figura jurídica de “extinción de dominio”, en un nuevo intento por infundir más terror entre la ciudadanía, según alerta la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia.
La primera recomendación del informe es agregar al artículo 409 del Código Penal el concepto de “extinción de dominio”— una confiscación, según Núñez— como una pena accesoria “para aquellos condenados que utilizaron o adquirieron bienes, en la comisión de delitos de traición a la patria, delitos que comprometen la paz, delitos contra la Constitución Política y conexos, así como aquellos que fueron beneficiados con bienes entregados por el Estado”.
Núñez critica que la redacción es confusa, y cuestiona: “¿A quiénes se refieren exactamente con eso de quienes fueron beneficiados con bienes entregados por el Estado?”. Además, alega que sería una medida inconstitucional, porque la carta magna prohíbe de manera textual las confiscaciones en su artículo 44.
La presidenta del Cenidh recuerda también que los condenados en el actual contexto represivo han sido en su mayoría por los supuestos delitos de “menoscabo contra la integridad”, y pregunta si acaso “¿van a comenzar a acusar por traición a la patria?”.
Según un recuento de CONFIDENCIAL, 67 personas fueron detenidas en 2021 como presos políticos en la más reciente ola de persecución para anular la competencia electoral e imponer la censura: 45 fueron acusados por el delito de menoscabo, y 12 de estos fueron denunciados también por noticias falsas. Sin embargo, un abogado penalista, consultado bajo condición de anonimato, advierte que existe la posibilidad de que venga una nueva ola de detenciones usando precisamente el “delito de traición”.
En el informe, los diputados aceptan también la recomendación de agregar un incremento de la pena, reformando el artículo 410 del Código Penal, pasando de 15 a 20 años, por el delito de “menoscabo”. El tema sería si una reforma podría aplicarse a las causas ya radicadas contra los presos políticos, como han expresado familiares al Cenidh.
“No se la pueden aplicar ya a los actuales presos políticos porque la ley no tiene efecto retroactivo”, asegura Núñez. El experto en derecho penal citado anteriormente agrega que la propuesta no fue lo “suficientemente justificada”.
Consultas entre ellos mismos
El 27 de abril, legisladores orteguistas enviaron a la Presidencia de la Asamblea Nacional, un informe supuestamente basado en “sesiones de trabajo” con instituciones del Estado que integran el sistema de justicia penal y “víctimas de crímenes de odio y familiares de personas asesinadas durante el fallido intento del golpe de Estado de 2018”, como se refiere el Gobierno a las protestas ciudadanas que estallaron en abril de ese año y fueron reprimidas y masacradas por turbas orteguistas, policías y paramilitares del régimen.
Sin embargo, Núñez, abogada y expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), considera que la propuesta no guarda las formas legales mínimas y usa un lenguaje confuso e intimidatorio, y no es de ninguna manera una iniciativa de ley, pese a que el documento recomienda la conformación de una comisión interinstitucional para que “tomen acciones”.
Algunos de los legisladores sandinistas firmantes son Edwin Castro, jefe de la bancada del FSLN; Filiberto Rodríguez, Carlos Emilio López y Jenny Martínez, quienes hacen énfasis en que se trata de un informe que aborda las normas penales jurídicas que se aplican “a las personas que cometen ciberdelito (noticias falsas), delitos contra la integridad nacional, que reciben dinero de fuentes externas para cometer crímenes de odio”, entre otros.
Para Vilma Núñez, los legisladores estarían violando las normas y procedimientos existentes. “Es una aberración jurídica. Si pretenden introducir reformas a las leyes penales, lo que han establecido no se corresponde con lo que dice la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo sobre el proceso de formación de las leyes”, explicó.
El marco jurídico nacional indica que las leyes siguen un proceso de formación que nace con la presentación de una iniciativa— lo hacen los diputados o el presidente de la Asamblea ante la Primera Secretaría—, luego se envía a una comisión que cita a la ciudadanía para consultas y se elabora un dictamen que pasa a plenario para ser discutido y aprobado en el articulado en general, y luego de manera específica, y el presidente de la república tiene la opción de vetar la ley para luego mandarla a publicar en La Gaceta.
El informe contiene un “análisis” elaborado por la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos y la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos. Según el documento, entre el 11 de febrero y el 6 de abril fueron citadas 25 personas —en 17 sesiones— entre funcionarios policiales, jueces, fiscales, magistrados de apelaciones, legisladores y supuestas víctimas.
Entre los “consultados” destacan el comisionado Lenín Soza Robelo, jefe de Asesoría Legal de la Policía; Javier Morazán, a cargo de la Unidad de Crimen Organizado del Ministerio Público; Douglas Vargas, inspector general de la Fiscalía; el magistrado sandinista Henry Morales y la jueza oficialista Nadia Camila Tardencilla, entre otros, todos miembros de la maquinaria que ha hecho posible las condenas contra los presos políticos.
Contra religiosos y defensores
También los diputados ponen bajo la mira a dos sectores que han sido críticos con la dictadura. Las “víctimas consultadas” expresaron que las penas deberían ser más severas y demandaron justicia para “con los religiosos y directores de organizaciones de derechos humanos que se involucraron en la aventura golpista”.
Núñez insiste en que utilizan un lenguaje intimidatorio hacia sectores que se caracterizaron por la defensa de los derechos humanos cuando el Estado reprimió con brutalidad las manifestaciones de opositores en 2018. El saldo fue 355 asesinados en el contexto de las protestas, según los datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Ejecutivo argumentó que fue víctima de un intento de golpe de Estado, del que la comunidad internacional no encontró ninguna evidencia.
Otro punto de las comisiones legislativas abre la puerta a la reforma del artículo 147 del Código Procesal Penal y obligaría a los entrevistados, durante un proceso de “investigación” del Ministerio Público y la Policía, a guardar reserva, es decir a quedarse callados si, por ejemplo, lo consultan los medios de comunicación.
Una declaración legislativa para alabarse
En medio de la polémica pública suscitada, el Parlamento publicó este 4 de mayo una declaración firmada por su primera secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea, la diputada sandinista Loria Raquel Dixon, en la que alaba el cuerpo legal existente en torno a los delitos de “menoscabo a la integridad y soberanía nacional”.
Dixon afirmó que Nicaragua dispone de un “ordenamiento jurídico claro y actualizado que garantiza la justicia, paz y seguridad ciudadana”, pero prometen que seguirán garantizando un marco legal que anteponga los “sagrados intereses de la patria”.
De acuerdo con el penalista consultado, “lamentablemente, en un proceso normal de consulta se daría oportunidad a varios sectores de presentar sus puntos de vista, sin embargo, aquí solo van ellos mismos. Todos ellos se reunieron y llegaron a la conclusión de que era la propuesta más adecuada, tal vez algunos pequeños detalles es que les vayan a cambiar los asesores a la hora de presentar el proyecto, pero seguro lo aprueban un día de estos”.
Aprueban los documentos
La Asamblea aprobó este miércoles el informe de las dos comisiones y la declaración legislativa, durante un acto en que conmemoraron el día de la "dignidad nacional". El primero fue aprobado con 77 votos y el segundo fue con 75.
La amenaza de las reformas penales para endurecer las penas en los delitos señalados quedó latente. El jefe de la bancada del FSLN, Edwin Castro, dijo que el tema vendrá "en su momento" a discusión en la Asamblea Nacional, pero sostuvo que, mientras tanto, se propuso la creación de la comisión interinstitucional, integradas por instituciones del sistema de justicia penal para proponer "acciones" dentro de un plan aprobado y consensuado por el Estado.
