2 de febrero 2019
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Aunque la Resolución 1-325, que reforma el sistema de pensiones, fue presentada e impuesta aprobada sin demasiado ruido ni discusión, nadie duda que su aplicación tendrá sello de escándalo, en especial cuando los trabajadores y las empresas tengan que aumentar los porcentajes a entregar al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), en concepto de cotización.
A la par, los trabajadores que lleguen a la edad de retiro y soliciten una pensión de ley, verán cómo los montos a recibir se reducen hasta en 40%, y que, de hecho, ya nadie puede esperar recibir más del 70% de su salario base, cuando antes era posible llegar hasta el 80%.
En abril del año pasado, el presidente del Consejo Directivo del INSS, Roberto López, anunció la decisión unilateral del Gobierno de imponer varias reformas al régimen de pensiones del país, lo que sirvió como detonante a una crisis que acumulaba las inconformidades sociales desde hace una década, y desembocó en una ola de represión gubernamental que dejó al menos 325 muertos, así como miles de heridos, desaparecidos, exiliados, presos y desempleados.
Escandaloso déficit
Poco más de nueve meses después, López revive y amplía su reforma, esta vez acuciado por una previsión que apunta a que el déficit del seguro social se elevará hasta los 5100 millones de córdobas, duplicando por mucho el déficit de 2373.8 millones observado en 2017.
“No estamos escuchando nada nuevo con respeto a abril”, dijo en entrevista con el programa Esta Noche, el economista Mario Arana, recién electo presidente de Amcham, para quien “esta propuesta es a la carrera, y difícilmente logrará los resultados que se buscan, menos en la situación que está el país. No es aceptable tal como está siendo planteada”, advirtió.
En la dirección contraria, el diputado Edwin Castro, jefe de la bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, trató de justificar el aumento de las cotizaciones, combinado con la disminución de los montos a pagar a los nuevos jubilados, con la excusa del “golpe de Estado”, con la que la narrativa oficial intenta desviar su responsabilidad en la masacre que sufrió el pueblo nicaragüense a partir de la Rebelión de Abril.
Este reajuste “es para seguir garantizando pensiones, servicios de salud, proteger el bienestar y seguir salvando vidas”, dijo el diputado oficialista, para tratar de justificar que las empresas con más de 50 empleados terminen pagando el 23% de su planilla a la Seguridad Social, mientras las pymes pasarán a enterar el 22%; los trabajadores llegarán al 7.0% de sus salarios, y el Estado pasa del 0.25% de la masa salarial, al 1.75%.
Perdiendo competitividad
Desde el sector privado —que antes de este golpe asumía la mayor carga de la Seguridad Social— se señala cómo estas medidas representan un incentivo poderoso para que ninguna planilla pase de 50 empleados.
“Esto solo logrará que más empresas salgan del sector formal. Las medianas y pequeñas empresas van a rendirse y permanecer en la informalidad, o regresar a ella. En el caso del seguro facultativo (el que contratan los ciudadanos que trabajan por su cuenta y no para alguna empresa) ¿cuántos profesionales van a querer afiliarse?”, cuestionó una fuente del sector urbanístico.
El ejecutivo de una gran industria local, vaticinó que la reforma a la Seguridad Social “generará despidos, o frenará el crecimiento de la contratación en las empresas, o las empujará a buscar formas de contratar personal sin tener que pagar INSS, quizás tercerizando su producción”.
Para Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua, (Cadin), al tener que aportar 22% a 23% de su planilla total, las empresas nicaragüenses estarán más que duplicando las tasas promedio que se pagan por el mismo concepto en el resto de Centroamérica, lo que las deja con “menos capacidad para competir”.
El previsto aumento del desempleo y el cierre de empresas generará más informalidad, y llevará a que la población pierda poder adquisitivo, lo que catalogó de “muy grave”.
Turismo con tiro de gracia
Para la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), las reformas del INSS, que elevan la cuota patronal en 3.5 puntos porcentuales, “asestan un tiro de gracia a la ya agonizante industria turística en general, sean estas pequeñas, medianas o grandes, que se encuentran en estado de sobrevivencia. Todo esto repercutirá en el cierre de más empresas y mayor desempleo, afectando duramente a las familias y a la población en general”.
Ello los lleva a rechazar “categóricamente” la reforma a la Seguridad Social, que acelerará “aún más, el hundimiento de la economía del país”.
“Demandamos al Gobierno, sin más dilación, el inicio del diálogo en la búsqueda de la verdadera salida para el país. Mientras no haya una salida política y negociada a la crisis, no podrá haber recuperación económica”, sentenció el gremio.
