Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco)
16 de diciembre 2016
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Está cerrando el año 2016, un período en el que se produjeron hechos de máxima relevancia en la evolución política, económica y social del país. En este boletín pasaremos revista por lo más importante del saldo del año en materia política, un período de cambios, a pesar del continuismo.
Régimen sin legitimidad, ni legalidad
Durante años, el oficialismo ha tratado de forjar una imagen interna e internacional de ser un gobierno con un respaldo popular creciente. Para transmitir y afianzar esa impresión, la familia Ortega se apropió de la mayoría de los medios de comunicación, cooptó periodistas y comunicadores, pagó publicidad, contrató encuestas hechas a la medida, movilizó fuerzas y ejecutó una política de contención, coerción y represión a la movilización popular por cualquier tipo de demanda.
El resultado principal de las votaciones del 6 de noviembre fue la derrota total del mito de la popularidad de Ortega. Más del 70% de las personas hábiles para votar se abstuvieron, en un acto, no de indiferencia, sino de rechazo a un proceso electoral calificado como una farsa y que concluyó con el más grande fraude ejecutado a la fecha. El régimen fue desnudado por partida doble: quedó claro, dentro y fuera del país, que el orteguismo es minoritario y que solo podía alzarse con una “victoria” mediante un fraude electoral, sin participación de la oposición y sin observación nacional e internacional calificada e independiente.
A la fecha, el Consejo Supremo Electoral, que se apresuró a dar a conocer una cifra del 72% de votos a favor del FSLN, no ha publicado los resultados de las actas de escrutinio, pues como se sabe, hubo una masiva adulteración de las mismas, en prácticamente la totalidad de las Juntas Receptoras de Votos.
Un resultado así de fraudulento, carece de legalidad y con la enorme abstención que se registró, carece de legitimidad.
El destape del régimen dinástico
Con las reformas constitucionales de 2014, quedó claro que el proyecto de Ortega es el continuismo autoritario. Y con la candidatura de Rosario Murillo a la vicepresidencia quedó sellado como un régimen familiar y dinástico.
Se trata, también, como lo ha señalado la Conferencia Episcopal y numerosos sectores políticos y sociales, de un régimen de partido único, La precariedad del orteguismo en el ánimo popular, lo obligó a derrumbar el último espacio de pluralismo político que quedaba, anulando la personalidad jurídica del PAC, traspasando de manos la personalidad jurídica del PLI y destituyendo a los diputados opositores del PLI y el MRS de la Asamblea Nacional. Todo para impedir la participación electoral de la Coalición Nacional por la Democracia. Estos hechos causaron un repudio generalizado en el país al cerrarse la posibilidad de hacer un cambio por la vía electoral. También resultaron escandalosos en el ámbito internacional, pues no se puede entender democracia sin pluralismo, ni libre participación en los procesos electorales.
Por primera vez en muchos años, la atención internacional volvió los ojos hacia Nicaragua y en todos los continentes se difundió, con estupor, la naturaleza familiar y dinástica del modelo político del orteguismo y sus extremos de corrupción, impunidad, violación de derechos humanos y autoritarismo rampante. Desde todo el espectro ideológico se han manifestado voces de condena, desde gobiernos, parlamentos, partidos políticos, movimientos sociales y medios de comunicación.
Desde entonces, la imagen, cuidadosamente cultivada, de un gobierno de Ortega popular y socialmente sensible, enfrenta su peor momento, cosechando el nivel más elevado de aislamiento internacional que ha tenido gobierno nicaragüense alguno en los últimos 37años.
El remate al sistema electoral
A mediodía del seis de noviembre ya se había escuchado, el primer mensaje del pueblo nicaragüense estaba dado. La magnitud de la abstención ratificó en altas y claras voces, que el sistema electoral carece de credibilidad.
La totalidad de los procesos del Poder Electoral están cuestionados por no corresponderse a los que un árbitro independiente debería asegurar para que se ejerza el derecho a elegir y ser electos en una sociedad democrática. Nadie le concede ya, imparcialidad al sistema electoral nicaragüense, para dirimir la libre y transparente competencia por el poder político.
El colapso del sistema electoral ha sido un hecho conocido, pero estas “elecciones” y su resultado, le han dado un tiro de gracia.
El gobierno, en una maniobra de última hora, frente a la posibilidad de que la Secretaría General de la OEA publicara un informe sobre el proceso electoral, antes de las votaciones, aceptó abrir un diálogo y logró extender el plazo para la presentación del informe a más tardar el 15 de enero de 2017, si a esa fecha aún no había sido posible publicar un informe conjunto.
Pero, el fraude descarado y la abstención generalizada, ampliamente documentados por organizaciones de la sociedad civil y fuerzas políticas, superaron cualquier posible expectativa frente al informe de la OEA. De acuerdo a las recomendaciones de las misiones de la OEA y la Unión Europea de 2011, los cambios a realizar en el Poder Electoral eran elevados, comenzando por la manera en que se integran las Juntas Receptoras de Votos, que le concede una mayoría al oficialismo. Todos sabemos que el control de las mesas electorales y del tendido de los fiscales de los partidos satélites ha sido clave en la ejecución de todos los fraudes electorales desde 2007. En las presentes circunstancias, se impone una reforma profunda a las estructuras y normas electorales y un cambio radical en la composición del Consejo Supremo Electoral.
El deterioro de las relaciones con los Estados Unidos
Si el gobierno de Ortega abrió el año 2016 confiado de sus buenas y estables relaciones con los Estados Unidos, lo cierra con crisis.
En septiembre, la administración Obama dejó claro que las relaciones con el gobierno de Nicaragua atravesaban su peor momento. Ese mismo mes, la iniciativa conocida como Nica Act fue aprobada unánimemente en la Cámara de Representantes.
Aún no se tienen referencias de la política de la nueva administración republicana de Donald Trump, hacia América Latina en general y Centroamérica, en particular. Pero, hay que anotar algunos hechos.
El lobby cubano americano, adversario de la apertura hacia La Habana, podría tener una influencia importante en la nueva administración, lo que podría resultar en tensiones con el gobierno de Ortega. La Nica Act, considerada una amenaza a la economía nacional, fue una iniciativa bipartidista, que contó con un impulso decidido por los congresistas republicanos cubano-americanos, todos los cuales fueron reelectos en sus posiciones. La iniciativa no se encuentra pues, en un punto muerto. Los republicanos controlan ambas cámaras en el Congreso de los Estados Unidos. Ileana Ross-Lehtinen una de las principales promotoras de la Nica Act, ha declarado, en los primeros días de diciembre, su voluntad de seguir moviendo la iniciativa en las nuevas condiciones, habida cuenta de la persistencia y empeoramiento de las condiciones que la originaron.
Por otro lado, el general retirado John Kelly, nombrado como jefe del Departamento de Seguridad Interior, antiguo jefe del Comando Sur y considerado como un especialista en América Latina, ha puesto énfasis en el tema migratorio y el crimen organizado como un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. El gobierno del inconstitucional Ortega, podría ofrecerle, como lo ha estado haciendo con la administración Obama, una colaboración en esta materia.
Ciertamente, mucho de lo que pueda pensarse sobre la política de Trump está en el ámbito de la especulación que solo se irá despejando el próximo año. Al cierre de este boletín, aún no había sido nombrado el Secretario de Estado, de quien dependerá la conducción de la política exterior de la administración republicana.
La administración Obama había estimulado la búsqueda de un abordaje multilateral a la situación de Nicaragua, apostando a la gestión que podía hacerse desde la Secretaría General de la OEA. Otros países también han estado fortaleciendo esa posición. El acuerdo del gobierno con el Secretario General de la OEA, podría abrir una puerta.
El diálogo con la OEA
A mediados de octubre, el gobierno de Nicaragua y la Secretaría General de la OEA suscribieron un acuerdo en relación al informe preparado en ese organismo, sobre el proceso electoral nicaragüense. Ortega, de esa manera, se evitaba que el Secretario General Almagro presentara, como lo hizo en Venezuela, un reporte previo al día de las votaciones que le restara legitimidad internacional al proceso electoral. Para Ortega, el plazo de tres meses, que concluye el 15 de enero, le era suficiente para imponerse y tomar posesión, siguiendo su lógica tradicional y su estrategia de negociar desde los hechos consumados.
Por su parte, Luis Almagro, Secretario General de la OEA, trataba de evitar convertirse en parte del conflicto como le sucedió en Venezuela, manteniendo su perfil de representante de una organización de países con capacidad de intermediación entre el gobierno y la sociedad civil, incluidas las fuerzas políticas. Almagro aceptó embargar y mantener en secreto el informe de la OEA, pero logró que el gobierno, que había pedido su cabeza, lo reconociera y se viera obligado a tomar en cuenta su posición, además de abrirle la puerta para escuchar a los distintos sectores de la sociedad nicaragüense. Se dice que en la cauta actitud de Almagro también pesó la posición de un sector de sus antiguos compañeros políticos en Uruguay, que aún mantienen aprecio por Ortega y que habrían cabildeado a su favor.
La visita del Secretario General a principios de diciembre dejó más preguntas que respuestas. Un Ortega visiblemente interesado en ganar reconocimiento a su “elección” y a la de su esposa, le ofreció acreditar a una misión de la OEA para el acompañamiento del proceso electoral municipal que se debe realizar en 2017. Por su parte, un Almagro extremadamente diplomático, cumplió con el ritual de reconocimiento oficial a los “electos” solicitado por el gobierno, extremándose en el gesto, lo que fue fuertemente criticado en las redes sociales. En el resto de sus reuniones, se limitó a oír lo que plantearon los distintos sectores y, al final, no emitió consideración alguna sobre la oferta de Ortega.
Almagro solamente avanzó su posición de que es importante “ajustar temas que tienen que ver con el funcionamiento del sistema político, algo que pasa en todos los países de la región”. Esa es una aseveración que se quedó corta, pues la situación del sistema electoral y de la institucionalidad nicaragüense es tan grave, que requiere algo más que afinamiento y no es comparable con la del resto de países del área. En Centroamérica, solamente en Nicaragua se han registrado fraudes electorales sucesivos y es el único país en el que la totalidad de las instituciones públicas, incluyendo el Ejército y la Policía, están sometidas absolutamente al poder de una familia.
Almagro habló de pasos importantes del gobierno en seguridad, energía y educación. Y, ponderó la estabilidad, manifestando su deseo de que el diálogo entre la OEA y el gobierno, fortalezca la confianza mutua y con sectores sociales, políticos y empresariales nicaragüenses. En las declaraciones del Secretario General Almagro, palabras como democracia y derechos humanos estuvieron sorprendentemente ausentes, a pesar de que su discurso cotidiano y oficial, ha sido construido sobre estos temas.
Han transcurrido dos meses del plazo establecido en el acuerdo. Las expectativas en relación al diálogo gobierno-OEA, se mantienen. En ese tiempo, voceros del orteguismo, con el objetivo de bajar tensiones políticas, habían difundido la idea de la apertura de un gran diálogo nacional, luego de las votaciones, que contaría con la intermediación del Secretario General. Más allá de esos juegos de expectativas que gusta impulsar el oficialismo, la preferencia del inconstitucional Ortega es la de llegar a la toma de posesión, con el menor ruido posible. Ortega no hace concesiones gratuitas y ya ofreció la que le resulta más fácil, un acompañamiento al proceso electoral municipal, sin aludir a cambio alguno en el sistema electoral.
Del lado de la Secretaría General, es probable que Almagro esté concentrando sus recomendaciones de “ajustes” al sistema político para ser publicadas con el informe, pretendiendo lograr aceptación del gobierno y de los distintos sectores del país, antes de su publicación. Ortega tratará de seguir ganando tiempo y alargando los plazos, maniobrando a lo interno. Almagro tiene el desafío de lograr que se abra una puerta para iniciar la reconstrucción democrática y la vigencia de los derechos humanos en Nicaragua.
Entre el pacto y la oposición
Sea cual fuere la dirección que tome el diálogo entre el gobierno y la OEA, después de su reinstalación oficial en el poder, Ortega necesitará elementos claves de legitimación nacional e internacional, al mínimo costo posible. El principal objetivo para el oficialismo es, ahora, el de lograr un pacto con una fuerza política dispuesta a no cuestionar que cuenta con cinco años más en el poder y a participar en las elecciones municipales con cambios no sustantivos en el sistema electoral.
Ortega no puede lograr ninguno de estos objetivos con los partidos satélites, conocidos popularmente como “zancudos”, que están plenamente identificados como colaboracionistas dentro y fuera del país. Así que su primera opción parece ser la de buscar un arreglo con Ciudadanos por la Libertad, liderada por Eduardo Montealegre, sobre cuya cabeza penden varios juicios, cuya evolución fue sorpresivamente detenida desde hace varios meses.
Ciudadanos por la Libertad, encabezaba la alianza electoral Coalición Nacional por la Democracia, que se erosionó hasta su desaparición luego de la expulsión del MRS y la salida de Violeta Granera, que había sido candidata a la vicepresidencia, el Movimiento Liberal “Ramiro Sacasa”, la Unión Demócrata Cristiana (UDC), el Partido Acción Ciudadana y del PANAC, al menos el sector encabezado por el reverendo Saturnino Cerrato.
Esa fuerza política, sin personalidad jurídica, ha mantenido gran parte de sus estructuras, perdiendo algunos importantes líderes locales y ex diputados. El hecho de que hayan procedido a solicitar personalidad jurídica a principios de diciembre, ha elevado las especulaciones sobre un eventual acuerdo entre esta fuerza y el orteguismo. Se sabe que a lo interno, hay líderes nacionales que favorecerían un arreglo de esa naturaleza y otros que están decididamente en contra. Está por verse si Ciudadanos por la Libertad tomará el camino del pacto o seguirá haciendo presión para lograr cambios sustanciales en el sistema electoral y en el sistema político. Un pacto como el que aspira Ortega, podría precipitar un deterioro importante en la base social de esa organización tal como sucedió con el PLC en su oportunidad, del que aún no se recupera.
Lograr un acuerdo con una fuerza política implica, para Ortega, tratar de liquidar cualquier otra que se le oponga y continúe deslegitimándolo. En el panorama actual, esa fuerza a quienes los voceros del orteguismo han colocado como su enemigo principal, es el Frente Amplio por la Democracia, un espacio plural en el que coinciden, además de las fuerzas que salieron de la Coalición Nacional por la Democracia, otras agrupaciones políticas y sociales, expresiones de alianzas locales y personalidades. De entre sus participantes, Violeta Granera y el MRS también están en el centro de los ataques del orteguismo.
El FAD sostiene el planteamiento de no reconocer legitimidad al gobierno de Ortega y de exigir nuevas elecciones nacionales a ser realizadas, a más tardar, en noviembre de 2017, junto a las municipales.
El FAD no se ha proclamado como una alianza electoral, no se ha constituido formalmente como una organización y ninguna de las fuerzas políticas que participan de ese espacio, cuenta con personalidad jurídica. Su compromiso con la convocatoria a la abstención y su esfuerzo por mantener la movilización popular lo colocó en primera línea como expresión opositora en el país. De ahí, la preocupación del oficialismo por dividirlo, debilitarlo o desprestigiarlo.
El régimen de Ortega también tratará de renovar los votos de su alianza con los grandes empresarios para lograr la aceptación de su gobierno y un arreglo mínimo sobre el tema electoral. Ortega cree que el gran capital del país privilegiará siempre la estabilidad y los arreglos que les ofrece, a la democracia y que podría estar dispuesto a reconocerle legitimidad, con la esperanza de que estos sean sus últimos cinco años. Con esas expectativas jugará el gobierno luego del 10 de enero del próximo año. Si la Nica Act vuelve a la realidad legislativa de los Estados Unidos y la política de la nueva administración mantiene el énfasis actual en el deterioro de las relaciones con el gobierno, el posicionamiento de los grandes empresarios podría cambiar y favorecer ajustes más profundos en la realidad política del país.
Más allá o más acá del posicionamiento del liderazgo político, social, religioso o empresarial, lo que está claro es que la abstención del pasado 6 de noviembre dejó un mensaje de aspiración popular al cambio y tiene que ver con el deterioro de la condición de vida que perciben la mayoría de los nicaragüenses, la situación de inseguridad y amenazas a la vida en el campo y la Costa Caribe, las violaciones a los derechos humanos y la represión, la amenaza a los campesinos y campesinas de la presunta zona canalera, el hartazgo frente a los mecanismos de control, hostigamiento, discriminación y humillación que los organismos del orteguismo infligen a la población en general.
El año 2016 ha dejado un panorama modificado radicalmente, a pesar del continuismo de la familia Ortega. La situación actual y venidera desafía a las distintas fuerzas políticas y sociales a ejercer adecuadamente la representación de la esperanza y el cambio, potenciar las oportunidades y reabrir los cauces del ejercicio de los derechos ciudadanos de los nicaragüenses.
(Perspectivas No. 108. 2016: cambio a pesar del continuismo)
