29 de septiembre 2020
AA
Share
En su escalada por callar las voces críticas, el régimen de Daniel Ortega pretende silenciar a los opositores y medios independientes con una propuesta de “Ley Especial de Ciberdelitos”, que establece penas de cárcel para los ciudadanos que, desde su óptica, propaguen noticias falsas “a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. La iniciativa, que atenta contra las libertades públicas, ha sido calificado como una “ley mordaza” por expertos.
El régimen determina, en el anteproyecto, como tecnologías la información y la comunicación al “conjunto de medios de comunicación y las aplicaciones de información que permiten la captura, producción, reproducción, transmisión, almacenamiento, procesamiento, tratamiento, y presentación de información, en forma de imágenes, voz, textos, códigos”.
La iniciativa, firmada por los 70 diputados orteguistas en la Asamblea Nacional, fue introducida este lunes ante la primera secretaria del Parlamento, que es dominado por los sandinistas y sus aliados.
El proyecto de ley establece condenas que van desde los dos hasta los diez años de cárcel, las que —según la iniciativa— “si hay condiciones agravantes pueden aumentarse hasta un tercio de la pena; acompañada de penas accesorias de entre 200 y 600 días multas”.
Noticias falsas
En su artículo 30, la propuesta de legislación ordena una pena de dos a cuatro años de prisión, para “quien, usando las tecnologías de la información y la comunicación, publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella, a una persona o a su familia”.
El mismo artículo detalla que en los casos que la noticia falsa perjudique “el honor, prestigio o reputación de una persona o a su familia, se le impondrá una pena de uno a tres años de prisión”.
Añade que, si dicha información falsa “incita al odio y a la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana, se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión”.
Para el escritor y catedrático de Comunicación, Guillermo Rothschuh Villanueva, la propuesta de legislación es “un nuevo intento por reducir aún más el ejercicio de la libertad de expresión”, por lo que “uno de los sectores más afectados viene a ser nuevamente el periodismo nicaragüense”.
“La presentación y discusión del proyecto de ley para regular los ciberdelitos se da en un contexto crítico para quienes asumen posiciones contrarias al Gobierno del comandante Ortega”, dijo el exdecano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Centroamericana (UCA).
Ley de Ciberdelitos es “Vaga y ambigua”
“Su amplitud y vaguedad (de la iniciativa de ley) la tornan peligrosa. Los tipos penales deben redactarse de forma clara y concisa”, indicó Rothschuh.
Guillermo Medrano, coordinador del área de derechos humanos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), calificó el anteproyecto como una “ley del bozal” o “ley mordaza”, y subrayó que presenta “unas definiciones con demasiada discrecionalidad, muy ambiguas”.
“¿Quién va a definir qué información es falsa o qué información es real? ¿Quién define qué es el temor, qué es la zozobra?”, preguntó el experto.
- Recibí las noticias más importantes del día en tu correo electrónico. Suscribite a nuestro boletín de noticias.
La escritora y disidente sandinista, Gioconda Belli, comparó la iniciativa de ley con “atarle una soga al cuello a la palabra, a la libertad del ciberespacio”.
En un tuit, Belli destacó que “esa nueva propuesta de ley es tan general, que alcanza TODO. Las leyes deben especificar. Por ejemplo, ¿qué se entiende por ‘honor’?, ¿qué se entiende por ‘temor’?, ¿qué califica una información como ‘falsa’?, ¿quién mide distorsiones, la falsedad?”.
Rothschuh destacó que “existe el riesgo que muchas personas se sientan tentadas de recurrir a esta ley por el simple hecho de sentirse ofendidas, igual actitud podrían asumir militantes sandinistas. Durante estos meses han demostrado altos niveles de intolerancia ante cuestionamientos formulados en contra del Gobierno”.
Afecta a cualquier ciudadano
El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, emitió una advertencia pública sobre la propuesta sandinista.
“OJO: nueva iniciativa de ley en Nicaragua abre brecha para criminalizar ciudadanos y periodistas vía tipos penales vagos, como el uso de las ‘tecnologías’ para divulgar ‘información falsa o tergiversada que produzca alarma, temor o zozobra’”, escribió Abrão en Twitter.
Medrano consideró que “la ley tiene nombre y apellido”. “No solamente son perjudicados los medios de comunicación; según esta ley, cualquier ciudadano que utiliza internet puede ser llevado a la cárcel”.
Alexa Zamora, integrante del Consejo Político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, sostuvo que “esta es una propuesta de ley que violenta las libertades mínimas de cualquier individuo, como la libertad de expresión”.
Zamora señaló que el proyecto “criminaliza la labor periodística independiente, y la de cualquier activista de derechos humanos que denuncia los atropellos”.
El anteproyecto es un intento más del régimen por controlar las redes sociales. En marzo de 2018, un mes antes que estallaran las protestas cívicas de abril, la Asamblea Nacional convocó a una presunta consulta ciudadana para diseñar un proyecto de ley para controlar la libertad de expresión en las redes sociales.
- Te puede interesar: Redes sociales fueron clave para informe del GIEI
La iniciativa quedó sepultada de forma definitiva por la Rebelión Cívica de Abril, en las que a través de las redes sociales los ciudadanos se autoconvocaron de forma masiva y documentaron la represión.
“Esta ley desincentiva el periodismo colaborativo; en este nuevo tiempo cualquier ciudadano graba o documenta un caso de violación a derecho humano o un caso represivo y lo comparte con los medios de comunicación”, mencionó Medrano.
Freno a las filtraciones
El régimen utiliza también el proyecto de legislación para atajar un problema: la filtración de documentos o información de los ministerios e instituciones. A mediados de agosto pasado, el grupo de hackers Anonymous filtró una base de datos en la que se reveló que el Ministerio de Salud (Minsa) ocultó 6245 casos positivos de covid-19.
La iniciativa establece, en sus artículos 4 y 5, condenas de uno a cuatro años para quienes usen los sistemas informáticos para obtener información de “instituciones públicas, privadas o mixtas que prestan un servicio público; bancos, aseguradoras y demás instituciones financieras y bursátiles”.
“Quien indebidamente obtenga datos personales sensibles o información pública reservada contenida en un sistema que utilice las Tecnologías de la Información y la Comunicación o en cualquiera de sus componentes, será sancionado con prisión de cinco a ocho años”, según el artículo 13 del anteproyecto.
El régimen amenaza además con penas de cinco a ochos años de cárcel a todos los trabajadores del Estado que filtren cualquier tipo de información que esté bajo su custodia.
El artículo 25 establece sanciones para quien “sin autorización o excediendo la que se le hubiere concedido, transfiera información pública clasificada como reservada, de conformidad con la ley de la materia y que mediante el uso de esa información vulnere un sistema o datos informáticos o se pusiere en peligro la seguridad soberana del Estado”.
Parte de un combo
En las últimas tres semanas, el régimen ha anunciado una serie de cambios legislativos, que según juristas y opositores recrudecerán la represión y persecución contra los ciudadanos que cuestionan al Gobierno.
En su discurso del 15 de septiembre, Día de la Independencia de Centroamérica, Ortega anunció que se trabajaría para aprobar la cadena perpetua para castigar “los crímenes de odio”. Desde ese día, los sandinistas han recorrido ministerios e instituciones para recolectar firmas de respaldo que acompañarán una carta de petición dirigida a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la Asamblea Nacional.
El martes pasado, los diputados sandinistas presentaron un anteproyecto de “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”, que según expertos constitucionalistas creará dos categorías de nicaragüenses: los “verdaderos” y los “agentes extranjeros”, a quienes además les cancelarían sus derechos políticos y le podrían confiscar sus bienes. En un documento sobre ese proyecto legislativo, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y PEN Internacional denunciaron “un clima de trabajo cada vez más complicado para la prensa independiente en Nicaragua”.
“Causa la impresión que forma parte del conjunto de medidas restrictivas implementadas por el Gobierno durante estos últimos meses”, según Rothschuh.
“No hay que ver esta ley (de ciberdelitos) como algo aislado sino complementaria a la otra iniciativa (de agentes extranjeros). Todas forman parte de un todo que se resume en represión y censura”, comentó Medrano.
“No olvidemos que Ortega a lo largo de los años siempre ha demostrado ser un enemigo de los medios de comunicación; ya lo vimos en los años 80, ahora es más sofisticado, pero siempre igual de perverso y represivo”, agregó.
- Recibí las noticias más importantes del día en tu correo electrónico. Suscribite a nuestro boletín de noticias.
