Opositores detenidos despojados de su derecho a la defensa

A los 21 rehenes electorales detenidos en las últimas semanas, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo los ha despojado —además de su libertad— de sus derechos y garantías constitucionales como reos. Desde que fueron detenidos, la Policía no permite que se reúnan con sus familiares y abogados; el Ministerio Público requirió la ampliación del período de investigación y detención judicial hasta 90 días; el Poder Judicial rechazó todos los recursos legales interpuestos y les asignó abogados de oficio. Dejándolos en un estado de "indefensión material".

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La falta de garantías y las violaciones al debido proceso "han sido generalizadas" en los últimos tres años, valora el abogado Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Pero ahora es más notoria porque ocurre en la totalidad de los casos. Los abogados designados por familiares de los reos "fueron anulados" por el Poder Judicial, "solamente uno, de manera excepcional, tuvo una entrevista cortísima con su defendido. Eso no es defensa", subrayó Carrión.

En la práctica "hay un barrido completo de derechos", explica el defensor de derechos humanos. "Desde el inicio hasta el final esos procesos son totalmente aberrantes, no tienen ningún fundamento jurídico". La medida de privación de la libertad es "arbitraria e inconstitucional" porque una persona solo puede ser detenida "cuando está cometiendo delito, que no es el caso, o porque hay una orden de autoridad competente", puntualizó.

La Constitución Política de Nicaragua, en su artículo 33, establece que todo detenido tiene derecho a ser informado "sin demora, en idioma que comprenda y en forma detallada", de las causas de su detención; a informar a su familia o quien estime conveniente sobre su detención y a ser tratado "con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano".

En el caso de ser procesado judicialmente, el artículo 34, señala el derecho "al debido proceso y a la tutela judicial efectiva". Esto implica —entre otras cosas— que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, ser juzgado sin dilaciones, que se garantice su intervención y debida defensa, no ser obligado a declarar contra sí mismo o a confesarse culpable. Además de un proceso oral y público.

"En dictaduras no hay derechos y garantías"

Para Carrión, la forma en que ha procedido el régimen en contra de los últimos 21 detenidos es "la exhibición más burda, más a lo bruto, de la dictadura". Pero reflexiona que "en dictaduras no hay derechos y garantías. Se defienden derechos y se denuncian abusos, que es lo que está pasando", continúa.

Complejo Judicial de Managua. Foto: Nayira Valenzuela | Confidencial

Según el régimen de Ortega, los rehenes electorales supuestamente son "investigados" por los delitos de traición a la patria, en el marco de la "Ley de Soberanía", y presunto lavado de dinero. Entre ellos hay cinco precandidatos presidenciales, dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, dos exdiputados, un exdirigente empresarial, un banquero, cuatro dirigentes opositoras, un cronista deportivo, dos extrabajadores de una ONG y un conductor particular.

Los primeros 30 días del encierro

Este domingo los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), Walter Gómez y Marcos Fletes, cumplen 30 días encerrados en el "Nuevo Chipote"; mientras que la expresidenta de la Fundación y precandidata presidencial, Cristiana Chamorro, arriba a los 25 días en arresto domiciliar, ella es la única detenida que ha sido vista por sus familiares más cercanos. También, el académico y precandidato presidencial, Arturo Cruz, cumple 22 días en la cárcel, sus familiares no lo han visto pero en una ocasión pudo reunirse con su abogado durante 20 minutos.

Por su parte, los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, junto a los líderes opositores Violeta Granera y José Adán Aguerri, cumplieron 19 días arrestados. Asimismo, José Pallais lleva 18 días en la cárcel y Tamara Dávila, 15 días.

También los miembros de Unamos; Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco, Hugo Torres, Ana Margarita Vijil y Suyen Barahona, tiene 14 días encerrados. Además, el empresario Luis Rivas Anduray y Pedro Vásquez, el conductor de Cristiana, cumplieron 12 días detenidos.

Además, el periodista y precandidato presidencial, Miguel Mora, cumple 7 días preso por segunda vez; el cronista deportivo, Miguel Mendoza, y la exprimera dama, María Fernanda Flores, 6 días detenidos; y el exdiputado, Pedro Joaquín Chamorro, arriba a su segundo día preso.

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El aislamiento al que están siendo sometidos también "es una forma de violación grabe a los derechos humanos", advierte Carrión. Lo hacen con el objetivo de "doblegarlos, para quebrarles y que hablen todo lo que ellos digan", por eso "no nos sorprendamos si aparecen —  como en 2018— videos de una persona quebrada", subraya.

Abogados reciben amenazas

A pesar que las gestiones de los abogados han sido infértiles, en las últimas semanas comenzaron a recibir amenazas en sus teléfonos celulares por lo que algunos han optado por abandonar las causas y otros han dejado de dar declaraciones a los medios de comunicación, explicaron familiares de los opositores detenidos.

Una fuente cercana al expresidente del Cosep, José Adán Aguerri, explicó que el abogado que llevaba su causa les comunicó que "por las amenazas que he tenido" decidió  no continuar. "Pasamos dos días sin abogado", dijo la fuente. Ese lapso de tiempo, la familia tuvo que tocar varias puertas para conseguir a un defensor para su pariente.

Ana Lucía Álvarez, sobrina de Ana Margarita Vijil y hermana de Tamara Dávila, confirmó que la defensa de los opositores encarcelados ha sido "todo un tema complejo", porque además que a los abogados no se les permite reunirse con sus defendidos, también "están siendo objetivizados".

Las amenazas a los abogados coinciden con la emisión de un programa oficialista, en el que el presentador leyó una lista de abogados que defienden presos políticos. De quienes dijo que son "pagados por el Cosep", un organismo que calificó como "agente extranjero".