15 de junio 2021
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El Consejo Permanente de la OEA aprobó con una mayoría de 26 votos una resolución que condena “inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los posibles candidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes”, y exige “la inmediata liberación de los posibles candidatos y de todos los presos políticos”.
En contra de la resolución votaron Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas. Se abstuvieron: México, Argentina, Belice, Dominica y Honduras.
En las últimas semanas, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han encarcelado a cuatro precandidatos presidenciales —Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga— y nueve dirigentes de la oposición —José Adán Aguerri, Violeta Granera, José Pallais, Támara Dávila, Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Suyén Barahona, Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco.
En la resolución, los países expresan “su alarma ante el reciente deterioro del entorno político y de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, incluido el uso de leyes y acciones represivas para intimidar y amenazar a los miembros de la oposición y de la prensa, y para restringir la participación política”.
El encuentro del Consejo Permanente fue solicitado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien además pidió la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática al Gobierno nicaragüense, lo que significaría la suspensión del país de ese foro regional. El encuentro fue secundado por Estados Unidos, Brasil, Chile, Canadá, Perú, Paraguay y Costa Rica.
OEA reitera: No hay condiciones para elecciones libres
El documento destaca que “las medidas adoptadas por el Gobierno de Nicaragua no cumplen con las condiciones para unas elecciones libres y justas a las que se han comprometido todos los Estados Miembros en virtud de la Carta Democrática Interamericana, lo cual pone en duda la legitimidad de las elecciones de noviembre, tal y como se están organizando actualmente”.
El Consejo Permanente insta “enérgicamente al Gobierno de Nicaragua a que, sin demora, implemente medidas legislativas y de otro tipo que sean acordes con las normas internacionales aplicables a fin de promover unas elecciones libres y justas en noviembre, incluido el buen recibimiento de observadores electorales fidedignos de la OEA y de otros países”.
En la resolución se ordena “solicitar a la Secretaría General y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presenten al menos dos informes al Consejo Permanente sobre el proceso electoral en Nicaragua, para su consideración y posible presentación ante la Asamblea General”.
Nicaragua rechaza “injerencia”
En respuesta a la resolución, el embajador nicaragüense ante la OEA, Luis Alvarado, expresó su rechazo a que se trate en un foro internacional el proceso electoral de su país, que considera un asunto interno.
Por ello, avisó que el Gobierno de Ortega no reconoce la legitimidad de la resolución y rechaza cualquier “intromisión” de la OEA por considerar que actúa bajo las órdenes de Washington.
“Condenamos la práctica injerencista de esta desacreditada organización y su Secretaría General, en los asuntos de la jurisdicción interna de Nicaragua, y la de otros Estados Miembros de la Organización”, arremetió Alvarado, que interrumpió varias veces la sesión para expresar su desacuerdo.
