"Nica Act ha ensombrecido nuestro futuro"

La aplicación de la iniciativa de ley conocida como ‘Nica Act’, aprobada por el Congreso de Estados Unidos, podría llevar, en el peor de los casos, a detener el crecimiento de la economía nacional en el año 2020, según un estudio elaborado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).

“Estudiamos varios escenarios y determinamos cuáles podrían ser las consecuencias en cada caso”, explicó Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides, al ser entrevistado en el programa de televisión Esta Noche, que se transmite por canal 12.

De forma sorpresiva, la iniciativa ‘Nica Act’ fue aprobada -sin objeciones- por el Congreso de Estados Unidos. Esta manda instruir a los directores ejecutivos de ese país en los organismos multilaterales a “usar su voto, voz e influencia para oponerse a la aprobación de cualquier préstamo u otro mecanismo de fondos para el beneficio del gobierno de Nicaragua”, exceptuando los fondos dirigidos a atender necesidades humanas básicas.

La intención del texto legal es que Nicaragua asegure elecciones libres y transparentes, después que la Corte Suprema de Justicia eliminara a los partidos políticos opositores que tenían alguna posibilidad de hacer verdadera competencia a Daniel Ortega, con lo que las votaciones del próximo 6 de noviembre no tienen sentido alguno.

Preocupación y rechazo

La reacción entre los más de 200 empresarios y representantes de organizaciones de la sociedad civil que acudieron a la presentación del documento fue, cuando mínimo, de preocupación, aunque también hay señales claras de rechazo, de parte de quienes señalan como culpable de estos hechos al causante de la causa: Daniel Ortega.

Aurora Gurdián de Lacayo, presidenta de la Junta Directiva de Funides, dijo en relación con la Nica Act, que esta “ha dañado la imagen del país, y nos preocupa que afecte el clima de inversiones”.

“La Nica Act… ha ensombrecido nuestro futuro; ha lanzado señales de alarma sobre la viabilidad de mejorar nuestro crecimiento, ha desmejorado la imagen del país, está afectando la confiabilidad en el futuro de la clase empresarial, y podría estar incidiendo negativamente en algunos indicadores económicos. Aunque es muy temprano para cuantificar consecuencias inmediatas, no creemos aventurado decir que ya está entumeciendo las posibilidades de algunas inversiones extranjeras y nacionales. Además, debemos estar conscientes que Nicaragua no está aislada, sino inmersa en estrechas relaciones, principalmente con los Estados Unidos y Centroamérica”, añadió.

Entre los asistentes se comentó el peligro de que la Nica Act genere un “efecto de cascada”, que perjudique a diversos sectores de la economía –como las maquiladoras adscritas al régimen de zona franca- con la pérdida de contratos.

También se señaló cómo el país ha perdido hasta US$1,000 millones en materia de cooperación –comenzando a contar desde la Cuenta Reto del Milenio- lo que podría agravarse con los efectos de la Nica Act, sin olvidar que el país vive bajo una permanente ‘espada de Damocles’, esperando el momento en que el cobrador venezolano llame con desesperación a las puertas del Tesoro de la República.

Menos inversión, menos recursos

El análisis de los economistas de Funides señala que el país podría perder unos US$250 millones anuales, si deja de tener acceso a la cooperación oficial proveniente del Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y otras instituciones financieras multilaterales donde Estados Unidos tiene influencia definitiva.

En un escenario en el que la inversión crece cero (o sea, se mantiene igual que en el presente, que ya es alto), el crecimiento del producto interno bruto (PIB), pasa de un esperado 4.0% en el 2020, a uno apenas simbólico de 1% en ese mismo año.

El PIB crece solo 0.8% y 0.5%, cuando se analiza bajo los supuestos de que la inversión decrece 5% y 10%, lo que también genera una reducción de los ingresos totales del sector público, “debido al impacto sobre los niveles de recaudación efectiva”, a la vez que también disminuiría la capacidad de gasto del gobierno de Ortega.

Chamorro detalló que los programas que se financian con recursos del BM y el BID “están destinados principalmente a resolver los problemas de la población más pobre, en especial en las áreas de salud y educación, pero también en infraestructura y otras áreas importantes”, lo que afectaría directamente a la lucha contra la pobreza.

“En el corto plazo afectaría el programa de inversiones públicas y las contrataciones del Estado, reduciendo la actividad de las empresas”, añadió.

En el documento preparado por Funides se destaca que “la solución está en impulsar reformas producto del consenso y el diálogo”, lo que pasa por “restaurar la credibilidad del proceso electoral; fortalecer la independencia de los Poderes del Estado, y fortalecer el imperio de la ley y el Estado de Derecho”.

Tres escenarios, tres opciones

En medio de esos escenarios negativos, destaca el hecho que los momentos más duros ocurrirían hasta dentro de tres a cuatro años, lo que significa que el país, la economía y las empresas tendrían tiempo para buscar soluciones. O aunque sean paliativos.

Entre las más significativas, destaca la aplicación de la Ley de Asociación Público Privada, de la que Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides, dice que es una buena ley, asegurando que no fue negociada a propósito de la Nica Act, porque se viene fraguando desde hace dos años.

Desde luego, eso no niega la posibilidad de que se aprobara de prisa, con trámite de urgencia, en respuesta a la amenaza de la Nica Act.

Una ‘debilidad’ de esta opción, es que hay que operativizarla, o sea, reglamentarla, echar a andar los comités que evaluarán los proyectos que lleguen a ser formulados, esperar que la Asamblea Nacional apruebe los contratos que firmen el gobierno y los empresarios privados, y que se generen las partidas presupuestarias que requiere cada proyecto, lo que significa fácilmente un par de años.

Más o menos el mismo tiempo en que pueden llegar a manifestarse los perjuicios de la Nica Act.

La segunda opción es reponer, a través del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), parte de los recursos que pudieran llegarse a perder, si se nos cierran las ventanillas del BM y del BID.

En este caso Chamorro reconoce que es poco probable que el BCIE pueda aumentar los montos en las cantidades necesarias para sustituir a aquellos, sin olvidar que hay algunos socios regionales que también podrían oponerse a que se aumenten los flujos de recursos hacia Nicaragua.

La tercera es disminuir el sistema de exoneraciones vigente en Nicaragua… si lo permite el cada vez más influyente sector privado.