4 de enero 2023
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En los últimos 15 años, mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo afianzaron su dictadura a punto de triquiñuelas, represión y millonarios recursos, sus ocho hijos se erigieron como empresarios. El otro camino en paralelo es que se desempeñaron como prominentes funcionarios.
El “capitalismo salvaje” no resultó tan malo como aseveró su padre en sus discursos. Iniciaron un proceso de acumulación de riqueza desde 2007 en el más absoluto hermetismo, una de las características de la cúpula gubernamental.
Sin embargo, en 2021, un equipo de CONFIDENCIAL tuvo acceso por primera vez a más de 100 actas de juntas directivas de un grupo de 22 empresas, inscritas a nombre de 18 ejecutivos y cinco abogados del consorcio presidencial, lo que permitió la elaboración de un mapa parcial de estos negocios y la incursión en un cofre de secretos palaciegos.
Los rubros encontrados en la investigación fueron variados: intereses en el sector de medios de comunicación, construcción, publicidad y petróleo. Con una operación que siguió el mismo patrón: sacar ventaja de su posición del Estado, a través de contrataciones con las instituciones, o aprovechar los recursos de la cooperación de Venezuela, estimada en 5000 millones de dólares entre 2007 y 2016, para hacerse préstamos a sus empresas o adquirir compañías que les permitieron diversificar sus negocios.
Los personajes involucrados terminaron siendo algunos muy conocidos como José María Enríquez Moncada y José Mojica Mejía, quienes en las escrituras oficiales aparecieron compareciendo como “socios” de Yadira Leets, la exesposa de Rafael Ortega Murillo, el hijo mayor del dictador. Ese lazo también era estrecho en otras sociedades anónimas. El grupo de personas involucradas resultó variado, pero la lealtad a la “familia presidencial” era una característica común de sus integrantes.
La documentación permitió identificar, por ejemplo, a la abogada Reyna Anais del Socorro Araica López en ese equipo de testaferros. Se descubrieron muchos detalles reveladores. Mayling Patricia Alegría Doña tiene una doble vida: es dueña de un salón de belleza y prestanombres en varias gasolineras; Eduardo Germán Morales Cuadra se desempeña como publicista y figura igual que los otros en los papeles, moviéndose de una empresa a otra con gran flexibilidad.
La serie se publicó en febrero de 2022. Sin embargo, todo empezó con una fuente, cuya identidad protegeremos, y gracias a quien obtuvimos la información documental. Eso sirvió para descubrir y luego explicar a los lectores todo un sistema de corrupción en Nicaragua. Se reveló la entrega por el empresario chino Wang Jing, el mismo del fracasado proyecto del gran canal interoceánico, del 30% de las acciones de la telefónica Xinwei al círculo presidencial y es imposible desvincular esta acción con la protección ofrecida por Ortega ante las críticas públicas.
Se expuso también cómo el canal estatal 6 es representado en convenios institucionales por la sociedad Negocios Publicitarios Internacionales, S.A (NEPISA), controlada por Enríquez Moncada y Morales Cuadra. Otro negocio fraudulento en que una empresa del Estado termina en manos de sociedad afines a los Ortega-Murillo como ocurrió con la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), la red de gasolineras que fue gerenciada por la exesposa de Rafael Ortega Murillo.
Los salarios: otro punto clave del reportaje
Accedimos también a una base de datos del Seguro Social de 2018, que permitió cruzar lo encontrado con la información obtenida por los documentos del Registro Mercantil. Otro hecho inédito en un país donde no hay acceso a la información pública desde hace años. Así verificamos documentalmente que el círculo de los Ortega Murillo sí trabajaba en las empresas y cuáles eran sus salarios, un monto destacable para uno de los países más pobres de la región.
En ese 2018, el clan de los Ortega Murillo percibía 67 500 dólares mensuales, lo que constituye una parte de sus ingresos en un Estado opaco, alimentado por la ausencia de fiscalización, en que otras fuentes ayudaron a corroborar los principales hallazgos de esta indagación pormenorizada que hasta hace años se creía imposible.
El 6 de agosto de 2021, el periodista Octavio Enríquez, coautor de la serie periodística y uno de los miembros del equipo de CONFIDENCIAL, envió un correo electrónico a Rosario Murillo, vocera del régimen y vicepresidente, preguntándole sobre los hallazgos. Dos policías llegaron a buscarlo a su casa para citarlo a la Fiscalía en la única respuesta que dieron hasta ahora sobre el crecimiento de su presencia empresarial y las personas que ayudan a mantenerlos en las sombras.
Si los oficiales no lo encontraron fue porque el periodista salió en junio de Nicaragua, convencido de que solo podría seguir realizando su trabajo desde el exilio en medio del ambiente cada vez más hostil y represivo contra la prensa independiente.
La intimidación policial obligó a que su familia se desplazara a Costa Rica y se convirtieron en una familia de exiliados finalmente en diciembre de 2021, después de meses de angustia.
El jurado del premio “Javier Valdez” entregó durante noviembre pasado en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN), la más importante de la especialidad en la región, el tercer lugar a “Negocios de familia: la riqueza de los Ortega Murillo”, destacando la valentía y la calidad de la investigación.
La serie periodística compitió con 283 trabajos de gran nivel enviados de toda la región, según el Instituto de Prensa y Sociedad. Santiago O`Donnell, uno de los miembros del jurado, dijo que al leer el trabajo supo que era “una pieza importante para el periodismo de investigación en la región”.
El periodismo de CONFIDENCIAL cerró 2022 con ese reconocimiento, en una región con diversas amenazas para la libertad de expresión, comprometido con seguir desvelando lo oculto por el poder. El año pasado finalizó con 37 periodistas asesinados, la cifra más alta desde 1998, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que supone la descripción de un cuadro complejo para seguir ejerciendo profesionalmente.
Las revelaciones de la investigación fueron analizadas por el exdiputado opositor Enrique Sáenz en una entrevista realizada por nuestro director Carlos Fernando Chamorro. En la misma se habló del caso emblemático de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), la red de gasolineras que pertenecía al Estado y terminó en manos privadas vinculadas a la familia gobernante.
También: Cómo pasó la empresa pública DNP a manos del grupo privado Ortega -Murillo
“DNP es uno de los ejemplos emblemáticos de cómo la familia en el poder se ha apropiado de los instrumentos del Estado para acumular riquezas personales”, dijo Sáenz en su conversación, transmitida en el programa televisivo Esta Semana. Investigar al poder se convierte en un oficio donde se hurga en la oscuridad, gracias a las fuentes que nos siguen permitiendo conocer estas interioridades para contárselas a la sociedad. Que más informantes sigan llevando la luz.
