24 de enero 2018
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El magistrado Roberto Rivas lleva 34 días desaparecido de la agenda pública desde que el Departamento el Tesoro lo sancionara por fraude y corrupción a través de la Ley Global Magnitsky. Aunque fuentes vinculadas a Rivas aseguran que se encuentra en el país, el magistrado no está ejerciendo su cargo de las oficinas del Consejo Supremo Electoral (CSE), pero tampoco ha renunciado o ha sido destituido. Mientras los días avanzan, el comandante Daniel Ortega guarda silencio, y las instituciones que deben velar por los recursos del Estado se niegan a investigarlo.
“Demandamos la renuncia inmediata del actual presidente del CSE”, pidió el Grupo de los 27, integrado por intelectuales, políticos y miembros de la sociedad civil.
El Contralor General de la República, Luis Ángel Montenegro, dijo que la institución que representa es “incompetente” para investigar al presidente del Poder Electoral, sospechoso de enriquecimiento ilícito desde antes de ser sancionado por Estados Unidos.
“Si gana 60 mil dólares y si tiene otros negocios, no nos compete”, expresó Montenegro en el Canal 100% Noticias. Según el contralor, nadie ha llegado a su despacho a pedirle una evaluación sobre Rivas o a solicitar su declaración de probidad.
“Si alguien la pide, uno actúa de acuerdo con la Ley, y si el dueño de la declaración dice que no se vea, no se verá. No tengo por qué andar especulando si gana 60 mil (dólares al año), y si tiene mansiones, yates, aviones, no me llama la atención. No tengo por qué andar especulando”, remarcó Montenegro.
La contralora María Dolores Alemán, hija del expresidente Arnoldo Alemán y socio político del comandante Ortega, también se declaró incompetente ante Confidencial para iniciar algún proceso contra Rivas.
“Como persona no podemos (investigarlo). Podemos investigar a la institución. Leé la ley”, recomendó Alemán. “No tenemos la facultad. Eso le toca a la Fiscalía. Nosotros somos a posteriori. ¡No podemos, no podemos! Tendrías que cambiar la ley porque no lo contempla”, excusó ante los señalamientos de corrupción de Rivas como funcionario público.
Agustín Jarquín Anaya, excontralor de la República, contradice a los actuales contralores: “Esa es la obligación, la función de naturaleza de esa institución”. El también exdiputado aseguró que la Contraloría bien puede sancionar a personas que fungen como funcionarios públicos. Para ejemplificarlo, aseguró que la declaración patrimonial que entrega un funcionario “es personal”.
“La declaración de probidad que entregan los funcionarios electos o designados que tienen un nivel alto, ya sea por el salario o por el volumen de recursos que manejan, se las entregan a la Contraloría para su custodia, y eso es un referente de su desempeño como funcionario”, refutó Jarquín Anaya. “Si ellos tienen un incremento patrimonial durante su ejercicio como funcionario alto tienen que explicarlo. La Controlaría en cualquier momento puede requerir esa explicación”, insistió a Confidencial.
Cuando un funcionario público es sospechoso de enriquecimiento ilícito o de otro acto ilegal, la Contraloría realiza exámenes y distintos procesos para poder evaluar si existen deficiencias o falta de recursos que no se ejecutaron en una institución, detalló Jarquín.
“La ley establece responsabilidades de carácter administrativo, civil o presunción penal a las persona. ¿Cuándo has visto que una institución se lleva a un juicio penal?”, explicó el excontralor.
Un rosario de casos de corrupción
Carlos Tünnermann, miembro del Grupo de los 27 y analista político, insistió en que la Contraloría debería “investigar de oficio” al magistrado Rivas. El exembajador de Nicaragua en Estados Unidos recordó que sobre Rivas también pesa el fantasma del Caso Coprosa (Comisión de Promoción Arquidiocesana), entidad que Rivas dirigió entre 1981 y 2000.
Coprosa importó seis millones 400 mil 808 dólares en el período de 1998 a 2002 en concepto de ropa usada, vehículos de lujo, computadoras, artículos ferreteros, de acuerdo a reportes periodísticos de la época. Aunque la Contraloría persiguió a Rivas por este caso, el acuerdo político pactado entre el comandante Ortega y el protector del magistrado, el Cardenal Miguel Obando y Bravo, apagó el foco de tensión. Luego vino el fraude electoral de 2008 documentado por la oposición.
“Bastaría ir a la Contraloría a pedirle a los contralores que saquen de los archivos esos expedientes, en el cual incluso había responsabilidad penal, para saber si hay corrupción o no en el caso de este señor”, ironizó Tünnermann al referirse a la negativa del contralor Montenegro para investigar al magistrado.
Tünnermann trajo a colación otra investigación periodística, recordada por las grabaciones en las que Rivas fue expuesto. Entre 2004 y 2008 extrajo de forma irregular como presidente del Poder Electoral 407 millones de córdobas.
“Es curioso, mientras en otros países se hacen investigaciones y en otro se sanciona a Roberto Rivas, aquí las autoridades no hacen nada”, comparó Tünnermann. El exembajador cuestiona cómo un funcionario que gana un promedio de 60 mil dólares anuales pueda ser propietario de aviones, yates y mansiones en España y Costa Rica.
¿Por qué Costa Rica sí investiga?
“Si dedicara todo ese dinero a las inversiones que tiene, siendo que con el salario cubre gastos médicos, alimenticios y familiares, solo le daría para comprar los tres jets que tiene. ¿Y las mansiones que tiene en Costa Rica? Según los evaluadores ticos, valen cerca de dos millones y medio de dólares en el residencial Villareal”, afirmó Tünnermann.
Tras las sanciones Magnitsky, la Fiscalía tica abrió investigaciones y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) ordenó indagar si Rivas posee cuentas en Costa Rica.
“La Comisión de Probidad de la Asamblea Nacional bien podría estar iniciando una investigación. Y la Fiscalía y la Procuraduría General de la República, porque son bienes del Estado también los que están en juego. ¡Es increíble!”, lamentó Tünnermann.
Confidencial intentó comunicarse con la diputada del Partido Liberal Constitucionalista y presidenta de la Comisión de Probidad, Mirta Carrión Cano, pero no contestó nuestras llamadas para saber si el Parlamento iniciará algún proceso en contra de Rivas.
El Grupo de los 27 no solo demandó la renuncia de Rivas. En el pronunciamiento emitido esta semana demandaron que el Poder Electoral y sus “estructuras territoriales sean totalmente renovadas con personas probas y plurales, a la vez que se procesa a una reforma jurídica integral”.
El único actor del gobierno del comandante Ortega que ha roto el silencio sobre el caso de Rivas fue el asesor en temas económicos, Bayardo Arce. “Estados Unidos, también en otro arrebato imperial, decide que hay unas 13 personas en el mundo de que son corruptos y violadores de derechos humanos”, increpó Arce a los periodistas que lo entrevistaban.
“¿Cuáles son los actos de corrupción y de violación de los derechos humanos con los que acusaron a Roberto Rivas?”, retó.
La escritora Gioconda Belli, integrante del Grupo de los 27, describió la actitud de Arce con la del “gobierno ciego, sordo y mudo”. “Ni oye lo que exigimos lo ciudadanos ni dice nada sobre Roberto Rivas, queriendo crear una situación en la que sea normal que el gobierno no dé ninguna explicación”, afirmó Belli.
Mientras Ortega decide el destino de Roberto Rivas, la presidencia del Consejo Supremo Electoral está siendo asumida de facto por el vicepresidente Lumberto Campbell y el despacho donde laboraban los asistentes del magistrado presidente se encuentra totalmenye vacantes.
