4 de julio 2019
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El liderazgo del movimiento Azul y Blanco se fortaleció con la excarcelación de los presos políticos que guardaron prisión injustamente. Las escenas de júbilo repetidas una y cien veces, cuando cada reo era regresado a su hogar, sin haberse rendido ni vendido al régimen pese a las torturas a las que muchos fueron sometidos, muestra la reserva moral que sostiene a la Rebelión de Abril.
Así lo ve la delegada de la Alianza Cívica, Azahálea Solís, al asegurar en el programa Esta Noche, que los presos políticos “son una fuerza política, en razón de la enorme ética y moral que mostraron durante todos los meses que estuvieron presos. Es evidente que el régimen no los quebró moralmente, y que salieron muy fortalecidos”.
Miembros de la Alianza Cívica durante la lectura de un pronunciamiento. Al micrófono, Azahálea Solís, dirigente feminista. Carlos Herrera | Confidencial
La abogada constitucionalista también destacó el clamor unánime de estos hombres y mujeres que predican la imperiosa necesidad de unirse en torno al objetivo común de acabar con la dictadura, de forma pacífica, y lo más rápido posible.
“Las mujeres y hombres con quienes hemos hablado… han reclamado unidad, y están dispuestos a trabajar por ella. Lo vimos muy claramente, con el trabajo que se hizo en Medellín, donde la Unidad, la Alianza, la diáspora, gente que vive en Colombia, gente que llegó de Washington, y presas y presos políticos, trabajaron juntos para lograr una Resolución que obligara al gobierno a que haya una salida pacífica”, rememoró.
“Se trabajó en unidad, con mucha generosidad y con mucha responsabilidad”, apostilló.
Para Solís es claro que esa autoridad moral, apuntalada en las cárceles del régimen, se traduce en capacidad de convocatoria, señalando que hay algunos presos políticos que tienen muchísimo arraigo entre la población.
Entre ellos, destaca a los que provienen del sector campesino, a los que salieron de la rebelión estudiantil, a las mujeres que mostraron una actitud fuerte y decidida; a los reos originarios de Masaya, que tienen “un enorme respaldo, y un enorme poder de convocatoria, por el respeto que se le ha tenido a lo largo de todos estos meses, a la lucha del pueblo de Masaya”.
Apoyo internacional para regreso de exiliados
Esa convocatoria y esos liderazgos, deberían pesar mucho en el proceso de recuperación de los espacios de movilización interna, lo que es clave, por ejemplo, “para poder establecer mecanismos claros para el retorno seguro de miles y miles de exiliados”, enfatizó.
La jurista llamó a “tener la suficiente capacidad organizativa para reconquistar los espacios democráticos, porque es fundamental reconquistar el derecho a manifestación. La represión es muy fuerte, los asedios, la intimidación... pero tenemos que ponernos inteligentes y creativos para organizarnos y hacer una recuperación real de las calles”.
La negociadora recordó que el retorno seguro de los exiliados “es uno de los puntos torales que está en el Acuerdo Número 2, el que está prácticamente en incumplimiento desde el 29 de marzo que se firmó, porque se dijo que entraba en vigencia a partir de esa fecha, y de eso no se tocado prácticamente nada”.
Ya que no fue posible que Daniel Ortega cumpliera los acuerdos que sus negociadores firmaron con su expresa autorización, el liderazgo Azul y Blanco trabaja para lograr la creación de un protocolo multilateral que permita el retorno seguro de los exiliados, “y no ese protocolo unilateral que pretendió imponer el gobierno”.
Para lograrlo, se decidió “involucrar a los gobiernos de las Américas” –el tema se abordó con cancilleres y embajadores durante la cumbre de la OEA en Medellín- y ahora se trabaja “para garantizar el retorno bajo un protocolo estricto, bajo el alero de varias cancillerías”, entre ellas las de Costa Rica, El Salvador, México, y otros gobiernos, así como de “algunos organismos no gubernamentales que tienen peso en materia de Derechos Humanos”, dijo Solís.
Si “hay que emplazar a nivel nacional a Daniel Ortega, para que cumpla con la Resolución de la OEA”, también hay que hacerlo para que regrese la Comisión Interamericana y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tal como lo plantea la Resolución misma.
Si Ortega quiere mostrar buena fe, “tendríamos que estar viendo la liberación de los presos políticos”, dijo Solís, en referencia a los seis que quedan de la lista de la CIDH, cuya liberación Ortega ofreció al secretario general de la OEA, Luis Almagro, como la totalidad de las 102 personas que permanecen en las cárceles de régimen, número que cambia día con día, producto de la campaña de represalia que ejecutan las fuerzas leales a Ortega.
Garantes internacionales para que Ortega cumpla restablecimiento de libertades
El enviado de la Secretaría General de la OEA, Luis Ángel Rosadilla; el jefe de la Sección de Cooperación Técnica Electoral, Cristobal Fernández, y el nuncio apostólico Waldemar Sommertag. // Foto: EFE
Así como hay que establecer un protocolo para dar garantías a los exiliados que quieran volver, también hay que crear varios más para operativizar y exigir que se cumpla el resto de acuerdos alcanzados en la Mesa de Negociación con el Gobierno.
Solís dijo que tiene que existir un protocolo para restablecer la personería jurídica -y los bienes- de las organizaciones no gubernamentales que fueron ilegalizadas y confiscadas, porque no se puede garantizar el derecho a organización, “cuando hay nueve ONG a las cuales se les confiscó su personería jurídica y sus bienes”, lo que, en el caso de la Fundación del Río, incluye las dos radios comunitarias que tenía.
En el tema de libertad de expresión, recordó “el incendio de Radio Darío; la confiscación de hecho de 100% Noticias, y la confiscación de hecho de Confidencial y Esta Semana”, y aunque debieron haber aprobado un protocolo para subsanar esas decisiones delictivas, el tema solo fue planteado, porque la prioridad era la liberación de los presos.
Los otros temas, entre ellos la libertad de expresión, el desarme de los paramilitares, o el retorno de los exiliados, “son temas que ya no fue posible abordar”, explicó.
En cuanto a los garantes, se reconoce que no necesariamente debe haber un mismo garante para todo el acuerdo, “porque hay distintas especialidades. Por ejemplo, para lograr el desarme de los paramilitares, habría que tener garantes especializados en ese tema”, aseveró.
Lo mismo es válido para que se cumpla “el acuerdo de medios de comunicación, donde un garante muy bueno podría ser la propia SIP, o el Relator Especial para la Libertad de Expresión, de la CIDH”, sugirió.
En materia de la libertad de asociación, “el garante tendría que ser alguien relacionado con muy diversos temas que están ahí comprendidos. Otra cosa que es muy importante y hay que plantear a los gobiernos de América Latina, es que haya una delegación fuerte de la OEA en Nicaragua, que no existe desde hace muchos años”, recordó.
