12 de noviembre 2018
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Un Poder Judicial partidista integrado por 16 magistrados, una Contraloría General con un consejo colegiado de cinco funcionarios, que se declara incapaz de investigar actos de corrupción; un Consejo Supremo Electoral (CSE) de diez magistrados, cuestionados por los fraudes electorales, y 182 diputados (91 propietarios con sus respectivos suplentes) que se limitan a avalar las decisiones políticas del caudillo, integran la cúpula de los poderes del Estado en Nicaragua. Todos forman parte de una red de complicidad política, con el modelo dictatorial que se impuso después del pacto entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega. La abultada burocracia responde a un modelo de Estado botín, que sirve para mantener “contentos” a propios y extraños, cuya sustitución representará uno de los mayores desafíos políticos para las nuevas autoridades que sustituyan a Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
La refundación del Estado nicaragüense, después de la salida de Ortega del poder, será una de las principales tareas de las fuerzas políticas, sociales y económicas que han surgido en el país desde abril pasado. Aunque no se debe descartar la participación de las viejas estructura políticas como el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) o el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Analistas consultados por CONFIDENCIAL coinciden en la imperante necesidad de reformar el sistema judicial, el Poder Electoral, la Contraloría, la Asamblea Nacional y el Ministerio Público (MP).
“Se necesita reformar casi todo el Estado. No hay una pulgada de territorio geográfico e institucional que esté funcionando bien, o conforme a los principios constitucionales y de todo Estado democrático contemporáneo”, asegura el jurista Gabriel Álvarez Argüello, quien explica que en algunos casos el “problema” no en cuantitativo, sino cualitativo; en otros es una combinación de ambos.
Poder Judicial
El jurista señala que en el caso de las Corte Suprema de Justicia (CSJ) no es un problema de números, sino de calidad. “El problema es que los magistrados llegan a cumplir agendas políticas y no lo que dice la Constitución”.
Alejandro Aguilar Altamirano, exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Americana (UAM), considera que el Poder Judicial necesita una reingeniería porque es altamente ineficiente. “Es maravilloso lo que dice la Constitución, pero luego vas a la práctica y el debido proceso no existe”.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, vistiendo una blusa con el rostro de Daniel Ortega y portando una bandera del FSLN en un acto partidario. Foto tomada del Poder Judicial
“El sistema es bastante ineficiente por sí mismo y la decisión política lo que viene a hacer es como alinear las ineficiencias para que den igual o peor resultado”, añade.
Aguilar califica como “ligera” la solución de eliminar magistrados. “Hay una crítica generalizada de que 16 magistrados son muchos, yo no comparto esa crítica —que es muy popular— porque al organizar la función por salas, entonces la Corte está tratando de especializar las salas para abordar ciertos temas”.
Aguilar compara que el Supremo de Costa Rica tiene 22 magistrados, el de El Salvador está compuesto por 15 magistrados, igual que en Honduras, mientras en Guatemala la Corte está integrada por 13 jueces. “Nicaragua está en el promedio”, comenta.
Desde mediados de la década de 2000, los magistrados nicaragüenses se otorgaron un salario equivalente a 6000 dólares mensuales, aunque este aumenta por las diversas prerrogativas que complementan el sueldo nominal.
La presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, en un efusivo saludo a Daniel Ortega, en otro acto partidario. Foto tomada del Poder Judicial
La CSJ está conformada por cuatro salas: de lo penal, lo civil, lo constitucional y lo contencioso administrativo. Seis magistrados integran cada sala. Mientras que el Consejo Nacional de Administración y Carrera judicial, lo constituyen cuatro magistrados, que no forman ninguna sala, sino que trabajan por la administración del sistema.
“Al nombrar solamente a cuatro magistrados hace que el Consejo no tenga la representación de ningún otro estamento del Poder Judicial, como los Tribunales de Apelaciones, la Defensoría Pública y los jueces de distritos. Ese Consejo solo tiene la visión de los propios magistrados. Eso crea una malformación desde el inicio”, manifiesta Aguilar.
Expresa que si se eliminaran los jueces que forman parte del Consejo de Administración, “efectivamente” se podría reducir a 13 el número de magistrados de la CSJ. “Se mantienen las salas, tal y como están, y quizás de los cuatro magistrados del Consejo solo dejás a la presidenta de la Corte”.
Diputados supernumerarios
Álvarez coincide con Aguilar que el número de magistrados de la CSJ no es el problema. En cambio, le “parece excesivo” tener 180 diputados. “Todos ellos con prerrogativas y costos al erario público”.
Gustavo Porras al ser juramentado como nuevo Presidente de la Asamblea. Carlos Herrera | Confidencial
Los diputados se recetaron a inicios de año un aumento salarial del 5%, por lo que devengan 96 251.72 córdobas por mes, unos 3000 dólares. Adicional a su pago, los legisladores reciben recibe 36 cupones de combustible al mes con una asignación de unos 135 galones. Cada cupón es por 20 litros de combustible.
Aparte de esos beneficios económicos, cada diputado administra discrecionalmente un Fondo Social de 466 780 córdobas al año para ayudas económicas a asociaciones y otros 20 000 córdobas para dar becas estudiantiles.
“La Asamblea Nacional solo sirve para apretar el botón verde, no se le cambia una coma a los proyectos del Ejecutivo. En la Asamblea además de un problema cualitativo es cuantitativo”, sentencia Álvarez.
Urge cambio en el Poder Electoral
El jurista estima que el Consejo Supremo Electoral es uno de los poderes que más urge cambiar, ya que la salida a la crisis política actual no se dará con las actuales autoridades. El CSE está integrado por siete magistrados propietarios y tres suplentes.
Daniel Ortega camina junto al ahora exmagistrado Roberto Rivas en la sede del CSE, en febrero de 2018. Cortesía Presidencia
Se desconoce cuánto ganan los magistrados, aunque desde 2007, Daniel Ortega emitió un decreto en el que establecía entre 2300 y 3000 dólares el salario de los altos funcionarios de los ministerios y entes descentralizados. Sin embargo, esa orden rige al Ejecutivo y no al resto de poderes del Estado. Algunas investigaciones periodísticas revelaron que el salario de Roberto Rivas, expresidente del CSE, rondaba los 60 000 dólares al año.
“Es un poder sometido a la voluntad de Ortega. Los reportes de organismos internacionales y la OEA dicen que no funciona el Poder Electoral. Es un poder que no le sirve a nadie porque no hay elecciones competitivas y transparentes”, enfatizó Álvarez.
Indicó que los cambios en el CSE son constitucionales, ya que Ortega puede pedir su renuncia a los magistrados, para que no haya necesidad de destituirlos. “Hay que nombrar a nuevos magistrados que le den confianza a toda la población”.
Contraloría y Fiscalía
La Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio Público son dos de las instituciones que, según Álvarez, se tienen que analizar a fondo si necesitan una reducción en el número de dirigentes.
“Pudiéramos discutir si en la Contraloría se debe volver al modelo unipersonal, donde el titular del órgano era un Contralor y había un subcontralor, y eliminar a ese órgano colegiado”, manifiesta el también académico, quien menciona que “la Contraloría no sabe ni le interesa saber dónde está el dinero del Estado, ni cómo se gastaron, ni les permiten saber cómo se gastaron”.
En el caso de la Fiscalía, es un órgano que cuantitativamente está bien, “ahí el problema no es de miembros, sino de cómo funcionan los titulares, quienes manejan una agenda política”, añade el analista.
Origen en el pacto Ortega-Alemán
El aumento en el número de magistrados en la CSJ y el CSE, y la creación de un Consejo Superior en la Contraloría, fueron cambios nacidos del pacto de 1998, entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, entonces presidente de la República, que buscaba crear una correlación bipartidista de fuerzas a lo interno de cada institución. La idea era que el FSLN y PLC mantuvieron el control de los principales poderes del Estado.
Arnoldo Alemán y Daniel Ortega en un acto del Ejército de Nicaragua, en septiembre de 2009. Archivo | La Prensa | Oscar Navarrete
Álvarez explica que todos los cambios del pacto se hicieron sin ninguna racionalidad política, institucional ni económica. “Con cargo al presupuesto se creó una estructura estatal elefantiásica, que es parte de esa vieja tradición lamentable del Estado botín, de la repartición de prebendas para tener satisfecho o calmados a socios de partidos satélites, a viejos aliados o miembros de la militancia”.
Romper con esa herencia del pacto será una labor de futuras autoridades. Este cambio se puede realizar mediante dos vías: una reforma parcial de la Constitución o una constituyente. “En ambos casos se requiere un gran diálogo nacional con todas las fuerzas sociales, económicas y políticas más representativas del país”, puntualiza.
Aclara que ese diálogo será posterior a las conversaciones para “salir de la crisis brutal que vivimos”.
En ambos diálogos el principal “obstáculo” es el régimen, ya que, según Álvarez, no ve señales públicas de que Ortega esté convencido de refundar el Estado en una senda democrática. “Él cree que puede volver al modelo del 17 de abril con algunos matices”.
