12 de octubre 2021
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En el arranque del proceso electoral para los comicios del próximo 7 de noviembre, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se encargó de arrasar con toda la oposición, para atornillarse en el poder con unas elecciones a su medida, imponiendo de facto unas votaciones de partido único.
El 19 de mayo, el Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por el gobernante Frente Sandinista, canceló la personería del Partido de Restauración Democrática (PRD) y menos de tres meses después —el seis de agosto— anuló a Ciudadanos por la Libertad (CxL).
En medio de esas órdenes de anular los vehículos electorales de la oposición, encarceló a 37 políticos, opositores y profesionales, entre ellos siete precandidatos presidenciales. Más de 110 días después, cinco de ellos permanecen en las celdas de El Chipote y dos están bajo arresto domiciliario. Además, dos aspirantes más tuvieron que exiliarse para no ser arrestados.
Los encarcelados están incomunicados, solo han recibido una visita y siguen sin recibir alimentos y medicinas enviadas por familiares, pese a la demanda nacional e internacional de respetar sus derechos humanos.
La oposición y miembros de la comunidad internacional coinciden en que el encarcelamiento de los precandidatos opositores, la anulación de la competencia política y el agravamiento del estado policial de facto sepultan la legitimidad de unas votaciones sin garantías y a cargo de un sistema electoral colapsado bajo el control del orteguismo, que orquesta una “farsa electoral” en complicidad con cinco partidos “zancudos” y sus candidatos.
A finales de junio, en una entrevista con el medio oficialista ruso Sputnik, la presidenta del CSE, Mayra Salinas, negó que Nicaragua tenga candidatos o precandidatos presidenciales presos. “El CSE no da por aceptado que estén presos candidatos, porque efectivamente nosotros no tenemos candidatos inscritos, ni tenemos precandidatos”, dijo.
Sin embargo, para la oposición, los siete precandidatos presidenciales que no aparecerán en la boleta ya derrotaron a Daniel Ortega y Rosario Murillo en las urnas, al confirmar la nulidad de un proceso que demanda no ser reconocido por la comunidad internacional.
Arturo Cruz, precandidato de la Alianza Ciudadana
El precandidato presidencial Arturo Cruz luego de una entrevista en abril de 2021. Foto: Nayira Valenzuela | Confidencial
El sábado ocho de mayo, el académico y precandidato presidencial, Arturo Cruz Sequeira, se reunió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en el que ambos coincidieron que era “necesario exigir las máximas garantías para la celebración de un proceso electoral libre y justo”.
Menos de un mes después, el sábado cinco de junio, Cruz fue detenido en el Aeropuerto Augusto C. Sandino de Managua a su regreso de Estados Unidos, acusándolo de infringir la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.
El exembajador de Nicaragua en Washington se convirtió así en el primer nicaragüense detenido bajo esa legislación, que según abogados y especialistas fue creada “únicamente” para inhibir a los candidatos opositores.
Historiador y politólogo, Cruz Sequeira es uno de los académicos más reconocidos del país. Es profesor destacado del Incae Business School desde 1994, ha formado parte del Grupo de Asesores del Hemisferio Occidental del director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), tiene un doctorado en Historia por la Universidad de Oxford y un máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de John Hopkins.
Fue embajador de Nicaragua en los Estados Unidos y Canadá entre 2007 y 2009, nombrado por el Gobierno de Ortega. Posteriormente renunció y volvió a la vida académica, y en 2019 fue nombrado miembro del grupo de asesores del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).
“Creo en mis capacidades, en mis valores democráticos, en mi experiencia de tantos años enseñando. Por eso, siento el compromiso de aportar a la reconstrucción democrática del país y por supuesto, a ofrecerle a los nicaragüenses un plan de nación auténtico”, manifestó al anunciar su precandidatura en la Alianza Ciudadana, integrada por CxL y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).
“Mi compromiso es con un proceso competitivo, si esa posibilidad se desvanece, hay que considerar seriamente participar en ese ejercicio espurio”, criticó en un tuit días antes de ser arrestado.
En entrevista en el programa Esta Semana, también había expresado que las garantías de la observación electoral son innegociables y valoró que “sería una torpeza insólita si inhiben a cualquiera”, tras reconocer que “hasta ahora hemos visto mucha torpeza, además de arbitrariedades”.
Cruz no presentó formalmente su Plan de Nación que, según su equipo de campaña, recogería “las demandas más apremiantes de la sociedad”.
Juan Sebastián Chamorro, precandidato de la Alianza Cívica
Juan Sebastián Chamorro. Foto: Cortesía Jorge Mejía Peralta
El siete de junio, el precandidato presidencial de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, compartió en su blog su indignación por las detenciones de Arturo Cruz y Cristiana Chamorro, que calificó de “ilegales y abusivas”.
“Ambos secuestros y otros que podrían consumarse en los próximos días o semanas, son parte del guion torcido con el que Daniel Ortega quiere acabar con la oposición. Plan macabro que, en lugar de destruir, está fortaleciendo los lazos de solidaridad entre los opositores”, manifestó.
Insistió que “ante la falta de apoyo popular, Ortega pretende que la abstención le facilite una supuesta victoria electoral”.
“Quiere inmovilizar a figuras que se han ganado el respeto de la mayoría de los nicaragüenses; porque Ortega no puede aceptar que ha perdido”, escribió.
Un día después, la noche del ocho de junio, tres camionetas con policías llegaron a detenerlo botando los portones y puertas de su casa. De rodillas y alzando las manos, los recibió para que no lo golpearán a él ni a familiares.
Chamorro estaba citado para el 9 de junio en el Ministerio Público y se imaginaba sería detenido, al igual que el precandidato Félix Maradiaga, capturado ese mismo día por la mañana.
Tras el arresto, también fue acusado de violar la Ley 1055, bajo la cual le atribuyen “actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos e incitar la injerencia extranjera en asuntos internos”.
Entre 2014 y 2019, Chamorro dirigió la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y fue director de la Cuenta Reto del Milenio en Nicaragua. Se desempeñó como viceministro de Hacienda y Crédito Público, fue secretario técnico de la Presidencia y director del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, en el Gobierno de Enrique Bolaños.
También fue director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), cargo al que renunció para postularse a la presidencia.
Presentó un plan de gobierno llamado “Nos mueve la esperanza”, un documento de 26 páginas que propone “erradicar uno de sus principales flagelos históricos: el caudillismo”; tener como “pilar” la igualdad ante la ley, el Estado de derecho, la justicia, la institucionalidad y reformas electorales, y un crecimiento económico “con equidad social y sostenibilidad ambiental”.
Tiene una licenciatura en Economía de la Universidad de San Francisco, un máster de la Universidad de Georgetown y un doctorado en la Universidad de Wisconsin.
Félix Maradiaga, precandidato de la UNAB
En 2009, Félix Maradiaga, describió un “oscuro” panorama para Nicaragua, al valorar que Ortega confirmó “exponencialmente los temores que siempre tuvimos de que volviera al poder”. El politólogo se involucró en las protestas ciudadanas de 2018 y fue uno de los primeros en confirmar su aspiración presidencial. Sin embargo, la tarde del martes ocho de junio, la Policía orteguista lo arrestó al salir de una extensa entrevista en el Ministerio Público.
Un policía lo sacó de manera violenta y agresiva del vehículo y lo golpeó en la cara con el puño cerrado. Minutos después la Policía Nacional confirmó su detención, señalado de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación; incitar a la injerencia extranjera, en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con el financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”.
Maradiaga es politólogo, licenciado en Ciencias Políticas con una maestría en Administración Pública de Harvard University y fue secretario general del Ministerio de Defensa en el Gobierno de Enrique Bolaños. Es miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y fue director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), cerrado tras la cancelación de su personería jurídica en septiembre de 2018.
En septiembre de 2019, tras casi un año de exilio, regresó a Nicaragua y participó en varias protestas exprés y plantones para desafiar el estado policial de facto.
“El régimen no puede secuestrar a seis millones de nicaragüenses (…) ni con un proceso electoral amañado está dispuesto a someterse a la voluntad popular”, declaró minutos antes de ser arrestado.
Al aceptar su candidatura presidencial en la UNAB, Maradiaga enfatizó “que en Nicaragua no va a haber libertad mientras haya presos políticos. Nicaragua es una cárcel y solamente vamos a tener libertad cuando salgamos de Ortega”.
También presentó su plan de Gobierno, remarcando que se tenía que conseguir justicia “sin aterrizajes suaves” y no permitiendo el olvido.
“No vamos a permitir la impunidad, no vamos a permitir acuerdos a espalda del pueblo, no vamos a permitir aterrizaje suave, asumimos el compromiso de justicia para quienes lo entregaron todo, a quienes fueron asesinados, a quienes fueron encarcelados y a quienes fueron torturados, por eso a las familias de los asesinados, nuestro compromiso inquebrantable es de la justicia con cero impunidad, el derecho a la verdad, a la memoria a la no repetición”, afirmó.
Cristiana Chamorro, precandidata independiente
Cristiana Chamorro Barrios. Foto: Nayira Valenzuela | Confidencial
Cristiana Chamorro Barrios era la única precandidata presidencial que no pertenecía a ninguna de las agrupaciones opositoras, pero destacaba en los sondeos de simpatía política.
Aseguró que su nominación se la dio “la gente” que colocó su nombre en las encuestas, e insistió en la necesidad de una verdadera unidad opositora para derrotar a Ortega, tal como lo hizo su madre, Violeta Barrios de Chamorro, en las elecciones de 1990.
En pocos meses pasó de no hacer política a convertirse en el rostro más visible de la oposición. La noche del 21 de mayo, Chamorro Barrios denunció el secuestro de Walter Gómez y Marcos Fletes, extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), de la cual era presidenta, y contra la que el régimen fabricó una acusación por supuesto lavado de dinero.
“Las dictaduras tenebrosas actúan de noche para meter miedo, para intimidar a todas las familias”, dijo Chamorro.
Doce días después, tras un allanamiento de más de cinco horas, la jueza orteguista Karen Chavarría ordenó su captura y fue confirmado su arresto domiciliario.
Chamorro fue acusada “por los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos” a través de la extinta Fundación, para inhibirla de facto.
“No soy candidata oficial y pretenden inhibirme. Qué miedo le tienen al cambio. Unida, Nicaragua volverá a ser República”, escribió en su cuenta de Twitter, horas antes de su arresto. El perímetro de su vivienda permanece rodeado de oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP).
Desde 1998, Chamorro estuvo dedicada a la defensa de la libertad de expresión y a la promoción de la democracia desde sus cargos como directora y presidenta de la FVBCh. También es vicepresidenta del diario La Prensa.
Se graduó en Historia y Filosofía en la UCA e hizo una maestría en Historia y Literatura Latinoamericana en la Universidad de Ohio.
Entre 1987 y 1993 fue subdirectora del diario La Prensa, periódico del que también ha sido columnista.
Al confirmar su aspiración presidencial, invocó el legado democrático de su madre y su padre Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, mártir de las Libertades Públicas y héroe nacional, con “nueve pilares de la democracia” que incluyen “libertad de expresión, elecciones libres, no reelección presidencial, respeto a los derechos humanos, desarrollo económico sostenible, Estado de derecho con separación de poderes”.
Medardo Mairena, candidato del Movimiento Campesino
El siete de abril, el líder campesino Medardo Mairena lanzó su candidatura a la presidencia. Lo hizo en un hotel de Managua rodeado de policías que requisaron y tomaron fotos a los asistentes y periodistas que daban cobertura.
“No podemos permitir que una sola familia (los Ortega-Murillo) haya secuestrado los poderes del Estado, que una sola familia nos ponga el pie en el cuello a seis millones de nicaragüenses”, declaró.
Mairena fue preso político entre julio de 2018 y junio de 2019, por participar en las protestas de 2018, y se hizo conocido en 2013, cuando formó parte de la lucha por la derogación de la Ley 840, con la que el régimen cedió una concesión canalera al empresario chino Wang Jing.
Desde meses antes de su segunda detención, Mairena había denunciado que la Policía lo seguía a todas partes. “Tengo Managua por cárcel”, dijo.
El campesino de 42 años declaró que llegó a la política por accidente. En 2004 fue “alcaldito” de la comunidad Punta Gorda, que es un puesto que sirve para auxiliar al alcalde. Luego se integró al Movimiento Campesino anticanal, para defender los derechos de los campesinos afectados por la concesión canalera.
De niño no pudo ir a la escuela por el temor de sus padres a enviarlo durante los años que duró la guerra de los ochenta. Recibió clases por primera vez a los 16 años, terminó la primaria y llegó hasta segundo año de secundaria.
Sobre las críticas por su nivel académico respondió: “Muchos dicen, Medardo Mairena no puede ser presidente porque no tiene un título universitario (…) pero Dios, mi familia y mis padres me han enseñado a ser honrados, me han inculcado valores, y a que los retos se deben asumir con responsabilidad”.
Aunque formalmente no presentó un plan de gobierno manifestó que quería “construir una democracia duradera, donde haya un Estado de derecho en el que se pueda construir justicia y donde pueda haber una economía estable”.
“Queremos que todos los que han cometido crímenes de lesa humanidad, que sabemos que no prescriben, enfrenten la justicia. Nuestra prioridad es la libertad de los presos políticos y la solidaridad con sus familiares (…) así como lograr el cese a la represión contra los campesinos y la población en general”, agregó.
También dijo que quería “lograr el regreso de nuestros hermanos en el exilio que también están sufriendo una crisis humanitaria”.
Miguel Mora, candidato del PRD
Miguel Mora. // Foto: Archivo | Confidencial
La Fiscalía orteguista basa su acusación contra el periodista y precandidato del Partido de Restauración Democrática (PRD), Miguel Mora, en el testimonio de cuatro policías, mensajes que publicó en sus redes sociales y una entrevista a un medio de comunicación.
“Lejos de lo que algunos piensen, nunca fuimos ingenuos, sabíamos que el peor de los escenarios estaba por venir. Incluso, en esencia ese era nuestro objetivo estratégico, plantarnos con candidaturas fuertes, imponer un ambiente electoral inclusivo y democrático, organizarnos a nivel nacional y exigir elecciones libres y transparentes tanto nacional como internacionalmente”, escribió el periodista y precandidato presidencial Miguel Mora, el 12 de junio en un artículo publicado en CONFIDENCIAL.
Ocho días después, la noche del domingo 20 de junio, la Policía lo recapturó, argumentando una “investigación” por la supuesta violación a la Ley 1055, que ha sido aplicada para “criminalizar” a los opositores.
Mora fue encarcelado por primera vez en 2018, acusado de incitar al odio tras denunciar la represión orteguista. Las instalaciones del Canal 100% Noticias, del que es propietario, fueron confiscadas el 21 de diciembre de 2018, y un grupo de antimotines lo secuestró junto con la periodista Lucía Pineda Ubau, y ambos sufrieron cárcel en condiciones denigrantes.
“Te entierran en vida para desbaratarte moralmente, para que te quebrés, que tu pensamiento y principios cambien a favor de ellos”, expresó en entrevista con Esta Semana, tras ser excarcelado en junio de 2019.
Mora estudió Periodismo en la Universidad Centroamericana (UCA) y en 1991 empezó una pasantía en televisión. En 1995 emprendió con su proyecto de 100% Noticias como un espacio informativo de 15 minutos en el canal estatal. Anduvo alquilando espacios hasta que fundó su propio canal de cable.
Mora, que también es evangélico, aseguró que en su plan de gobierno sería “presidente de todos los nicaragüenses, evangélicos, católicos, y agnósticos”, basado en un modelo de “consulta popular” a través de constantes plebiscitos.
Manifestó que más de cien especialistas se abocaron a construir un plan de nación, que valorarían en la Coalición Nacional, de la que el PRD fue parte.
Su promesa principal era “restaurar la democracia” y crear “planes estratégicos para controlar el costo de la vida, los combustibles y el manejo estatal”.
Noel Vidaurre, precandidato conservador
“No se puede hacer campaña electoral normal en un Estado en el que no podés reunirte con la gente”, declaró al programa Esta Semana, el veterano político conservador, Noel Vidaurre, cinco días antes de su arresto domiciliario.
Estaba claro que las condiciones no eran las óptimas para participar en un proceso electoral controlado por el régimen Ortega-Murillo, pero estaba dispuesto a seguir como precandidato presidencial de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL). “Son las condiciones que hay”, dijo tajante.
Por tercera vez, Vidaurre, de 66 años, tenía aspiraciones presidenciales. Antes fue candidato por el Partido Conservador en 1996, y en 2001 declinó a una candidatura presidencial para no dividir a los votantes y “para que no ganara Daniel Ortega”, en las elecciones en las que triunfó el expresidente Enrique Bolaños como candidato del PLC.
El sábado 24 de julio, dos horas después de comparecer ante el Ministerio Público, la Policía anunció que le imponía casa por cárcel argumentando una supuesta investigación y violación a la Ley 1055 o “Ley de Soberanía”.
Según el comunicado policial supuestamente habría realizado “actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación”, pero no brinda información específica sobre dichos actos.
Tras un interrogatorio en la Fiscalía, Vidaurre declaró que no le dieron ninguna razón de por qué lo citaron, solamente le explicaron que se debía a comentarios suyos brindados a medios de comunicación.
“Yo no he hablado nunca de que hay que sancionar a Nicaragua ni cosa que se le parezca”, afirmó al salir de la cita.
Vidaurre insistía en que votar era la única forma de salir de la dictadura, a pesar de la desconfianza en el sistema electoral y el encarcelamiento de precandidatos presidenciales. “Estamos hartos de Daniel Ortega, hartos de esta dictadura, hartos del Frente Sandinista y queremos cambiar”, repetía.
Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cursó estudios en Macroeconomía en la Universidad de Colorado y una maestría con especialidad en Banca y Finanzas en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae) en San José, Costa Rica.
Fue viceministro de Relaciones Exteriores y viceministro de Economía en el Gobierno de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro.
En el exilio: María Asunción Moreno y Luis Fley
“Salí del país, tenía mucha presión y decidí mejor abandonar Nicaragua, me exilié. Había amenazas de la dictadura de detenerme, mucha presión de mis amigos y de mi familia para que saliera de Nicaragua”, declaró el 12 de julio, Luis Fley, presidente de la opositora Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) y precandidato presidencial, exiliado en Estados Unidos.
Fley anunció su interés de ser precandidato a la presidencia por parte del FDN en la Coalición Nacional (CN) el 12 de febrero y tras la cancelación del PRD decidió inscribirse en el proceso de selección de candidatos de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, el 31 de mayo, y renunció semanas después.
“Dejar mi precandidatura ya no tiene ninguna importancia porque los precandidatos están presos, las elecciones ya no van a ser a cómo deberían ser, entonces ¿qué voy a estar haciendo allí? ¿Haciéndole el juego a Daniel Ortega? Yo no le voy a hacer la comparsa a mi adversario político”, aseguró.
María Asunción Moreno y Luis Fley.
La doctora María Asunción Moreno, experta en Derecho Penal, también se vio obligada al exilio. Menos de 24 horas después que se divulgó que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia la propondría como precandidata presidencial ante la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL), el Ministerio Público la citó para una entrevista, sin detallar los motivos.
El 25 de julio, la abogada confirmó su exilio ante la amenaza de encarcelamiento, después que la Fiscalía solicitó su “conducción forzosa” y el allanamiento de su vivienda, donde robaron su vehículo.
“Ante el acoso, la persecución y la amenaza de mi encarcelamiento por parte de la dictadura Ortega Murillo, he decidido salir del país, creo que desde el duro exilio —escribió en Twitter—, podré aportar más que desde el aislamiento e incomunicación, al que son sometidos nuestros presos y presas políticas”.
