8 de febrero 2021
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La mañana del pasado viernes cinco de febrero, los gerentes generales de bancos y empresas de microfinanzas de Nicaragua, ‘corrieron’ a leer el ejemplar número 25 de La Gaceta, Diario Oficial, para ver si en esa voluminosa edición de 44 páginas, aparecía publicada la Ley de Adición y Reformas a la Ley 842, Ley de Defensa de los Consumidores, aprobada apresuradamente un día antes.
En esa edición de La Gaceta estaba la reforma al Código Procesal Penal, que permite encarcelar por 90 días a una persona inocente, mientras el Estado decide si respeta la presunción de inocencia. También diversas resoluciones, acuerdos, avisos y certificaciones de doce instituciones estatales, más la sección mercantil, la judicial, y las universidades, pero no había nada sobre la nueva ley, que ha sido bautizada como ‘Ley de Defensa de los Sancionados’.
“Hasta que salga publicada podremos hacer un análisis de su impacto”, dijo a CONFIDENCIAL un alto ejecutivo que trabaja para una empresa de microfinanzas. Él opina que “la Asamblea Nacional le tiró la papa caliente a la Superintendencia de Bancos (Siboif) y a la Comisión Nacional de Microfinanzas (Conami), que son las que manejan la prevención de lavado de dinero con base en los acuerdos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las Normas de Basilea”.
El problema es que “no sabemos qué normativas sacarán la Superintendencia y la Conami. La Ley se materializará hasta que se publiquen esas normas, y si dicen que hay que abrirle cuentas a los sancionados, comenzará el ‘estira y encoge’ con los bancos”, adelantó.
La aprobación de esa Ley abrió un compás de espera, en el que los bancos saben qué van a hacer en el caso de que Daniel Ortega llegue a firmarla y hacerla Ley. El problema es que ellos no saben qué es lo que hará Ortega.
Por su parte, el ejecutivo de un banco con presencia nacional que también eligió el anonimato, explicó que él y sus colegas acordaron no adelantarse a los hechos, y que solo queda “esperar a que sea Ley, porque sí está aprobada, pero no está vigente, ni lo estará hasta que no sea sancionada” por el mandatario.
Una vez que la Asamblea se la envíe a Ortega, él dispone de quince días para sancionarla, vetarla parcial o totalmente, o devolverla. “Hasta tanto no se cumpla el proceso, no estará vigente”, repitió.
José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), y exejecutivo bancario, dijo en el programa de entrevistas La Mesa Redonda, que “el régimen está apostando a que no va a suceder absolutamente nada, pero cuando se publique en La Gaceta, los departamentos de cumplimiento de los bancos nacionales, y los de los bancos corresponsales, tendrán que valorar si esta ley los pone en una dinámica distinta”, avisó.
Principio de incertidumbre
Más allá de la física cuántica, no hay actividad humana en la que la incertidumbre sea bien valorada. Y la banca —ni ningún tipo de negocios— no es la excepción.
Si bien el economista Néstor Avendaño, presidente de Consultores para el Desarrollo Empresarial (Copades), considera que los banqueros están tranquilos porque el Gobierno sabe que aplicar esa Ley sería un suicidio, admite que todo el ‘ruido’ generado alrededor de este tema, ha levantado “polvaredas que sí provocan temor entre el público no bancario”.
Ese temor se manifiesta en una consulta que ha recibido en más de una ocasión en los últimos días, y que también circula profusamente por las redes sociales: ¿deberían los ahorrantes retirar su dinero de los bancos?
Avendaño relató, al ser entrevistado en el programa Esta Semana, que solo se transmite en línea por causa de la censura televisiva del Gobierno encabezado por Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, que hay personas que le han dicho que van a retirar su dinero, a lo que él les responde que “esto no es motivo para provocar un cisma financiero en el país”.
Aguerri dice que no está contemplando un escenario de ‘corralito financiero’, aunque reconoce que “quedarse sin bancos corresponsales es un corralito de hecho”.
El ejecutivo de microfinanzas citado antes, dijo que no tiene indicios de que haya un retiro de los ahorros del público en la banca, y que, antes bien “hemos visto un aumento de depósitos por catorce meses consecutivos. Veremos cuando tengamos los datos de febrero”, adelantó, mientras que el banquero descartó que esté ocurriendo una salida de capitales hacia plazas más estables que la nicaragüense.
Sin embargo, la banca está bajo la espada de Damocles.
Avendaño recuerda que “los bancos han estado en incertidumbre desde 2018, y cada año que pasa, la incertidumbre es mayor. Los bancos no están exentos de incertidumbre: hay problemas políticos, hay problemas económicos, y en 2020 se agregó la pandemia, que también afecta a la banca”.
Pero no solo a ellos. El ejecutivo de microfinanzas recordó que a los depositantes les gusta la seguridad de que un banco estará sólido, que no será afectado, y que tiene suficiente capital para responder por los depósitos. “Si los agentes económicos tienen incertidumbre sobre el futuro de los bancos, la gente se pone nerviosa, deja de invertir, y revisa más seguido cómo está la situación”, graficó.
Sancionados no entran al banco ni con esa ley
Una de las derivas a las que puede conducir el compás de espera que se abrió con la aprobación parlamentaria de la ‘Ley de Defensa de los Sancionados’, es que uno de ellos se acerque a una sucursal bancaria a querer abrir una cuenta. Otra, que llegue su cónyuge o uno de sus hijos.
“El tema de los sancionados es una interpretación muy particular de los bancos, porque una ley extranjera los condiciona a no realizar ninguna transacción financiera con los sancionados. El Gobierno lo sabe muy bien, así que, si empuja eso, se desploman las transacciones financieras internacionales de la banca radicada en Nicaragua con el resto del mundo”, expresó el presidente de Copades.
Por eso, cree que ha sido exagerada la reacción de quienes dicen que los sancionados volverán a entrar a los bancos. “Eso no es posible. No basta con que lo quiera cualquier político en el poder, porque haría un tremendo daño”, advirtió.
El banquero consultado por CONFIDENCIAL reveló que sus pares están diciendo que es probable que se cierren las corresponsalías, si los obligan a abrir cuentas a los sancionados. En todo caso, no quieren adelantarse, así que están dejando que la Ley siga todo su proceso, a ver si los sancionados llegan a abrir una cuenta, por lo que no hay incertidumbre en este momento.
“Un sistema bancario funciona en un andamiaje de normas, entre ellas las nacionales, pero también las del Gafilat, entre otras. Las leyes nacionales pueden ser puestas en contra de las leyes extranjeras, pero si lo hacés, entonces podés quedarte aislado”, aseveró el ejecutivo.
Si la Ley entra en vigencia, “los bancos se van a amparar, porque esto viola la Constitución. El Tribunal [de Apelaciones] puede aceptarlo o no, y suspender el acto, o no. Si no te amparan, y la Ley entra en vigor, los bancos no le abriremos cuentas a los sancionados, y en ese caso, ¿el Gobierno llegará a cerrarte?”, cuestionó.
Aguerri no cree que el oficialismo intente que los bancos abran cuentas a los sancionados, pero sí a los allegados de estos, que no están en las listas oficiales de la OFAC, por lo que, partiendo de esa lógica, “no tendríamos por qué ser afectados como país”.
“Si se les ocurre exigir que se le abra cuenta a un sancionado, nos quedamos fuera del sistema financiero. Ahora, la esposa de un narcotraficante puede venir al país a abrir una cuenta. Antes, el banco simplemente no lo habría permitido”, explicó.
Extender alcance de sanciones a familiares y allegados
El economista alega que ni la Magnitsky Global, ni la NICA Act, estipulan que las sanciones a una persona o entidad, trascienden a terceras personas. “Solo menciona al sancionado por violación a derechos humanos o por corrupción, pero en la práctica, los bancos aplicaban esa sanción a todos los familiares del sancionado, y eso es incorrecto”.
Aunque desde el sector bancario se explica que lo hacen para mitigar el riesgo intrínseco, “eso tampoco lo justifica, porque la banca tiene instrumentos para investigar si el origen de los recursos es lícito o no, cuando ascienden a 10 000 dólares o más”, recordó.
Las personas vinculadas cercanamente con los sancionados, también son afectadas”, reveló el oficial estadounidense, admitiendo que cada historia es distinta, porque por regla general, afecta a los adultos que pudieran ayudar al señalado, a burlar las sanciones de la Magnitsky.
Las sanciones del Departamento del Tesoro pueden afectar a familiares cercanos del sancionado, tales como hijos o cónyuges, para evitar que burlen la Ley. A qué parientes se incluye en la lista, depende de cada persona sancionada. Normalmente no se publican los nombres de esos allegados.
La semana pasada, los senadores estadounidenses Ben Cardin y Roger Wicker propusieron una “actualización legislativa” de la Ley Global Magnitsky. La reforma bipartidista propone “permitir la sanción de familiares directos” de violadores de derechos humanos y cleptócratas, para que los “violadores de los derechos humanos y los actores corruptos no escapen a las consecuencias de sus acciones, incluso cuando su país de origen no busque justicia para sus víctimas”.
De todos modos, “si viniera una orden de la Superintendencia, de reabrirle una cuenta a un sancionado, no habrá banco que se la abra… porque sería un suicidio colectivo”, no solo para la banca, sino para el país, y añadió que eso haría que nos colocaran en una lista negra, junto a naciones como Irán y Corea del Norte, países en los que nadie invierte.
Estar en esa lista negra “aumenta el coste de invertir en un país”, aseguró.
Amcham y Cosep respaldan posición de Asobanp
La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), el Cosep, Cadin, APEN, y Canatur se pronunciaron respaldando la posición de Asobanp.
La reforma “deterioraría la posición del país dentro del GAFI, afectando potencialmente las corresponsalías de los bancos internacionales, imposibilitando el recibo de remesas, fundamentales para miles de nicaragüenses, así como cualquier transacción internacional que requiera transferencias, impactando en las exportaciones e importaciones, inversión extranjera directa, y contratos con tarjetas de crédito, lo que aislaría a Nicaragua del sistema financiero internacional”, advirtió la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN).
Para la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), la reforma aprobada “compromete la credibilidad de la actividad financiera del país, abriendo paso a actividades ilícitas como el lavado de dinero. Habrá también afectaciones directas en el empleo, las remesas, la inversión extranjera, restando competitividad al país, y sumiéndolo aún más en la pobreza”.
Desde la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), recuerdan que esta reforma “impactará duramente en los mismos consumidores, sean estos ciudadanos o empresas en general, que por distintas razones requieren hacer uso del sistema financiero nacional, llámense bancos o financieras”, y advierten del daño que hará a “todas las industrias, incluida la turística”.
Finalmente, la Unión Democrática Renovadora (Unamos), dijo que esta ley “pretende obligar a las empresas y, en especial, a los bancos, a tener entre sus clientes a funcionarios o instituciones que han sido sancionados por corrupción, lavado de dinero y violaciones graves a los derechos humanos de los nicaragüenses”.
El grupo político opina que “la Ley está hecha para proteger los intereses económicos de la familia Ortega Murillo y su cúpula sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza, y abre la puerta a que se exija a los bancos locales a prestar servicios a quienes estén vinculados al crimen organizado”.
