24 de junio 2020
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El Consejo Federal del Gobierno de Suiza decidió imponer "medidas coercitivas" a seis funcionarios del régimen de Daniel Ortega, en respuesta a la situación actual de Nicaragua, uniéndose así a las sanciones anunciadas por la Unión Europea, en mayo pasado contra el jefe de la Policía Nacional, primer comisionado Francisco Díaz; el operador político y de espionaje de la pareja presidencial, Néstor Moncada Lau; la exmiministra de Salud, Sonia Castro; y los jefes policiales Ramón Avellán, Luis Alberto Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina.
El exembajador nicaragüense, José Luis Velásquez, califica las sanciones de Suiza como “inusual”, pues asegura que no existe en la historia otro caso en el que el país emitiera una condena “con nombre propio”, en contra de funcionarios de un Gobierno extranjero, en este caso directamente contra el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Suiza ha sido el paraíso fiscal donde se refugian muchas cantidades de dinero que circulan a nivel internacional desde la Segunda Guerra Mundial”, aseguró Velásquez, en entrevista en el programa Esta Noche, que se transmitirá por YouTube y Facebook Live.
El argumento de las sanciones de Suiza, al igual que las de la Unión Europea y Estados Unidos, son las "continuas violaciones contra los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho" en Nicaragua.
Las consecuencias de las sanciones de Suiza
En un comunicado divulgado este 24 de junio, el Consejo Federal anunció que impondrá sanciones financieras y de viaje contra los seis funcionarios, que incluyen la congelación de sus activos y prohibición de ingreso o viaje a través de Suiza.
Como consecuencia, valoró Velásquez, los funcionarios orteguistas no podrán “poner a salvo los recursos de los que se han apropiado de forma indebida”, en Nicaragua, tras recordar que Ortega y su Gobierno han administrado de forma discrecional más de 3000 millones de dólares de la cooperación venezolana.
El Consejo Federal detalló en el comunicado que "actualmente, las medidas están dirigidas a dos asesores personales del presidente Ortega y cuatro representantes de alto rango del sistema judicial y la Policía de Nicaragua, acusados de violaciones graves de los derechos humanos".
Sin embargo, Velásquez considera que las sanciones de Suiza, además de afectar a los seis funcionarios específicos, tendría serias consecuencias a Nicaragua y su acceso a recursos económicos provenientes de esa cooperación.
Según el sitio web de la cooperación Suiza, este país importa de Nicaragua, principalmente, metales preciosos y productos como bananos y café. En el 2018 este intercambio tuvo un valor de 75 millones de Francos Suizos, casi 80 millones de dólares estadounidenses.
Por el otro lado, Nicaragua compra a Suiza maquinaria, productos farmacéuticos, ópticos e instrumentos médicos, que en el mismo año representaron unos 5.3 millones de Francos Suizos o su equivalente en dólares estadounidenses que representan 5.5 millones.
El Consejo Federal precisó que los activos afectados por el congelamiento deben ser reportados de inmediato a la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos del Gobierno de Suiza, y aclaró que "estas sanciones no están dirigidas contra el pueblo de Nicaragua".
Los argumentos tras las sanciones de Suiza
En el detalle sobre los argumentos de sus sanciones contra los seis funcionarios orteguistas, el Consejo Federal detalla:
Francisco Javier Díaz Madriz, director general de la Policía Nacional, señalado de ser "responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, incluso por parte de las principales fuerzas policiales que cometen actos de violencia contra civiles, incluido el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y detenciones y torturas".
Ramón Antonio Avellán Medalla, subdirector general de la Policía Nacional, como "responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, incluso mediante la coordinación de la represión de los manifestantes en Masaya en 2018".
Sonia Castro González, exministra de Salud y ahora asesora especial presidencial en temas de Salud, por "responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, incluso obstaculizando el acceso a la asistencia médica de emergencia para los civiles heridos involucrados en manifestaciones y ordenando al personal del hospital que denuncie a los manifestantes que han sido llevados al hospital por la Policía".
Néstor Moncada Lau, asesor personal del Presidente en asuntos de seguridad nacional, debido a que "en esta capacidad, ha estado directamente involucrado y es responsable de la toma de decisiones sobre asuntos de seguridad nacional y el establecimiento de políticas represivas del Estado de Nicaragua contra las personas que participan en manifestaciones, representantes de la oposición y periodistas en Nicaragua desde abril de 2018 en adelante".
Luís Pérez Olivas, comisionado general y jefe del centro penitenciario 'El Chipote', como "responsable de violaciones graves de los derechos humanos, incluida la tortura, el uso de fuerza extensiva, el maltrato de detenidos y otras formas de trato degradante.
Justo Pastor Urbina, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP), que, sostienen, "ha estado directamente involucrado en la implementación de políticas represivas contra los manifestantes y la oposición en Nicaragua, particularmente en Managua. En este contexto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua".
Preocupación de Suiza por solución pacífica
El Consejo Federal también expresó estar "muy preocupado por el debilitamiento creciente de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en Nicaragua", e instó al Gobierno "a respetar y proteger las leyes nacionales e internacionales sobre derechos humanos, en particular las relativas a la libertad de expresión y reunión".
Nicaragua enfrenta un estado policial de facto, impuesto desde septiembre de 2018, en un intento de suspender las protestas antigubernamentales que estallaron en abril de ese año. La represión orteguista contra la llamada Rebelión de Abril dejó al menos 325 fallecidos, más de 860 presos políticos, de los cuales 86 continúan en prisión, unos 100 000 nicaragüenses en el exilio debido a la persecución política y decenas de heridos y desaparecidos.
El Consejo Federal de Suiza añadió que el Gobierno de Daniel Ortega debe "respetar los derechos fundamentales de sus ciudadanos, tal como se definen en dos acuerdos hechos con la oposición en marzo de 2019, y a implementar una reforma electoral genuina". Las protestas contra Ortega demandaron justicia, libertad y democracia y elecciones anticipadas que no ocurrieron. Según el calendario electoral, las próximas elecciones generales están previstas para noviembre de 2021.
"Continuando con su compromiso de 40 años con el desarrollo de Nicaragua, Suiza está preparada para apoyar los esfuerzos para encontrar una solución pacífica a este conflicto sociopolítico", agregó el comunicado.
La medidas anunciadas por el Consejo Federal entran en vigencia a partir de este mismo 24 de junio.
