2 de agosto 2018
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Si la administración de Daniel Ortega sigue agravando la crisis política, el país llegará a un punto sin retorno en el que escasearán los recursos financieros, al punto que podría verse obligado a imprimir dinero sin respaldo, lo que podría dar inicio a un proceso inflacionario.
Menor actividad económica significa menor recaudación de impuestos. Mayor incertidumbre en las calles implica un descenso en los flujos de inversión, nacional y extranjera. Las violaciOnes a los derechos humanos que ya suman mas de 300 muertos, pueden conllevar a sanciones financieras, y cese de desembolsos de préstamos y donaciones.
Aunque el crecimiento del producto interno bruto, que se proyectaba en 4.7% para 2018, oscila ahora entre 1% y -1%, “el problema central es político, y lo más grave es la pérdida de vidas humanas por la masacre”. Quien así lo define es el economista José Luis Medal, entrevistado en el programa de televisión Esta Noche, que se transmite por Canal 12.
“El consumo de los particulares ha bajado. La inversión privada nacional y extranjera ha disminuido, y estamos fundamentalmente en una grave crisis económica. Los depósitos bancarios han disminuido, y si no se restablece el clima de confianza para las inversiones, no habrá salida económica de corto plazo”, sentencia el experto.
Si bien en este momento hay dinero para seguir pagando las planillas de los trabajadores del Estado, también lo es que hay muchas razones objetivas para prever una disminución de los ingresos tributarios del Gobierno.
Según un estudio de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), se han perdido hasta 215,000 empleos, lo que implica menor recaudación de ingresos, en primer lugar, porque “al haber un número mayor de desempleados, hay un menor pago de impuesto sobre la renta (IR)”, detalló Medal.
Menos recaudación de impuestos
Los consumidores –desempleados o no- han limitado su consumo a bienes esenciales. “Incluso sectores medios de altos ingresos, están buscando cómo aumentar sus ahorros”, y sea que dejen de ir a un restaurante, o de comprar un televisor, “se contraen los montos recolectados en concepto de impuesto al valor agregado (IVA)”, declaró.
“Recordemos que el IVA y el impuesto selectivo al consumo representan cerca del 41% de los tributos. Al haber menos venta, al estar cerradas muchas actividades, el IVA se ha caído. Al haber cerrado muchas empresas, el IR caerá inevitablemente. En ese sentido los ingresos gubernamentales vienen para abajo”, vaticinó.
Medal admite que una de las opciones del Gobierno es imprimir córdobas sin respaldo, si se queda sin dinero para pagar la planilla estatal. Por fortuna, “el Banco Central ha adoptado la política de restringir la cantidad de córdobas en circulación”, para que a la gente le sea más difícil comprar dólares, y evitar que bajen más las reservas internacionales netas ajustadas (Rinas), “que ya han disminuido como en 300 millones de dólares”.
Lo triste de ese escenario es que se puede cumplir, pero peor aún, se puede agravar, si Ortega continúa asesinando y reprimiendo a los ciudadanos. A los nacionales y a los extranjeros, después que asesinaran a Henry Sixto Vera, de nacionalidad estadounidense, y a Rayneia Lima, natural de Brasil.
Esos dos países se han mostrado muy activos impulsando en los pasillos de la Organización de Estados Americanos (OEA), la condena al Gobierno de Daniel Ortega, y podrían mover sus teclas para buscar que el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ejerzan una vigilancia más estricta sobre los desembolosos de fondos a Nicaragua, cuya economía es altamente dependiente de los recursos externos de los organismos multilaterales.
En 2017 los multilaterales aportaron 770 millones de dólares para financiar el grueso de la inversión pública. De ese monto, el BID aportó más de 300 millones.
Menos dólares para Ortega
Mientras tanto en el Congreso norteamericano se debate una ley en el Senado para aplicar sanciones dirigidas a altos funcionarios y allegados del régimen involucrados en actos de represión y corrupción, y la congresista Ileana Ros-Lethinen persiste en su intento por revivir la NICA Act, y hacer que en consecuencia, Estados Unidos se incline a aplicar sanciones económicas al Gobierno de Ortega.
Si el cierre del grifo de las multilaterales es una posibilidad, el fin de la cooperación venezolana es una realidad. Medal recuerda que la cooperación venezolana promediaba más de 500 millones de dólares al año antes de comenzar a disminuir, mientras que la inversión extranjera directa (IED), que sumó 1 400 millones de dólares el año pasado, ya comenzó a disminuir y seguirá haciéndolo.
“Si sumas la disminución de la cooperación venezolana, la contracción en la inversión extranjera, y le agregas la posibilidad muy real, de que el BID y el BM pongan más lentos sus desembolsos, o que lleguen a suspenderlo, esta economía va a estar en una gravísima situación”, en particular, porque “no habrá cómo financiar el enorme déficit en la balanza comercial que tiene Nicaragua”, graficó.
Por si sus problemas potenciales de disponibilidad de recursos no fueran suficientes para preocuparse, Ortega insiste en dispararse en el pie, esta vez, al atentar en contra del sigilo bancario, que es una de las bases de la confianza en el negocio financiero.
En ese contexto “el Gobierno no debe promover fuga de depósitos, como fue el intento de romper el sigilo bancario, y como lo es esta ley antiterrorista, en especial después que el público ya ha retirado el 15% de los depósitos” que guardaban las bóvedas de los bancos, explicó Medal.
Ortega tiene credibilidad cero
Las posibilidades de que, después de haber ejecutado una masacre de trescientos ciudadanos, Ortega pueda seguir gobernando el país con un mínimo de éxito, o proponer una solución al problema de la Seguridad Social, o negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), son mínimas, tal como lo explica el doctor en economía, José Luis Medal.
“Negociar con el FMI casi siempre implica medidas de ajuste. Las medidas de ajuste implican sacrificios, y los sacrificios requieren capital político”, señaló Medal, detallando que ese mismo silogismo es válido para tratar de resolver la crisis financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
“No creo que el Gobierno tenga capacidad de ofrecer ninguna propuesta para resolver la crisis de la Seguridad Social, porque en las diferentes alternativas que se evalúen, habría que pedir sacrificios”, insistió el experto.
Además, habría que tomar decisiones sobre el dinero que el Gobierno le debe al INSS, (en un momento en que lo que el Gobierno no tiene, es dinero para pagar); habría que revisar los gastos excesivos en la administración del INSS, lo que implica despedir a muchos acólitos del FSLN si es que se quiere contribuir para encontrar soluciones.
“¿El Gobierno irá a investigar la corrupción en el INSS? ¿Investigará la profunda corrupción que existe en el Estado?”, se pregunta Medal.
“Yo sostengo la hipótesis que solo a través de una transición democrática, con un Gobierno democrático con suficiente capital político, se puede llamar a todos los sectores a un diálogo inclusivo; entrar en negociaciones con el FMI, y formular políticas económicas y sociales inclusivas que permitan reactivar la economía del país, y no veo que lo pueda hacer un gobierno que ha perdido totalmente la capacidad de gobernar y de exigir los sacrificios que requieren algunas de las políticas económicas”, puntualizó.
Un nuevo Gobierno
El economista defiende que para realizar esa transición democrática, se necesita un apoyo más decidido y firme de los grandes capitales, e invita a eliminar el fantasma de que si Ortega no está al frente del timón del gGobierno vendría el caos.
“Perfectamente puede haber una transición democrática ordenada, en la cual la ciudadanía elija a sus nuevas autoridades en una elección anticipada. Perfectamente se puede reconstruir la institucionalidad y que en este país haya orden, como condiciones para reactivar la economía, y que haya respeto a los derechos humanos fundamentales”, opinó.
“Es fundamental crear un Comité Cívico Nacional, que tenga capítulos departamentales, con el objetivo único de lograr la transición democrática, encabezado por los líderes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, e incorporando personas de partidos políticos que no sean colaboracionistas abiertos”, de modo que sea una alianza nacional incluyente”, detalló.
Ese Comité Cívico Nacional incluiría a todos los componentes de la Alianza: dirigentes estudiantiles, campesinos, empresarios… “se puede hacer una unidad nacional que sería irresistible, que pudiera crear las condiciones para una transición democrática y con un Gobierno en el que habría un verdadero Estado de Derecho, que incentive la inversión nacional y extranjera, para que Nicaragua podría comenzar a salir de sus problemas”, amplió.
