Mariano de Alba
25 de diciembre 2016
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Al contrario de la sorpresa en Estados Unidos, en noviembre la región contó con otras elecciones presidenciales que sí fueron previsibles. Con más del 72% de los votos, Daniel Ortega fue reelecto para ejercer su tercer mandato consecutivo. Las principales causas de su victoria fueron la implementación de programas sociales que redujeron la pobreza, el aparente buen estado de las finanzas públicas y la exclusión de la contienda de la oposición mediante decisiones de la autoridad electoral y el poder judicial. Pero detrás de esas razones está la importante influencia de otro país: Venezuela.
Al asumir la presidencia en 2007, el primer acto de Daniel Ortega fue firmar su adhesión a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba). Dos meses más tarde, la Asamblea Nacional nicaragüense aprobaba el ingreso a Petrocaribe, un esquema que como ya hemos explicado aquí, ha permitido a sus países miembros ser abastecidos de petróleo venezolano bajo unas condiciones de pago sumamente beneficiosas.
Sin embargo, la “cooperación” venezolana ha sido incluso mucho más ventajosa para Nicaragua que para los demás países. El modus operandi de la ejecución del acuerdo ha garantizado que el gobierno de Ortega recibiera fondos sin que éstos estuvieran comprometidos a su presupuesto nacional. Específicamente, la estatal nicaragüense Petronic –a través de una empresa mixta formada con PDVSA y llamada Alabanisa– importaba petróleo venezolano y aunque cancelaba las facturas en un plazo de 90 días, PDVSA al mismo tiempo otorgaba créditos en efectivo por el 50% de esas facturas a una cooperativa privada controlada por el Frente Sandinista conocida como la Caja Rural Nacional (Caruna).
Esta triangulación permitió que los recursos provenientes de PDVSA fueran utilizados sin ningún tipo de contraloría. Según el Fondo Monetario Internacional, entre 2008 y 2012, 62% de los fondos otorgados por Venezuela fueron destinados a “proyectos de lucro” ejecutados por al menos 60 empresas privadas constituidas bajo la influencia o control de Ortega y dedicadas a actividades tan diversas como construcción, telecomunicaciones, turismo, seguridad, explotación forestal y agricultura. Sólo el 38% restante fue destinado a la financiación de los programas sociales de alimentación, crédito y construcción de viviendas.
Recientemente se ha conocido que desde el año 2012, consultores legales de PDVSA cuestionaron que los fondos fueran transferidos a Caruna pues se generaba un riesgo de no poder cobrar la deuda. Hasta finales de 2015, esos fondos superaron los 3.600 millones de dólares y el gobierno de Ortega siempre ha insistido en tratarlos como una “deuda privada”. De hecho, el gobierno venezolano exigió que Nicaragua entregara algún tipo de “garantía soberana” para respaldar la deuda, pero únicamente recibieron unos pagarés emitidos por Caruna.
Al final, en abril de 2016 se conoció que, a solicitud de Venezuela, todos los activos y pasivos de Caruna fueron transferidos a Albanisa, lo que en términos prácticos representa una condonación de al menos la mitad de la deuda existente pues PDVSA es propietaria del 51% de las acciones de esa empresa. Paralelamente, PDVSA transfirió su parte de la deuda al Banco Central de Venezuela, tratando de convertir al exorbitante pasivo en una “deuda soberana” que sea exigible al Estado nicaragüense y no a una cooperativa privada de responsabilidad limitada.
En definitiva, esto significa que entre el año 2008 y 2015, Venezuela financió al gobierno de Daniel Ortega con más de 4.400 millones de dólares, divididos entre préstamos, donaciones e inversiones extranjeras concretadas a través de Albanisa. Por su parte, buena parte de la cooperación venezolana ya ha sido pagada por Nicaragua con la exportación de productos como carne, azúcar, café y ganado, a precios mucho más costosos que los del mercado internacional. Sólo en 2012, y según el Centro Nicaragüense de Trámites de Exportación, Nicaragua exportó más de 400 millones de dólares a Venezuela en alimentos.
En proporción, tal y como ha explicado el político nicaragüense Edmundo Jarquín, el financiamiento venezolano a Nicaragua representa más del doble de lo que por año el Canal de Panamá genera para el presupuesto panameño. En promedio, Venezuela ha financiado a Nicaragua con más de 500 millones de dólares anuales, lo que equivale a aproximadamente 6% del Producto Interno Bruto de Nicaragua entre 2008 y 2015.
La consolidación de un modelo autoritario en Nicaragua
Al igual que en el caso venezolano, el excedente de recursos que recibió Ortega le permitió consolidar un modelo autoritario cuyas características principales son el control de los poderes públicos, de los medios de comunicación y un claro debilitamiento del estado de derecho, llevando esto a una reducción drástica de los derechos de la oposición nicaragüense.
A pesar de ser Nicaragua el tercer país más pobre de Latinoamérica, gracias a Venezuela ha podido prescindir de esquemas de cooperación internacional ofrecidos por Naciones Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos. Al mismo tiempo, la holgura generada por la cooperación venezolana ha ocasionado una estabilidad fiscal tan importante que Nicaragua ha podido incrementar su acceso al financiamiento de entes como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Asimismo, Ortega ha podido financiar, sin control alguno, programas sociales, ampliando la base de su partido y la dependencia ciudadana del Estado.
Pero quizás el aspecto más transcendental de la cooperación venezolana es que ha permitido al gobierno de Daniel Ortega crear un importante conglomerado de empresas, pudiendo adquirir medios de comunicación y desarrollar intereses comerciales en Nicaragua que han eliminado cualquier incentivo o necesidad de cooperación o entendimiento con los partidos políticos y la sociedad civil. A diferencia de Venezuela, tanto a nivel interno como internacional, en Nicaragua se ha concretado un trueque tácito, pues muchos han hecho la vista gorda con la implementación de un modelo autoritario visto el mantenimiento de ciertas políticas económicas sensatas.
¿Cooperación o injerencia?
Con el colapso económico que ahora vive Venezuela, Nicaragua está en serios problemas. Ya en los primeros seis meses de 2016, la cooperación venezolana disminuyó un 37%. Pero Daniel Ortega ya ha consolidado su proyecto autoritario.
Lo paradójico es que haya sido el gobierno de Venezuela, recurrente defensor del principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, el que haya decidido poner en práctica este esquema. El efecto práctico ha sido fortalecer a un líder político y su entorno con tal cantidad de recursos que se ha eliminado la posibilidad de que se concrete el ejercicio democrático.
Por ende, la cooperación venezolana con Nicaragua es en realidad un acuerdo en donde no ha prevalecido el interés nacional venezolano ni el deseo de cooperar en el desarrollo de los nicaragüenses. Más bien, se ha concretado la intención de financiar a una tendencia política para que lograra perpetrarse en el poder. Y no es poca cosa que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro lo hayan logrado a costa de recursos que, en teoría, son de todos los venezolanos.
