29 de mayo 2017
La abrupta salida de Nicaragua de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) el miércoles pasado, causó una oleada de incertidumbre política en Managua y Washington. Los delegados del secretario general Luis Almagro arribaron al país el lunes 22 de mayo, y tenían previsto el regreso este sábado 27. Pero, sorpresivamente, se fueron sin dar ninguna explicaciones. Fuentes diplomáticas basadas en Managua achacan la interrupción del diálogo político con el gobierno del comandante Daniel Ortega a un conflicto por las competencias de la misión.
La misión OEA, encabezada por Gonzalo Koncke, tenía previsto reunirse con diferentes partidos políticos (legales e inhabilitados) y organismos de la sociedad civil para conocer su opinión sobre el sistema electoral y político. Las citas estaban acordadas previo del aterrizaje de la misión en Managua, pero intempestivamente fueron canceladas alegando “motivos de fuerza mayor, ajenos a la misión”.
Solo quedó Luis Ángel Rosadilla, consejero de asuntos específicos del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Sin embargo, un día después, el jueves 25 de mayo, el canciller Denis Moncada lo recogió en un hotel capitalino y lo llevó al aeropuerto.
Rosadilla no explicó las razones de la salida y se limitó a decir que habrá una respuesta “institucional de la OEA”.
Los planes de la misión consistían en reunirse con el gobierno, embajadores y con otros sectores sociales y políticos. El martes celebraron en el Ministerio de Relaciones Exteriores un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua. Las fuentes diplomáticas confirmaron que en la hoja de ruta presentada por la OEA estaban contempladas las reuniones con los partidos políticos y organismos de la sociedad civil. Estaba establecido en el punto 3.5 del Artículo III del Memorándum de Entendimiento firmado por la OEA y el gobierno el 28 de febrero 2017.
Según dos fuentes diplomáticas consultadas por Confidencial, el conflicto devino cuando el gobierno decidió restringir a la OEA limitarse a trabajar con los partidos políticos legales inscritos que participarán en las elecciones municipales, entre ellos los partidos denominados como “colaboracionistas”.
En cambio, la OEA tenía la intención de reunirse y trabajar con todos los sectores políticos del país, incluidas las fuerzas políticas que están excluidas del proceso electoral, y las organizaciones de la sociedad civil.
Hace unos meses, en la negociación del memorándum de entendimiento, la OEA abogó porque el Gobierno convocara a un diálogo nacional, pero el canciller Moncada se rehusó. La segunda opción fue la promoción de una consulta, y el gobierno también la rechazó. Sin embargo, la OEA vino a Nicaragua bajo la premisa de que la misión tendría competencia y libertad absoluta para reunirse con todas las fuerzas políticas y sociales del país
Ante la nueva negativa del Gobierno, la oficina de la OEA en Managua canceló las reuniones programadas.
Mensaje de incertidumbre
“Fue una sorpresa. Nos enviaron esa comunicación, informando que nuestra reunión con el consejero de asuntos específicos del secretario general, Luis Ángel Rosadilla, era cancelada. Es decir, ni siquiera reprogramada”, relató la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la doctora Vilma Núñez, quien tenía una cita concertada.
Núñez dijo que el encuentro quedó pactado desde diciembre de 2016, cuando el secretario Luis Almagro visitó el país. Desde esa fecha, el CENIDH quedó en “constante comunicación” con el jefe de la misión que aterrizó la noche del lunes, Gonzalo Koncke.
Según Núñez, el 22 de mayo la oficina de Koncke les ratificó el encuentro a través de un correo electrónico y la fecharon para las nueve de la mañana de este 24 de mayo.
La misma notificación recibió el Frente Amplio por la Democracia (FAD), el Movimiento por Nicaragua y partidos políticos como Ciudadanos por la Libertad (CxL) y Alianza por la República, éste último partido comparsa del régimen del comandante Ortega.
“El encuentro lo gestionamos la semana pasada con el señor Koncke y esta mañana la sede de la OEA, a través de una llamada telefónica la reconfirmó. Lo extraño es que tres horas después nos estaban cancelando”, refirió Sergio Boffelli, dirigente del Movimiento por Nicaragua.
Eliseo Núñez, ex diputado y miembro del Frente Amplio por la Democracia (FAD), también confirmó que a ellos les cancelaron.
Confidencial intentó contactarse con el jefe de la misión Gonzalo Koncke, y con el vocero de la OEA Sergio Jellinek, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuestas. Tampoco la OEA ha emitido comentarios.
Los planes iniciales eran que Koncke saldría de Nicaragua el día miércoles 24 de mayo, y el resto de la misión estaría hasta el sábado atendiendo las reuniones programadas. Sin embargo, su salid fue abrupta por la cancelación d las citas, que incluyó incluso a misiones diplomáticas que la OEA sondeaba para conseguir financiamiento.
Esto ha enviado un mensaje de preocupación a los sectores políticos y de la sociedad civil del país. “Acciones de este tipo, sin explicaciones convincentes y claras, debilitan el esfuerzo que impulsan para aportar a la solución de los graves problemas que sobre la materia en cuestión existe en Nicaragua”, cuestionó la presidenta del CENIDH en una misiva enviada a Koncke. “La falta de una explicación clara no abonaría a fortalecer la credibilidad que el proceso en general requiere y podría enmarcarse dentro de la política excluyente que hay en nuestro país”.
Para el dirigente del Movimiento por Nicaragua, Boffelli, esto demuestra “la falta de voluntad política” del gobierno de Ortega de ampliar el diálogo con otros sectores políticos y sociales, que demandan depuración total del sistema electoral.
¿La Nica Act influyó?
El ex diputado Núñez considera que detrás de la cancelación de las citas está la aprobación este miércoles de la Nica Act por parte del subcomité del Hemisferio Occidental del Congreso. Es el primer paso del proyecto de ley (que impondría sanciones y castigaría a funcionarios corruptos del gobierno de Ortega) en toda la tubería legislativa para su aprobación.
“Puede ser que el gobierno de Ortega lo haga para endurecer su posición, y lo considere una acción inviable con este otro actor político (OEA) al que no le tiene nada que decir, porque no tienen acuerdo”, dijo Núñez.
Roberto Courtney, director del organismo de Ética y Transparencia (EyT), no descarta que la aprobación de la Nica Act podría acelerarse, tanto en el Congreso y el Senado norteamericano. El republicano Ted Cruz presentó ante la cámara alta un nuevo proyecto de la NicaAct, que, a juicio del ex embajador de Nicaragua en Washington, Arturo Cruz, fue “suavizado” pero endurecido en el tema de la corrupción.
El excanciller Francisco Aguirre Sacasa coincidió en que el componente anti corrupción en la Nica Act afectaría directamente al comandante Ortega, sus familiares y su entorno, pues los congresistas están enfocados en ciertas personas de la cúpula gubernamental. “No creo que sea válido el argumento de que la economía nicaragüense va a ser castigada, y los actores políticos no van a ser afectados”, vaticinó.
El excanciller sostuvo que la aprobación de la Nica Act depende de las decisiones del comandante Ortega. En cuando al papel del sector privado, Aguirre Sacasa aseguró que en Washington llama la atención que existe un modelo interesante de diálogo entre el Gobierno y el sector empresarial, pero “están clarísimos de que ese diálogo no está incidiendo en el tema de gobernabilidad política, institucionalidad y corrupción”, puntualizó.
En Washington prevén que el Nica Act pase a discusión y aprobación del Comité de Relaciones Exteriores en junio próximo.
El subcomité del Hemisferio Occidental está conformado por nueve congresistas, y su visto bueno empuja a la Nica Act al siguiente paso establecido para ratificar un proyecto de ley: El Comité de Relaciones Exteriores debe discutirlo y aprobarlo.
De ser aprobado por este otro comité del Congreso, la Nica Act pasaría al Plenario de la Cámara de Representantes para discusión y aprobación.
Peligroso quiebre con la OEA
“Ortega no accede a este acercamiento con la OEA por vocación democrática, sino como un ejercicio para ganar tiempo y defenderse de la NicAct”, sostuvo Courtney.
El director de EyT advirtió que es peligroso que el diálogo con la OEA se quiebre por completo, porque el modelo de Ortega está sustentado en dos pilares: crecimiento económico (que mantiene satisfecho al sector privado) y el autoritarismo. Si el último pilar es favorecido, Courtney no descarta que el económico comenzará a sufrir los efectos de la decisión política. “Eso no es bueno para nada”, afirmó.
Mientras tanto, los organismos de la sociedad civil han exigido a la OEA una pronta respuesta por la salida abrupta del país. La doctora Núñez dijo que se “merecen respeto y una explicación de parte de Koncke”. Aunque no quiso especular las razones de la cancelación de la reunión. “Consideramos que el gobierno pudo habérselo prohibido, pero es mejor no suponer pero sí decir que esto es grave para la credibilidad de la OEA en este acuerdo”, insistió.
Esta semana el Centro Carter visitó Nicaragua y se reunió con partidos políticos, la sociedad civil y ciudadanos para animarlos a incorporarse a la vida democrática, y de ser posible poder observar el proceso electoral de noviembre próximo.
“La observación electoral nacional es vital para la transparencia y la apropiación de los procesos electorales y las organizaciones cívicas nacionales juegan un papel importante en la educación de las votantes y la promoción del Estado de derecho”, aseguró el Centro Carter.
Jennie Lincoln, directora del programa de América Latina y el Caribe del Centro Carter, dijo que al foro realizado invitaron al gobierno, los magistrados del Poder Electoral y al Frente Sandinista, pero no asistieron. Sobre la OEA, Lincoln no quiso a vaticinar, pero si señaló la importancia de que el acuerdo continúe.
El Centro Carter recordó que durante las elecciones generales de noviembre de 2016, “a pesar del clamor por la observación electoral de la mayoría de los nicaragüenses, el gobierno se negó a acreditar observadores nacionales e internacionales”.
“El Centro Carter alienta al gobierno a adherirse a los estándares democráticos de los procesos electorales que brindan garantías a los ciudadanos y alientan la participación e insta a las autoridades electorales a acreditar debidamente a los grupos observadores nacionales para las próximas elecciones, como se encuentra consagrado en la propia ley electoral de Nicaragua”, propuso el centro fundado por el expresidente Jimmy Carter.
No hay donantes para US$ 18 millones
En la reunión que la OEA y cancillería ofrecieron al cuerpo diplomático, abordaron esencialmente el tema presupuestario para financiar las acciones de la misión. Pero hasta en eso hubo divergencias, señaló el director de EyT.
Embajadores presentes en la reunión —que arrancó con media hora de retraso y duró cincuenta minutos en Cancillería— coincidieron en que la presentación por parte del gobierno y la OEA “fue general”.
El canciller Moncada expuso los “antecedentes”, es decir reuniones que tuvieron con la OEA hasta llegar al memorándum de entendimiento suscrito con la OEA. Mientras que Gonzalo Koncke detalló cada rubro del presupuesto, como Confidencial lo había dado a conocer desde mediados de mayo.
Según Courtney, el presupuesto inicial propuesto por la OEA era de ocho millones de dólares. Sin embargo, el gobierno del comandante Ortega lo regresó y le agregó un aumento de 10 millones de dólares para invertirlos en el “actualización de la infraestructura del Consejo Supremo Electoral”.
Fuentes diplomáticas explicaron a Confidencial que el presupuesto es importante, ya que la respuesta de los países donantes será un indicador del nivel de credibilidad que le otorguen al acuerdo político suscrito entre el Gobierno de Nicaragua y Almagro.
“Tampoco dijeron si tienen un plan ‘B’ para conseguir los fondos”, aseveró otro de los embajadores. Las fuentes diplomáticas narraron que la reunión “fue una apelación” no tan directa a la comunidad internacional para conseguir los fondos para financiar la misión de la OEA.
El cabildeo para recoger los fondos ha sido infructuoso hasta la fecha, porque los donantes no quieren financiar un proyecto tan caro y que no aborda los problemas torales del sistema electoral, de acuerdo a Courtney.
Los principales candidatos de donantes son Estados Unidos, pero las señales no son alentadoras con el gobierno de Trump. Por ejemplo, el mandatario propone recortar 98% los fondos de ayuda bilateral hacia Nicaragua. La cooperación caería a 200 mil dólares si el Congreso aprueba su propuesta presupuestaria.
La directora del Centro Carter dijo a Confidencial que otros posibles donantes serían Canadá y la Unión Europea, pero lo ve improbable si se toma como antecedente el informe de 2011 de la misión europea, que criticó las falencias del proceso electoral.
“Para un donante es un susto tener un presupuesto de ocho millones y después otro de 18 millones. Es muy difícil”, lamentó Lincoln.
La misión de la OEA propuso al gobierno regresar al presupuesto de ocho millones, pero la postura del Ejecutivo sandinista fue que los diez millones del Consejo Supremo Electoral no podían ser tocados.
“La OEA planteó dos caminos: Regresar a los ocho millones o quedarse con el de 18, pero agregando al acuerdo más temas que toquen el corazón del problema del sistema electoral… pero no hubo consenso”, dijo Courtney.
A juicio de Courtney, el secretario general Almagro y el comandante Ortega deben encontrar una nueva ruta para el diálogo.
“El quiebre de la mesa de diálogo e intercambio con la OEA aceleraría las sanciones contra Nicaragua como la NicaAct, y empeoraría basado en el hecho que el gobierno de Ortega no muestre esfuerzo por reestablecerlas”, insistió el director de EyT.