20 de enero 2017
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Este veinte de enero vence el nuevo plazo del diálogo político entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno del comandante Daniel Ortega, en torno a la aplicación de la Carta Democrática. Si las partes llegaron a un acuerdo, se espera un informe en conjunto. De lo contrario, cada quien emitiría un informe por separado. Sin embargo, hasta ahora se desconoce a ciencia cierta los alcances de estas conversaciones, iniciadas el pasado quince de octubre.
El acercamiento fue propiciado por un informe preparado por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, previo al proceso electoral del seis de noviembre, en el que Ortega se reeligió sin observación electoral y sin competencia democrática, porque la oposición fue ilegalizada, con un nivel de abstención record superior al 50%. Ese informe, presuntamente crítico de la falta de transparencia electoral en el país, se ha mantenido en secreto a pedido del gobierno de Ortega, como también los avances en el diálogo.
Algunos políticos opositores que solicitaron la intervención de la OEA ante la crisis política y electoral de Nicaragua, aseguran que el gobierno de Ortega estaría dispuesto a ejecutar algunos cambios cosméticos.
“Se habla de que regresaran personerías jurídicas a los partidos ilegalizados, incluidos el MRS (Movimiento Renovador Sandinista), una promesa de reforma a la Ley Electoral para incluir la observación, el reemplazo de algunos magistrados del Poder Electoral, entre otras cosas, pero nada de esto es información oficial”, dijo el exdiputado José Pallaís.
Esta misma información es compartida por exlegislador Eliseo Núñez y el exembajador de Nicaragua en Washington Mauricio Díaz. Aunque la información no es precisa, señalaron. Lo que sí se repite en todas las versiones de la negociación es que lo que impide la posibilidad de un acuerdo –previsto inicialmente para el 15 de enero-- es que Almagro y la OEA demandan a Ortega que los acuerdos sea refrendados a través de un verdadero diálogo nacional, que incluya a todos los sectores del país.
No obstante, el gobierno de Ortega rechaza la demanda del diálogo nacional y solo aceptaría un diálogo solo con los partidos políticos ¨zancudos¨ con representación en la Asamblea Nacional.
“Eso es inaceptable porque obvia a todas las fuerzas políticas excluidas y sectores sociales. Eso sería un diálogo con sus adláteres que no producirá nada… sería que (el gobierno) está hablando con él mismo”, aseguró Pallais.
La OEA no ha contestado las consultas de Confidencial sobre los alcances de las conversaciones.
Distintas organizaciones de la Sociedad Civil, entre ellos el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), enviaron el trece de enero una carta a Almagro, en la que argumentaron que “el deterioro de la institucionalidad democrática requiere de medidas correctivas realmente profundas”.
Las organizaciones descartan que el “simple cambio” de magistrados en el Consejo Supremo Electoral (CSE) y en otras instituciones garantice el restablecimiento democrático, sino que agudizará la desconfianza en la institucionalidad.
Respecto a la observación electoral nacional e internacional conculcadas por Ortega, la carta sostiene que una misión de la OEA u otra institución en las elecciones municipales de 2017 no serán garantía algunas mientras “las reglas del juego y el sistema electoral sigan en el estado actual”.
Mientras que el Frente Amplio por la Democracia (FAD) remitió otra comunicación a Almagro. Exigen realizar otras elecciones generales “auténticas”, debido al bajo nivel de participación registrada el seis de noviembre.
“Es la forma cívica de evitar mayor concentración del poder, terminar con las consecuencias graves en la seguridad ciudadana, el desarrollo humano y la cultura política provocadas por la impunidad instalada en Nicaragua con una práctica de borrón y cuenta nueva que nunca termina; y prepararnos mejor, como país, para enfrentar los tiempos difíciles y de “incertidumbre” que se vienen”, asegura el FAD.
