18 de noviembre 2022
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Los ataques a la Iglesia católica, al agravamiento de la situación de los presos políticos en el último año y la erosión cada vez mayor de los derechos humanos en Nicaragua parecían suficientes razones para forjar una condena al unísono de 32 países en la 52 Asamblea General celebrada el 7 de octubre pasado. Entonces el Gobierno de Xiomara Castro de Honduras optó por un discurso ambiguo tras respaldar la decisión colectiva.
El vicecanciller Gerardo Torres Zelaya pidió incluir un “pie de página” al final de la declaración: “En estricto apego a los principios del derecho internacional y, en particular, al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados, (Honduras) considera que esa situación debe resolverse entre los y las nicaragüenses a fin de propiciar la armonía y el entendimiento de esa nación hermana”.
Navegando en dos aguas, apoyando la condena a Ortega, pero reivindicando al mismo tiempo el discurso “antiintervencionista” del régimen de Nicaragua, la Administración Castro rompió dos votaciones continuas de “abstención” en el organismo regional en pronunciamientos sobre la situación nicaragüense: una el 13 de mayo y otra del 12 de agosto pasado.
Desde hace cuatro años, la OEA le ha dado seguimiento a la situación de Nicaragua, uno de los más graves retrocesos de abusos de derechos humanos en América Latina, votando 15 resoluciones, mientras otros foros como la Organización de Naciones Unidas (ONU) han conocido también el deterioro in crescendo de la situación del Estado de derecho en el país centroamericano.
En abril pasado, cuando se votó para investigar en la ONU las violaciones de derechos cometidas por el régimen, el representante hondureño anunció que votaría en contra. Criticado por distintos sectores a nivel nacional e internacional, el Gobierno se retractó y apoyó finalmente la decisión.
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Para Arístides Mejía, exministro de Defensa antes del golpe de Estado de 2009 contra Manuel “Mel” Zelaya—esposo de la actual mandataria hondureña—, hay una confusión de parte del Gobierno de su país en el caso de Nicaragua. Por lo tanto, él visualiza una política exterior en ese sentido que está en proceso de definición.
Arístides Mejía, exministro de Defensa de Manuel "Mel" Zelaya. Foto/O. Enríquez
Aunque el Gobierno tiene ya casi diez meses en el poder, Mejía describió al oficialista Libre como un partido heterogéneo e identificó a un grupo de izquierda “vociferante” que podría tener una solidaridad mal entendida con Nicaragua—basada en términos de la “guerra fría”—, pero explicó que la mayoría siguen siendo exmiembros del Partido Liberal, divididos entre tradicionales y muy de derecha, con posiciones distintas sobre el tema.
“(El Partido) Libre tiene dentro de su seno un debate interno también. En ese mismo voto de Nicaragua (en la ONU) hubo declaraciones contradictorias, porque después dijeron que había sido un error, y quisieron anularlo lo cual es imposible. El voto emitido no se puede borrar. En la misma Cancillería hay personas con las dos concepciones y lo mismo ha pasado recientemente. Hay que verlo desde ese ángulo”, afirmó Mejía.
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También están los lazos de lealtad entre las cúpulas de ambos Gobiernos. En 2009, Ortega brindó su respaldo a Zelaya en medio de la crisis causada por el golpe de Estado. En junio de 2022, en su primer año en el poder en Honduras, la mandataria hondureña recordó aquellos días convulsos y entregó un diploma de reconocimiento al dictador nicaragüense a través del embajador, en que se lee que lo honran por “su apoyo a la democracia y a la resistencia del pueblo hondureño”.
Rápidamente, simpatizantes de Ortega difundieron en las redes sociales aquel diploma como un sinónimo de respaldo absoluto, obviando que, pese al silencio en Honduras, la comunidad internacional ha denunciado las violaciones de derechos humanos, perpetradas en Nicaragua. En la represión de 2018, al menos 355 personas fueron asesinados, más de 2000 resultaron heridos, al menos 200 000 personas han huido del país y en el país hay actualmente 219 presos políticos.
En Honduras no se percibe, a pesar de lo que se pueda creer, que exista tanta cercanía entre Ortega y los líderes políticos hondureños.
Mejía: “Relaciones con el FSLN no eran tan estrechas”
“Cuando nosotros fuimos Gobierno, bajo el Partido Liberal, “Mel” Zelaya trató de establecer buenas relaciones con Nicaragua, no solo porque son vecinos, sino porque tenían algunas afinidades en cuanto a la unidad latinoamericana, a la ideología, porque hubo ese giro hacia la izquierda. Pero yo percibí que esas relaciones no eran estrechas como se pensaba. Si usted lo ve bien fueron más estrechas las relaciones de Juan Orlando Hernández (JOH), un partido bastante de derecha vinculado al narcotráfico y corrupción, que con el mismo Libre”, sostuvo Mejía.
Para el exministro tampoco se puede hablar de una solidaridad absoluta con el ejecutivo de Nicaragua y dijo que espera que el Gobierno hondureño siempre defienda los derechos humanos, las libertades, la democracia y esos grandes valores que, según él, se han mantenido en Honduras, donde a diferencia del territorio nicaragüense todavía no se reporta el encarcelamiento de los opositores para evitar que participen en las votaciones.
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Mejía añadió que la situación actual de Nicaragua se explica por medidas desesperadas tomadas desde la cúspide política, en las cuales no se están buscando soluciones, lo que se convierte en un esfuerzo fallido, porque es “una carrera hacia adelante donde al final la historia te alcanza y te derriba”.
Registro de los votos en la OEA: seis a favor y nueve abstenciones
Según una revisión de las votaciones de Honduras en la OEA sobre Nicaragua, realizada por CONFIDENCIAL, el gobierno de Xiomara Castro ha mantenido su decisión de abstenerse cuando se valora la situación de Nicaragua en una especie de continuidad de la política de su antecesor.
El expresidente Juan Orlando Hernández, quien se encontraba en las antípodas ideológicas de Castro y Ortega y fue extraditado a Estados Unidos para ser procesado por narcotráfico, tuvo muy buenas relaciones con el régimen nicaragüense, a tal punto que él fue uno de los tres mandatarios que participó en la desprestigiada toma de posesión del nicaragüense en enero de 2022, antes de entregar el poder a su sucesora.
La OEA declaró “ilegítimos” los resultados de las votaciones de noviembre del año pasado en Nicaragua a través de una resolución en la que Honduras se “abstuvo”.
De acuerdo con el mismo conteo periodístico, de las 15 resoluciones en el caso de Nicaragua, tomadas tanto en la Asamblea General como en el Consejo Permanente de la OEA, Honduras ha votado en seis ocasiones a favor y en nueve de ellas marcó abstención desde 2018.
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Para el analista político Filadelfo Martínez, la relación de Honduras y Nicaragua es más compleja que pensar en un “alineamiento” entre ambos países. Además del tema ideológico, él observa lazos en común y recuerda las relaciones que tuvo JOH con Ortega.
Filadelfo Martínez, analista político hondureño. Foto/O. Enríquez
Martínez dijo que las mismas siguen siendo buenas, dado que exfuncionarios de esa Administración se encuentran protegidos por el régimen, a pesar de que son investigados en su país por supuestos actos de corrupción, en referencia al exsecretario de la Presidencia, Ebal Díaz, y al exministro de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, Ricardo Cardona.
“Les dieron hasta la ciudadanía. Ahí hay una relación bastante sólida. Es interesante porque si hablamos de alineamiento: el Gobierno anterior logró negociar con el Gobierno de Ortega problemas limítrofes que benefician a Honduras. El congreso de Nicaragua ratificó esos acuerdos, pero este Gobierno ideológicamente afín al FSLN no ha ratificado esos acuerdos. Ahí ve usted un punto de tensión entre los dos Gobiernos”, añadió Martínez.
El analista afirmó que si el Partido Nacional—actualmente en la oposición— hubiese estado en el poder también se hubiese cuidado de herir “susceptibilidades” con el régimen de Nicaragua, tratando de mantener relaciones de amistad debido a los intereses comunes de los países.
El especialista dijo que “la OEA ha bajado de nivel en Honduras”, ya que no es considerado como el mejor espacio para plantear problemas como el de Nicaragua en una posición similar a la liderada por el bloque de Venezuela, México y a la que se sumó Ortega iniciando su salida del organismo por considerarlo “injerencista”, un proceso que terminaría en noviembre de 2023.
Entre el gobierno de Xiomara Castro y el FSLN también existen afinidades con sus simpatías con Cuba y Ecuador, incluso el expresidente Rafael Correa es asesor de la Administración hondureña y mantiene buenas relaciones con el partido oficialista nicaragüense.
A pesar de todo lo que se pueda decir desde el Gobierno de Honduras para justificar su indiferencia ante la realidad de Nicaragua, Filadelfo Martínez sostuvo que no existe justificación para votar en contra de una resolución que condena las violaciones de derechos humanos, pero es francamente explicable en el contexto centroamericano.
“Solo en Costa Rica hay una sólida política de derechos humanos, pero el resto de países de Centroamérica una característica es que son violadores de derechos humanos, todos nuestros países”, lamentó el analista Martínez.
Junto a Nicaragua, que representa el caso más extremo de involución democrática en la región centroamericana, El Salvador y Guatemala muestran síntomas de autoritarismo y sus regímenes han sido denunciados por perseguir a periodistas y defensores de derechos humanos.
El 7 de octubre pasado, en la Asamblea General de la OEA antes de la condena a Nicaragua, el representante del salvadoreño Nayib Bukele pidió incluir otro “pie de página” como hizo Honduras y San Vicente y Granadinas, cuyo representante en ese último caso, Ralph Gonsalves, es recordado por bailar ante las cámaras de televisión con la vicepresidenta Rosario Murillo, durante el acto partidario de conmemoración del 43 aniversario del triunfo de la revolución sandinista, convertido desde hace años en un culto a Ortega y desde 2018 en una celebración de la represión que permitió su prolongación en el Poder Ejecutivo.
