13 de septiembre 2018
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La tercera resolución que aprobó este miércoles el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenado la violencia del régimen de Daniel Ortega y conminándolo a retomar el Diálogo Nacional, abre las puertas a sanciones bilaterales de parte de la comunidad internacional, coincidieron exdiplomáticos.
La resolución fue aprobada con 19 votos a favor, nueve abstenciones y cuatro en contra. La medida superó la barrera de 18 votos que necesitaba para ser aprobada y contó con el respaldo de 19 países, entre ellos Chile, Colombia, México, Argentina, Perú y Estados Unidos, los más importantes de la región. En contra de la iniciativa votaron Venezuela, Bolivia, San Vicente y las Granadinas y Nicaragua, cuyo representante, Luis Exequiel Alvarado Ramírez, reiteró que su Gobierno "no reconoce" la resolución de la OEA, que consideró parte de las políticas "imperialistas y expansionistas" de Washington.
La novedad de esta resolución radica en su punto siete, el cual hace “un llamado a los Estados Miembros y Observadores (de la OEA) a implementar, de conformidad con sus respectivos marcos legales y el derecho internacional aplicable, las medidas apropiadas para coadyuvar al restablecimiento del estado de derecho y la protección de los derechos humanos en Nicaragua”.
El exembajador ante la OEA, José Luis Velázquez, explicó en el programa Esta Noche que los países pueden tomar medidas bilaterales, ya sea de carácter comercial, diplomático, tratados militares o de comercios de armas para no venderle a países donde los derechos humanos están en riesgo.
“Todas estas medidas se pueden aplicar. La idea es aumentar la presión internacional para volver a restablecer las condiciones del Diálogo y una salida negociada a la crisis”, dijo Velázquez.
Carlos Tünnermann, exembajador de Nicaragua ante Estados Unidos, hizo notar que la resolución también menciona a los “países observadores” permanentes de la OEA, entre los que figuran España, Francia, Italia y Japón.
La resolución aprobada hizo hincapié en que el Diálogo Nacional, mediado por los obispos de la Conferencia Episcopal, debe ser retomado y “comprometido y de buena fe”. Además, exhorta a que el régimen Ortega-Murillo “apoye un calendario electoral” acordado a partir de ese proceso… y la propuesta de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia e incluso de la misma Secretaría General de la OEA es un anticipo de las elecciones.
“El Gobierno de Ortega está tratando de penalizar toda forma de disidencia”, dijo el embajador estadounidense en la OEA, Carlos TrujilloTrujillo. “Los violadores de derechos humanos deben rendir cuentas, agregó el representante norteamericano, quien resaltó que el adelanto de elecciones es la vía más práctica para salir de la crisis que deja más de 322 muertos.
“Esta resolución, en caso de no cumplirse, y que el Gobierno de Ortega siga alegando violación a la soberanía, sin duda abre la puerta a sanciones bilaterales”, aseguró Tünnermann. “Incluso, el preámbulo de la resolución hace alusión a la Carta Democrática Interamericana. Es decir que si el Gobierno no cumple el secretario general bien podría aplicarla en base a los artículos 20 y 21 de la OEA”, agregó el exdiplomático y miembro de la Alianza Cívica.
Reunión con el BID
Durante el Consejo Permanente, también se presentó el primer informe del "grupo de trabajo" de la OEA para Nicaragua, cuya creación fue aprobada el 2 de agosto y que está integrado por 12 naciones: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú.
Los diplomáticos resaltaron lo dicho por el “grupo de trabajo para Nicaragua”: Mantendrán una reunión el 20 de septiembre con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno.
Trujillo explicó que el Gobierno estadounidense busca asegurarse de que el dinero del BID no se utiliza para "pagar a paramilitares o policías que están abusando del pueblo nicaragüense”.
Nicaragua tiene una cartera activa en el BID de 624 millones de dólares, que financia diferentes proyectos, en especial infraestructuras. El directorio ejecutivo del BID, donde están representados sus 48 integrantes y EE.UU. tiene un peso importante, tiene la última palabra para congelar los préstamos a un Gobierno prestatario, algo que no ocurre desde 2009, después del golpe de Estado en Honduras que depuso a Manuel Zelaya como presidente.
El exembajador dijo que los organismos internacionales como el BID hacen evaluaciones periódicas de sus clientes para revisar su capacidad de pago. Si el Gobierno llega a solicitar desembolsos, el organismo podría tomar en cuenta lo que le ha expuesto el grupo de trabajo para Nicaragua sobre la crisis.
“Le dirá al Gobierno que resuelva primero sus problemas políticos, porque, mientras persista, cada dólar que se invierta en Nicaragua será perdido”, dijo Velázquez. El exembajador ante la OEA destacó que los doce países que conforman el grupo de trabajo para Nicaragua tienen votos en los comités de desembolsos de estos organismos, en especial Nicaragua.
Velázquez señaló que Nicaragua necesita de “motores externos”, como remesas, inversión extranjera directa, préstamos y donaciones. Si esos “motores se apagan”, el país se vería en serios aprietos dado que no es Venezuela que recibe dinero por la venta de petróleo, o incluso vende oro.
“Vamos a tener problemas en mantener el marco macroeconómico, se van a tener que tomar medidas al respecto”, advirtió Velázquez. “Nicaragua es más vulnerable a estas presiones. Tarde o temprano, Ortega sabe que tiene que buscar resoluciones al problema. Pierde oportunidad a medida que pasa el tiempo. La situación se va ir agravando, al punto que puede volverse intolerable para todos”, agregó.
Exhortan a facilitar información
Los 12 países del grupo de trabajo concluyeron que la "violencia generalizada continúa" y que se ha "deteriorado considerablemente" la colaboración del Ejecutivo con organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que jugó un papel central de vigilancia al comienzo de las protestas.
Gonzalo Koncke, jefe de despacho de Luis Almagro, pidió al Gobierno “colaboración” con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), quienes no han podido ejercer su labor con plenitud debido a las trabas informativas del régimen.
“Costa Rica manifiesta su apoyo a las recomendaciones contenidas en el informe de la Oficina del Alto Comisionado publicado el pasado 29 de agosto y hace votos para que sean implementadas plenamente en aras de superar la crisis actual, fortalecer las instituciones y el Estado de Derecho en Nicaragua y contribuir a la búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas. Asimismo, exhorta para que se brinden las condiciones y apoyo necesario para el trabajo del MESENI y Grupo Interdisciplinario de Expertos”, dijo la Embajadora de Costa Rica ante la OEA, Rita Hernández.
Los países también lamentaron el hecho de que el Gobierno de Ortega haya expulsado a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
“Nuestra consternación se agrava cuando escuchamos al Gobierno de Nicaragua insistir en que la situación ya regresó a la normalidad. Nada más lejano que eso. Desde nuestra última sesión dedicada a la situación de Nicaragua, en agosto pasado, hechos lamentables y sumamente graves han sucedido que nos obligan hoy, una vez más, a alzar nuestra voz en defensa de una población sujeta a acciones arbitrarias contrarias a las obligaciones estipuladas en los diferentes pactos de derechos humanos”, insistió la representante tica, quien dio uno de los discursos más críticos durante la jornada.
