16 de marzo 2021
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El régimen de Daniel Ortega intenta intimidar a la ciudadanía con la vigilancia política que ejerce en los barrios a través de las llamadas Unidades de Victorias Electorales (UVE) pero, contradictoriamente, la estrategia electoral del Estado-Partido revela la debilidad de que son minoría, consideran opositores y líderes asediados por la Policía desde hace meses.
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Los exdiputados José Pallais, Eliseo Núñez y Víctor Hugo Tinoco señalaron en el programa Esta Semana el domingo pasado que el FSLN ya está utilizando las instituciones y los recursos del Estado para promover la tercera reelección consecutiva de Daniel Ortega. De hecho, Ortega es el único candidato que ha tenido ese partido desde 1984.
Pallais advirtió que, en los próximos meses, de cara a los comicios previstos para noviembre, aumentará la presión contra los empleados públicos y sus familiares, mientras la Policía, el Ejército y los organismos de inteligencia estarán en función de la campaña electoral bajo un mando único.
“La campaña (electoral) del FSLN ya empezó, y está destinada en dos partes: obligar al que tiene algún compromiso para que no rompa ese voto tradicional con el FSLN e incidir en la división de la oposición”, afirma Pallais.
Una investigación de CONFIDENCIAL, publicada este lunes, revela que el Gobierno promueve la reelección de Ortega en 2021, usando los recursos del Estado, mientras los principales líderes de la oposición se encuentran bajo asedio. Mientras el oficialismo goza de esta ventaja, Ortega se niega a efectuar reformas electorales para realizar comicios libres como lo ha demandado la Organización de Estados Americanos (OEA).
Núñez agrega que el FSLN quieren imponer un control del territorio similar al de una “fuerza de ocupación” y relató que, tras la represión de 2018, conversó con un personero del FSLN que le explicó que en la lógica del caudillo “no necesita votos, sino 5 000 hombres armados dispuestos a morir y matar por él”.
El trabajo político en los barrios de las UVE es ejecutado en coordinación con la Policía por una jefatura nacional del FSLN, dirigida por Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, e integrada por ministros leales y Daniel Edmundo Ortega, hijo de Ortega, quien ha sido designado como encargado de proselitismo .
La misión de las UVE es garantizar el tendido electoral del FSLN con militantes incondicionales y caracterizar a los votantes por cada Junta Receptora de Votos —formadas por 400 personas— para intentar convencer a los indecisos con clientelismo político.
Para Tinoco, se trata de un método con el cual ha operado el orteguismo para presionar también al resto de la población para que no salga a votar.
Medardo Mairena, del Movimiento Campesino, quien se encuentra bajo asedio policial, dice que están en una lucha desigual en la que el FSLN está utilizando a los trabajadores del Estado para hacer su trabajo político.
“Gente se les ha volteado” al FSLN
Mairena dijo que el partido gubernamental está buscando cómo llenar su tendido electoral, porque no tienen “simpatía con el pueblo, porque mucha gente se les ha volteado” tras las violaciones de derechos humanos cometidas en 2018.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó del asesinato de 328 personas en el contexto de las protestas ocurridas hace tres años, las cuales fueron reprimidas por el Estado que alegó sin evidencia que se trataba de un golpe de Estado.
Miguel Mora, el precandidato presidencial del Partido de Restauración Democrática (PRD), miembro de la Coalición Nacional, es otra de las víctimas del acoso de la Policía y afirma que la estrategia del régimen es equivocada, porque Nicaragua no está ni en los años ochenta, cuando el país vivió el primer gobierno de Ortega y su fin.
Mora dice que la oposición ha usado la tecnología para llevar su mensaje y organizarse, lo que contrapone con el oficialismo a los que también ve con problemas para llenar su tendido electoral.
Las razones de la represión en Nicaragua
El candidato presidencial por la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga, también de la Coalición Nacional, considera que Ortega no tiene una respuesta a los problemas que aquejan a la población como el desempleo y el deterioro de la calidad de vida, especialmente los más pobres.
Maradiaga dice que por eso la dictadura ha aumentado sus métodos de represión hasta convertir la violencia ejercida desde el Estado-Partido como su principal sostén.
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“Esa reducida capacidad de mantener a sus bases fieles, ha provocado que el régimen dedique más recursos a callar a los opositores y a impedir que los liderazgos de oposición puedan tener un contacto más libre con la población. En otras palabras, el régimen no solo evita que la oposición hable con la ciudadanía opositora, sino que además quiere impedir que aquellos sectores de la población que un día votaron por el FSLN, se le desgranan masivamente”, declara Maradiaga.
El precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Ciudadana, que representa al otro sector de la oposición, recuerda que no puede salir ni a beber un café en un centro comercial, porque siempre tiene al lado a oficiales de la Policía.
Chamorro considera que el acoso policial provoca condiciones difíciles para hacer política, a lo que hay que agregar otros factores del plan gubernamental: los fraudes electorales, la división de la oposición y la intimidación a la población.
