8 de junio 2022
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Los magistrados Octavio Rothschuh Andino; Ángela Dávila Navarrete y Rosa Argentina Solís, todos del Tribunal de Apelaciones de Managua, fueron sumados a una lista de 14 jueces orteguistas para los que los eurodiputados exigen sanciones de la Unión Europea. Este listado —de 17 en total— es parte de una resolución del Parlamento Europeo (PE), que será votada este jueves 9 de mayo y la cual se espera tenga un apoyo mayoritario.
Según el proyecto de resolución, la Eurocámara “condena los fallos judiciales ilegítimos que solo confirman la deriva represiva del régimen nicaragüense y que los jueces se han convertido en el brazo de la represión y responsables de violaciones a los derechos humanos”.
Los eurodiputados instan “a la Unión Europea a que haga rendir cuentas al régimen nicaragüense, en particular a sus jueces, por la represión en el país y los procedimientos judiciales iniciados contra figuras de la oposición y otros críticos”, por lo que “pide al Consejo que inicie de inmediato los procedimientos para incluir a los jueces en la lista de personas sancionadas por la UE”.
Los jueces propuestos para sanciones son: Nadia Camila Tardencilla; Ángel Jeancarlos Fernández González; Ulisa Yaoska Tapia Silva; Rosa Velia Baca Cardoza; Verónica Fiallos Moncada; Luden Martín Quiroz García; Karen Vanesa Chavarría; Félix Ernesto Salmerón Moreno; Nancy Aguirre Gudiel.
Completan la lista: William Irving Howard López; Erick Ramón Laguna Averruz; Melvin Leopoldo Vargas García; Irma Oralia Laguna Cruz y Rolando Sanarrusia.
Estos 14 jueces orteguista ya figuraban en las propuesta de resolución de los grupos del Partido Popular Europeo y Renovar Europa; sin embargo, a última hora se incluyeron a los tres magistrados de Apelaciones de Managua, quienes según los eurodiputados “también han participado en la privación de derechos procesales y sustantivos de los (presos políticos) ilegalmente condenados”.
La UE ha sancionado a más de 20 altos funcionarios del régimen, entre ellos la vicepresidenta Rosario Murillo, acusados de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Los sancionados tienen inmovilizados sus bienes y, además, los ciudadanos y las empresas de la UE están sujetos a la prohibición de poner fondos a su disposición.
“Jueces ayudan a ejecutar represión”
Este miércoles, en un debate sobre la propuesta de resolución, la eurodiputada Alicia Homs Ginel, del grupo de los Socialistas y Demócratas, destacó que “en los últimos meses hemos sido testigos de la clara instrumentalización de la justicia represiva en Nicaragua”.
“Los tribunales nicaragüenses se han dedicado a dictar sentencias absolutamente desproporcionadas contra presas y presos políticos, en procesos a todas luces corruptos y que ofrecían nulas garantías de transparencia a las personas acusadas. Por ello, esta resolución, y es en lo que nos tenemos que centrar, pide sanciones para los jueces, ya que están ayudando a Ortega a ejecutar esa represión”, dijo Homs.
Los 14 jueces de la lista han condenado a 55 de 68 presos políticos capturados en la última oleada represiva en el contexto de las votaciones generales de 2021. En su mayoría, líderes cívicos, sociales, políticos, estudiantiles y defensores de derechos humanos, a quienes les impusieron penas de entre siete y trece años de prisión.
El eurodiputado Hermann Tertsch, del grupo de los Conservadores y Reformistas, aseguró que “los nicaragüenses viven una pesadilla permanente y terrible, en la cual la represión de los últimos años ha alcanzado unos niveles inauditos. Los ha alcanzado porque el régimen se siente capaz de hacerlo, y esa impunidad es porque se siente protegido”.
“Los jueces cometen unas barbaridades y unas iniquidades inmensas contra todos los opositores, contra todos los increpantes, y lo hacen porque cuentan con esa impunidad”, añadió.
El eurodiputado Leopoldo López Gil, del Partido Popular Europeo, señaló que “los jueces y fiscales, sumisos a los Ortega Murillo, han vulnerado sistemáticamente las garantías procesales, convirtiéndose en cómplices de la dictadura y violadores de los derechos humanos”.
“Hoy pedimos que se incluyan sus nombres en la lista de los sancionados por la Unión Europea, se lo merecen las víctimas de ese régimen”, afirmó.
Investigar a Ortega
En el punto nueve, la propuesta de resolución “llama a los Estados miembros y al Consejo de Seguridad de la ONU, de conformidad con los artículos 13 y 14 del Estatuto de Roma, a abrir una investigación formal a través de la Corte Penal Internacional sobre Nicaragua y Daniel Ortega por crímenes de lesa humanidad en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma”.
De acuerdo al artículo 7 del Estatuto de Roma, son considerados crímenes de lesa humanidad: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación o traslado forzoso de población; encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura; desaparición forzada; y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género.
Es la primera vez que un proyecto de resolución del Parlamento Europeo apunta hacia una investigación contra Ortega. Desde 2018, los eurodiputados han aprobado seis resoluciones sobre la situación nicaragüense. Una en mayo de 2018; otra en marzo de 2019 —tras la visita de una delegación de europarlamentarios al país—; una tercera en diciembre de 2019; una cuarta en octubre de 2020; la quinta en julio de 2021; y la última en diciembre pasado.
Liberación de presos políticos
En todas sus resoluciones el Europarlamento ha demandado la liberación de los presos políticos. En el reciente texto, llaman a “liberar de manera inmediata e incondicional a los detenidos desde abril de 2018 y anular los procedimientos judiciales contra ellos, y permitir un retorno seguro de todos los refugiados y exiliados”.
Además, instan “a las autoridades nicaragüenses a restablecer las garantías para el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de todos los nicaragüenses, cesar la persecución a la oposición democrática, la prensa y la sociedad civil”.
Los eurodiputados “condenan enérgicamente la muerte del señor Hugo Torres durante su detención”. Así como “la detención del padre Manuel Salvador García el 1 de junio de 2022 que permanece en prisión preventiva y pide su liberación inmediata”.
Cierres de oenegés
En la propuesta de resolución también se “condena” que “más de 400 ONG se hayan visto obligadas a dejar de trabajar en Nicaragua, incluida la Academia Nicaragüense de la Lengua”.
Los europarlamentario hacen un llamado “a las autoridades de Nicaragua para que dejen de cerrar indebidamente ONG y restablezcan la personalidad jurídica de todas las organizaciones, partidos políticos, universidades y medios de comunicación que han sido clausurados arbitrariamente, así como para que devuelvan todos los bienes, documentos y equipos incautados indebidamente”.
Durante el debate, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la checa Dita Charanzová, dijo que la cancelación de la Academia Nicaragüense de la Lengua “es una decisión sin precedentes en el continente y en el mundo hispanohablante. El régimen de Ortega que arrasa y patea los derechos humanos”.
El régimen mantiene una cruzada contra los organismo sociales que ha dejado 452 oenegés canceladas desde 2018, de las cuales 378 han sido liquidadas en lo que va de 2022.
Además, expresaron “su profunda preocupación por las represiones a los medios de comunicación libres e independientes en el país, que han obligado a más de 100 periodistas a exiliarse”.
