13 de septiembre 2022
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Seis grupos políticos del Parlamento Europeo (PE) debaten este miércoles 14 de septiembre unas propuestas de resolución sobre “Nicaragua, en particular la detención del obispo Rolando Álvarez”, en las que exigen su libertad y la de otros religiosos, así como la del resto de presos políticos del régimen orteguista.
Los europarlamentarios coinciden en condenar “enérgicamente” la escalada de represión y persecución sistemática contra “miembros de la Iglesia católica, así como defensores de los derechos humanos, opositores, campesinos, periodistas, estudiantes e indígenas por el solo ejercicio de sus libertades fundamentales en Nicaragua”.
Las seis propuestas de resolución serán discutidas y unificadas en un solo texto, que será votado este jueves 15 de septiembre. Previamente, este 14 de septiembre iniciará un debate sobre la situación de Nicaragua en el plenario de la Eurocámara, en su sede Estrasburgo, Francia.
En el Parlamento Europeo existen siete grupos políticos, cada uno conformado por al menos 23 eurodiputados. Las bancadas con más integrantes son el Partido Popular Europeo (178); los Socialistas y Demócratas (144); y Renovar Europa (100).
En los últimos meses, el régimen orteguista ha ejecutado una serie de actos represivos contra la Iglesia católica en Nicaragua, que hasta el momento ha dejado al obispo Álvarez bajo arresto domiciliario; a siete sacerdotes, dos seminaristas y un laico encarcelados, 18 religiosas sacadas del país y el cierre de una decena de medios religiosos. Además, la Policía Nacional ha ingresado por la fuerza y allanado una parroquia, impedido a los feligreses recibir la eucaristía dentro del templo y sitiado a otros sacerdotes en sus iglesias.
Apoyar a otros sacerdotes
“Pide la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente, acusados y sentenciados, entre ellos el obispo Rolando Álvarez y los detenidos junto con su arresto, anular todo proceso judicial en su contra, incluyendo sus sentencias”, se lee en la propuesta del Grupo de los Socialistas y Demócratas.
Junto a Álvarez fueron detenidos: José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario de la catedral San Pedro, respectivamente; Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista; el diácono Raúl González; y los seminaristas Darvin Leyva y Melkin Sequeira. Todos están recluidos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote.
Entre los siete sacerdotes detenidos, hay dos condenados por la justicia orteguista: el primero fue el cura Manuel García Rodríguez, acusado de supuesta violencia contra una mujer, que luego se retractó y también fue encarcelada por el régimen. El segundo es monseñor Leonardo Urbina, señalado por una supuesta violación a una adolescente.
La bancada del Partido Popular Europeo solicita a la Unión Europea (UE) mantener su apoyo “a las organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos y familiares de presos políticos tanto en Nicaragua como en el exilio, entre ellos los sacerdotes Uriel Vallejos, Vicente Martínez, Sebastián López y Mangel Hernández”.
En una reciente entrevista con el medio digital Mosaico CSI, el sacerdote Vallejos dijo que la Iglesia católica no tiene intereses políticos y únicamente busca “salvaguardar la vida humana”, por esa razón “nunca va a estar al lado de los que asesinan, al lado de los que matan”.
Segunda resolución de 2022
Desde 2018, los eurodiputados han aprobado siete resoluciones sobre la situación nicaragüense. Una en mayo de 2018; otra en marzo de 2019 —tras la visita de una delegación de europarlamentarios al país—; una tercera en diciembre de 2019; una cuarta en octubre de 2020; la quinta en julio de 2021; la sexta en diciembre del mismo año; y la última en junio pasado.
A inicios de junio pasado, una amplia mayoría del Parlamento Europeo exigió a la Unión Europea (UE) sancionar a catorce jueces y tres magistrados de Apelaciones. A la par, demandó investigar —a través de la Corte Penal Internacional— al Gobierno y al presidente Daniel Ortega, por crímenes de lesa humanidad.
Los eurodiputados condenaron también las cancelaciones de oenegés por parte de la Asamblea Nacional, dominada por el oficialista Frente Sandinista.
En las propuestas de resolución, las bancadas europarlamentarias retomaron el tema de las cancelaciones de oenegés. “Rechaza los cierres y confiscaciones arbitrarias de bienes pertenecientes a la sociedad civil organizaciones, partidos políticos, organizaciones religiosas, asociaciones de medios y universidades”, indica el texto del grupo Renovar Europa.
“Hace un llamado —prosigue— a las autoridades nicaragüenses para que detengan estas acciones y restablezcan su personalidad jurídica, así como devolver todos los bienes, documentos y equipos incautados indebidamente”.
El régimen ha impulsado, desde la Asamblea Nacional y el Ministerio de Gobernación (Migob), una cruzada contra los organismos sociales nacionales e internacionales que ha dejado 1780 oenegés anuladas desde finales de 2018, de las cuales 1706 han sido ilegalizadas en lo que va de 2022.
