9 de agosto 2022
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A finales de enero de 2019, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, declaraba que la reforma tributaria que quería aprobar el régimen de Daniel Ortega, tenía la misión de recaudar 300 millones de dólares, lo que era un indicativo del hueco que tenían las finanzas públicas, luego que la crisis socioeconómica causada por la violenta respuesta orteguista a las protestas ciudadanas de abril de 2018, golpeara la recaudación de impuestos.
Según datos oficiales publicados por el Ministerio de Hacienda, en los 15 meses transcurridos entre enero de 2021 y marzo de 2022, el Gobierno recaudó unos 720 millones de dólares más que un año antes, lo que podría considerarse un ‘éxito’ de la administración… si no fuera porque su contraparte (las empresas que pagan esos impuestos), están al borde de la asfixia económica, y llegará el momento en que no puedan pagar más.
Un ejemplo de este clima de asfixia económica es el mensaje que recibió el gerente de una gran empresa comercial que opera en Nicaragua, cuando desde su casa matriz se le indicó que se limitara a generar los ingresos suficientes para mantener abierta la oficina, procurando despedir a la menor cantidad posible de empleados. La empresa, en efecto, sigue abierta, pero para sobrevivir tuvo que cerrar todas sus sucursales, y enviar a casa al 40% de la planilla.
La historia de este administrador, al que identificamos como ‘gerente comercial’, no difiere mucho de la que narró el gerente de una empresa industrial, que ha visto cómo la alta carga impositiva disminuye las ganancias de la empresa, al punto que siente que “estamos trabajando para el Gobierno”.
“Esa ley (la reforma tributaria de marzo de 2019) fue aprobada así –sin consultar con nadie– porque su meta siempre fue recaudatoria. Se les presentaron objeciones, pero ellos solo escucharon a una comparsa de sus incondicionales, además que nunca supimos de previo qué traería esta ley. Esa reforma fue impuesta”, aseveró.
“La razón pura y dura para ordenar esa reforma en ese momento, era recaudar”, señala por su parte el gerente comercial, recordando que “las finanzas públicas estaban golpeadas por la caída de la recaudación, en un momento en que ya no podían conseguir más plata con Venezuela, así que se la sacaron a las empresas nicas, que ya no podían negociar, pero también fue como una forma de revancha”, teorizó.
‘Derecho de piso’
Hasta antes que la Asamblea Nacional votara aprobando la reforma tributaria enviada por Daniel Ortega, el sistema impositivo nicaragüense “era más racional”, dice el gerente industrial, en referencia a que las empresas tenían que enterar a la Dirección General de Ingresos (DGI), un 1% en concepto de anticipo del impuesto sobre la renta (IR), y otro 1% sobre ventas a las alcaldías.
La reforma tributaria de marzo de 2019 cambió sustancialmente las reglas del juego impositivo, porque ordenó hacer un pago mínimo definitivo (PMD) de 3% para la DGI (en el caso de las empresas grandes), mientras que el pago a las alcaldías pasó a ser del 2%, “lo que es asfixiante para la empresa formal”, reiteró el gerente industrial.
El gerente de una empresa que es también líder de su gremio, explicó que ese 3% se tiene que pagar en los primeros cinco días del mes siguiente. “Si facturaste 500 000 córdobas en enero, tenés que pagar 15 000 córdobas en los primeros cinco días de febrero, pero muchas veces los clientes te piden 30, 45 o 60 días de crédito, lo que significa que te la pagarán hasta en algún momento del mes de marzo.
Mientras tanto, tuvo que pagar el impuesto con el dinero que ingresó luego de cobrar las ventas efectuadas en diciembre, sin olvidar que también debió pagar planilla, electricidad, proveedores”.
“Ese 3% es un golpe terrible, que nos desestabiliza financieramente, y si uno no lo paga en los cinco días que manda la ley, te imponen multas, y no te dan acceso al sistema, por lo que no podés facturar para vender en el mes en curso”, añadió.
El resultado de esa extracción acelerada de sus recursos, es que las empresas quedaron con menor disponibilidad de flujo, explicó a CONFIDENCIAL el gerente de una empresa importadora. El problema es que los perjuicios no llegaron solo en la forma de tener que destinar más dinero de las ganancias para pagar más impuestos, sino también, de encontrar formas para sortear los efectos de las decisiones que estaban tomando las demás empresas.
“Desde 2018, como medida de precaución, los bancos redujeron y hasta eliminaron las líneas de crédito, de las cuales muchos nos apalancamos, mientras que los proveedores redujeron las líneas y los plazos de crédito. Eso se puso peor con la pandemia, entre 2020 y 2021, así que las empresas tuvimos que vender de contado para poder pagar este impuesto, y eso nos deja cortos para reinvertir en nuestros negocios”, añadió el gerente importador.
El elemento que agrava esta nueva realidad tributaria, es que se trata de un ‘impuesto en cascada’, que pone a las empresas formales en enorme desventaja con respecto a las informales, que no tienen que enterar ese tributo, reflexiona el gerente industrial, aunque su colega, el gerente comercial, señala que entre las empresas formales, este impuesto afecta más a las más pequeñas, que están luchando por salir adelante.
Su razonamiento se basa en que “bien puede suceder que una empresa obtenga ganancias de 25 000 dólares, y tenga que pagar 100 000 en impuestos, lo que significa que este Gobierno encontró la manera de confiscar las ganancias, sin confiscar las empresas. Es como si nos dijeran ‘trabajás para mí, en vez de trabajar para tus propios intereses’. Estamos pagando un ‘derecho de piso’ (como el que cobran las maras) por estar en Nicaragua”, explicó.
Incentivo perverso
La imposición de un PMD de hasta 3% mensual, tiene el efecto perverso de incentivar la importación de materias primas, y hasta de productos terminados, al hacer que sea más barato comprar en el extranjero, que comprar -y transformar- en el país.
La carga impositiva –y en cascada– es tan onerosa para las empresas que le dan valor agregado a las materias primas nacionales, (desarrollando el proceso de transformación industrial en el país), que el resultado de esa ecuación va en detrimento del sector industrial nacional, mientras favorece al importador, explicó el gerente industrial.
Por ejemplo, una empresa productora de café al momento de comprarle a un proveedor local, debe hacerle una retención del 3% para la DGI, y otra de 2% para la alcaldía, por sobre el precio de venta. Cuando llega el momento de vender ese café procesado, este industrial debe pagar otro 3% y otro 2% sobre sus ingresos, lo que también grava al 3% y el 2% que cobró antes al proveedor, pero si ese proveedor se surtió de un productor privado, él también tuvo que retener esos mismos porcentajes, explicó.
Si en vez de eso, decide importar el grano, puede comprarlo libre de impuestos, si su origen es Centroamérica, o pagar un derecho arancelario a la importación, si su origen es otro, y solo tiene que pagar una vez ese 2% y ese 3%. “Eso incentiva las importaciones, además de ponernos en una posición desventajosa frente a las empresas informales, y frente a los importadores”, añadió.
“El pago del 3% fue lo que obligó a Cersa a cerrar”, dijo por su parte el líder gremial, recordando que la empresa importaba la avena en grano desde Chile, para transformarla en Nicaragua y exportarla a Centroamérica, pero cerró, por los altos costos de operación (energía, pago de 5% en concepto de impuesto selectivo de consumo, a la materia prima importada), dejando en el desempleo a unas 150 personas.
Ahora, hay una empresa comercializadora que importa el producto terminado desde Guatemala, con lo que ya no paga ese 3%, pasando a la empresa que lo vende al consumidor final (como un supermercado) la responsabilidad de tributar.
Recaudación no puede crecer indefinidamente
“Todos los que fuimos afectados por el PMD, debimos buscar la manera de trasladarlo a la estructura de costos, porque es imposible que podamos asumirlos como empresa u organización”, declaró el importador.
Por esa causa, “el Estado no puede esperar recaudar los montos planificados, pues debe recordar que, a menor volumen de ventas, menor recaudación”, añadió.
En efecto, la proyección de lo que debería ser el presupuesto general de la república para 2021, mostraba un paupérrimo rendimiento de la reforma tributaria, siendo que los presupuestos de ingresos y de egresos para ese año, apenas superaban en 0.4% y 0.77% a los de 2020, con lo que resultaban inferiores a los del ejercicio anterior, al incluir el aumento de la inflación en la ecuación.
Sin embargo, 2021 mostró niveles de tributación récord, igual que el primer trimestre de 2022. “La sobrerrecaudación es una consecuencia de los ‘arreglos’ a los que te obligan la DGI y la DGA”, dijo el gerente importador, recordando que para cumplir la meta de “recaudar a toda costa, imponen auditorías en donde todos salimos pegados. Sí o sí”, complementó.
Recuerda que la estrategia básica, al menos en la DGI y en las alcaldías, (especialmente la de Managua), es que “te multan por una determinada cantidad, y te ofrecen una ‘salida’, pagando un porcentaje menor”.
Con todo, nadie puede tener la convicción razonable de que la situación seguirá así de manera indefinida, porque cualquier empresa formal, (sea que venda autos, productos de consumo masivo, o tarjetas prepago), pasó de enterar 1% a la DGI, a un 3% que “es confiscatorio, porque tenemos años de estar en crisis, pero igual, tenemos que pagarle al Gobierno, lo que significa que estamos perdiendo plata”, detalló el gerente comercial.
Volver a 2019
De cara al futuro, y aun sabiendo que el sector privado organizado en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), perdió el ‘derecho de picaporte’ del que disfrutó por varios años, el gerente comercial dice a una pregunta de CONFIDENCIAL que, si tuvieran chance de hacer que alguien dentro de la administración Ortega los escuchara, sugerirían “volver donde estábamos antes de la reforma”.
“Eso nos permitiría tener más oxígeno para operar, en especial a las empresas más pequeñas, al emprendedor que tal vez tiene diez empleados y se esfuerza por salir adelante, pero con esas leyes, Nicaragua se está volviendo un mercado cada vez más oligárquico y oligopólico”, abundó.
El industrial también abogó por “retornar al 1%, para que dejen de quitarnos competitividad”, a la vez que consideró “un error que esto esté generalizado para todos los sectores, porque hay algunos -como electrodomésticos, ropa fina, hoteles y restaurantes- que tienen márgenes de rentabilidad de 30%, 50% y más, mientras otros como los alimentos de consumo masivo, tienen márgenes de 15% y a lo sumo 20%”.
“El aumento de la tributación llevó a muchas empresas industriales y comerciales a pagar el 3% en vez del 1%, lo que golpeó su flujo operativo. Necesitamos que nos vuelvan al 1% para que nos dejen respirar. De lo contrario, lo que nos espera es el ocaso a mediano plazo: muchas empresas van a colapsar, o van a buscar formas de eludir el pago de impuestos. En todo caso, hay un riesgo inminente de colapso”, insistió el líder gremial.
