23 de septiembre 2016
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Ex cancilleres de la República, políticos y el sector privado reaccionaron con sorpresa y preocupación ante la aprobación de la iniciativa conocida como “Nica Act” en el Congreso estadounidense, en especial, al observar la rapidez con que se hizo, lo que es todavía más notorio, si se recuerda que ese país está inmerso dentro de un intenso proceso electoral.
Roberto Sansón, presidente de la Cámara Americana de Comercio, (AmCham), lamentó que el Congreso de Estados Unidos hubiera aprobado esa ley, y que lo hubiera hecho de manera unánime.
“Esta es una campanada de alerta que nos recuerda que toda acción tiene una reacción”, dijo Sansón. “El país no está en una cápsula en el desierto. Recordemos que la comunidad internacional ve todo lo que hacemos, y si bien es cierto, Daniel Ortega tiene el control de Nicaragua, no tiene el control del mundo”, sentenció.
Por eso, “pedimos al gobierno de Nicaragua que esté atento al impacto de sus acciones, que piense cómo se verán en el exterior, porque cuando uno tiene que dar explicaciones del por qué pasan las cosas, ya es demasiado tarde”, señaló.
Sansón insistió en el daño que se hace a la imagen internacional de Nicaragua, remarcando la “necesidad de buscar acciones para remediar la imagen y la percepción” del país, que está “teniendo una crisis de imagen en el exterior, provocado por las acciones de los últimos meses, independientemente de la justificación que haya o no de esas acciones”.
Ganaderos: Cuidemos nuestro principal mercado
Álvaro Vargas, presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Faganic), remarcó la preocupación del sector productivo, siendo que “Estados Unidos es nuestro principal mercado históricamente, en especial, para los productos agropecuarios, lo que genera muchos empleos. Cualquier acto, cualquier decisión que Estados Unidos tome contra Nicaragua, es preocupante para nosotros”.
“No pensábamos que aprobarían esa ley de la forma tan rápida en que ocurrió, siendo que Estados Unidos está en un proceso electoral bastante complejo. No sabíamos que tuviera tanta importancia, ni tal trascendencia para que lo aprobaran tan rápido”, explicó.
El líder gremial recordó que ellos han dicho públicamente “que el país y el gobierno han hecho algunas cosas que atentan contra nuestro acceso al mercado estadounidense. Nos preocupa el efecto que pueda tener cualquier iniciativa de Estados Unidos contra Nicaragua, por lo que ellos dicen sobre la falta de transparencia, la falta de democracia, y todo lo que aducen en la Ley aprobada”.
Vargas recordó que hay proyectos de beneficio a la ganadería, implementados por entidades como TechnoServe o Catholic Relief Service, que son financiados por Estados Unidos. “Hay muchas iniciativas, de menor tamaño que las que financia el BID, para hacer una ganadería más productiva”.
“Si Estados Unidos corta estos fondos, haría menos competitiva nuestra ganadería, se dejaría de impulsar un crecimiento vertical, y habría que buscar más áreas para tener el ganado, porque con el cambio climático, todas estas iniciativas están en pro de producir más en menor área de terreno. Los productores perderían el recurso económico y el ‘know how’ que están transfiriendo todas estas organizaciones”, valoró.
El productor cree que tendrán que explicar su preocupación ante el estatal Sistema de Producción, Consumo y Comercio, con el que se reúnen al menos una vez al mes, aunque reconoce que no los han convocado, quizás “porque están en campaña, pero vamos a elevar nuestra preocupación a través de esta vía, que es la que el gobierno ha decidido usar para escucharnos, y es la que usamos para plantear nuestros problemas”.
“Si no tenemos una manera correcta de hacer las cosas, este problema seguirá creciendo”, sentenció.
Para Ismael Reyes, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Salud, la situación planteada “amerita buscar un arreglo, porque, a mi juicio, es una cosa grave que va a perjudicar el desarrollo del país, porque tanto el país como los empresarios, necesitan préstamos del gobierno de Estados Unidos”.
“Imagino que después de las elecciones, el presidente Ortega tendrá que reunirse con los partidos políticos para ver cómo se resuelve esto”, expresó. Reyes observa que la falta de los recursos venezolanos, y la dificultad de los productores que dicen que ya no podrán exportar carne o maní, perjudicarán a la economía nacional.
El empresario descarta que haya algo qué hacer de cara al actual proceso electoral, porque “ya sabemos quién va a ser el presidente, quién será el vicepresidente… eso ya es un asunto consumado, y solo queda ir pensando alternativas. El futuro gobierno tendrá que ver qué va a hacer, y el lobby que pueda hacer el Cosep con los americanos, para ver en qué forma se pueden atenuar estas medidas”, porque “siempre hay mecanismos políticos para encontrar cómo atenuar las medidas, dependiendo de las promesas que se puedan hacer”.
Ante lo que parece ser una propuesta de acomodo con el régimen, Reyes explica que “estamos acostumbrados a estas cosas. Lo que hay que ver es qué se puede hacer, porque nadie quiere otra guerra. Hay que ver cómo se arregla el asunto. Creo que hay suficientes personas sensatas dentro del gobierno, que pueden ayudar a que esto no sea tan drástico”.
Influencia en organismos internacionales
Entre las sanciones que impone la llamada “Nica Act” está la de prohibir a Estados Unidos que apoyo préstamos de organismos internacionales a Nicaragua. A juicio del excanciller Francisco Aguirre Sacasa, quien trabajó por 28 años en el Banco Mundial, Estados Unidos “con solo una llamada del secretario del tesoro o del Ministro de Hacienda o del Canciller norteamericano al presidente del BID, del Banco Mundial o a la Gerente Directora del FMI, se puede engavetar cualquier iniciativa de ayuda o de crédito” a Nicaragua.
El apoyo en créditos de organismos como el BID o el Banco Mundial representan más de 250 millones de dólares para Nicaragua, una cifra que según Aguirre Sacasa “representa un montón de plata. Es igual al 40 por ciento del programa de inversión pública de Nicaragua que es uno de los motores principales de nuestra economía”.
Tanto Aguirre Sacasa como el también excanciller Norman Caldera coincidieron que el Gobierno del Comandante Ortega todavía tiene margen de maniobra para desactivar este proceso negativo para la imagen y economía de Nicaragua.
A juicio de Aguirre Sacasa el Gobierno “no solo tiene espacio, sino que tiene que hacerlo (reaccionar a la iniciativa). He visto una reacción virulenta que llamaría teatro político por parte de voceros del gobierno, pero la gente seria en el gobierno debe tomar en cuenta que esto representa una amenaza seria para Nicaragua y su economía y por ende para el gobierno, y tiene que empezar a buscar como desactivar esta bomba de tiempo antes de que les estalle”.
Por su parte Caldera recomendó enviar a Washington una delegación encabezada por el canciller Samuel Santos y por el exembajador en Estados Unidos, Arturo Cruz, así como tomar decisiones que mejoren la imagen del Gobierno a nivel internacional, como cambiar el actual Consejo Supremo Electoral “con funcionarios creíbles”, cancelar las decisiones políticas tomadas por el Comandante Ortega “y llamar a nuevas elecciones en un plazo razonable, garantizando la renovación y depuración del padrón electoral, la recomposición del Consejo a todos los niveles y la participación en todo el proceso de observadores”. Acciones que Caldera ve “muy difícil” que el Gobierno lleve a cabo.
“Desde el punto de vista político”, dijo Caldera, “la aprobación en la Cámara Baja del Nica Act significa un duro golpe a las aspiraciones del Comandante de conseguir una reelección más”.
