27 de enero 2023
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José María, un médico recién graduado en Nicaragua, ha tomado una serie de decisiones en su economía doméstica para sobrevivir, a medida que incrementa la carestía de la vida. Por eso, es uno de los molestos con el ajuste salarial del 5% anunciado para los empleados públicos por el régimen de Daniel Ortega, el que considera “una burla”.
Su ingreso mensual es de 15 000 córdobas, unos 413 dólares al cambio actual. Dice que compra menos frijoles y queso, deja su carro en la casa y recurre al transporte público a veces para ahorrar lo que invierte en gasolina. Tiene una lógica que practica a pie juntillas: “uno crea su economía, y determina cuáles son sus prioridades”.
“Comparto mis gastos con mi compañera de casa, quien es doctora también. El alquiler nos cuesta 150 dólares. He conocido personas que la mayoría vive del crédito. Algunos de ellos tienen hijos y sus costos de vida son mayores, todos deben buscar la manera de sobrevivir. Las cosas andan muy mal en la economía de los hogares de los nicaragüenses”, valora.
Su visión coincide con el resultado de la última encuesta de la firma costarricense CID Gallup, en que el 62% de los nacionales considera que el país va por el “rumbo equivocado”. La medición fue realizada entre 1204 personas entre el 3 y 16 de enero de 2023, tiene el 95% de confiabilidad y un margen de error de +/-2.78. La imagen de Ortega tiene un balance desfavorable.
El viernes 20 de enero, la vicepresidenta Rosario Murillo anunció como “una buena noticia” el ajuste salarial para los trabajadores estatales, que será aplicado a partir de febrero, según informó el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta.
“Se incorporará un ajuste salarial de un 5%, como ha estado establecido, para todos los servidores públicos, todos los servidores del pueblo en el Estado, y esto, tanto en los Ministerios, como en otros poderes del Estado”, afirmó Murillo.
Sin embargo, para José María, ese 5% significa 750 córdobas, un poco más de 20 dólares. ¿Qué puede comprar? ¿Cuáles de sus cargas puede aliviar? La respuesta es “ninguna”.
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En un reportaje, publicado en CONFIDENCIAL en marzo de 2022, trabajadores del Estado se quejaron de que Daniel Ortega gana en un mes, lo que ellos devengan en un año. El salario del presidente sandinista, para esa fecha, era de 136 847 córdobas.
“Te aseguro que yo hago mucho más por la patria que él, pero uno tiene que tragar gordo y aguantar porque si no trabajamos no podemos comer”, dijo uno de los empleados públicos.
Ortega y su familia inmediata —su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, varios de sus hijos, nueras, exnueras y otros parientes— perciben mensualmente más de dos millones de córdobas mensuales, equivalentes a 67 500 dólares en sueldos y salarios, según una investigación de CONFIDENCIAL, basada en los registros oficiales del Instituto Nicaragüense de Seguro Social (INSS) hasta 2018 y el análisis de escrituras del Registro Mercantil de Managua.
El joven médico trabaja 36 horas cada cuatro días, lo que provoca que se sienta agotado con frecuencia, y para ahorrar dinero recurre a recortar las cantidades de los alimentos de su dispensa. Según él, tiene amigas enfermeras que trabajan durísimo. Ganan 7000 córdobas, poco menos de la mitad de lo que él devenga, y su realidad es peor.
La medida anunciada por Murillo se aplicará también a 64 000 trabajadores de educación, de los cuales 51 000 son maestros. La vicepresidenta aseguró que la medida implica la colocación de 1600 millones de córdobas en el Presupuesto General de la República de 2023; sin embargo, la macroeconomía choca contra la realidad en la calle.
El economista y exdiputado opositor Enrique Sáenz sostiene que el ajuste gubernamental no cubre ni la inflación ni el ajuste de la canasta básica. Pone el ejemplo de un trabajador del Estado, cuyo salario es de 10 000 córdobas. En este caso, el reajuste sería de 500 córdobas. Según datos del Instituto Nacional de Información para el Desarrollo (Inide), la canasta básica de 53 productos tiene un costo de 18 981.55 córdobas, a diciembre de 2022.
Economista: Ajuste salarial alcanza “para dos libras de queso”
De acuerdo con Sáenz, la tasa de inflación en 2022 fue del 12% y el mismo año el costo de la canasta básica aumentó el 17%. El exlegislador insiste en que se trata de cifras oficiales tomadas del mismo INIDE y no sus proyecciones, con lo que demuestra la realidad que se enfrenta en los hogares.
“Si lo comparás con el ingreso mínimo de los trabajadores del Estado, es decir 5900 córdobas. Si le pones 6000 córdobas, el ajuste es 300 córdobas: entonces le están dando para dos libras de queso, no le alcanzan para comprar todo el arroz que necesita, los frijoles, el aceite. Es una burla”, reiteró.
Lissette, otra empleada pública, coincide con la visión del médico y el economista. Dice que ella gana muy poco y ese aumento es mínimo. Sostiene que algunos productos básicos están muy caros, como el queso que ella ha comprado hasta en 110 córdobas la libra. A diferencia de José María, ella pide que no se mencione la institución en la que labora para evitar represalias. A la crisis económica, se suma el miedo.
Los trabajadores del Estado son obligados a participar en los actos de la pareja presidencial. Foto: Tomada del 19 Digital
Trabajadores del Estado lamentan papel de los sindicatos blancos
Lo más lamentable para Lissette es la actitud de los sindicatos que deberían velar por la situación de los trabajadores; sin embargo, actúan a favor de los intereses del Ejecutivo. Tienen, en ese sentido, una labor activa en la aprobación en febrero de 2022 del incremento en un dígito del salario mínimo por indicaciones del régimen.
Los sindicatos más grandes son el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud) y la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (Anden), todas vinculadas al oficialismo. De hecho, uno de sus principales líderes es el actual presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, uno de los funcionarios más cercanos a Murillo.
“Cuando les conviene somos trabajadores del Gobierno y, cuando no, no lo somos”, lamenta la trabajadora, en referencia a las presiones a lo interno de las instituciones del Estado que han denunciado los empleados estatales, tales como la obligación de participar en actividades partidarias, incluso en fines de semanas en que deberían estar libres con sus familias.
En reportajes y entrevistas publicadas en 2022 por CONFIDENCIAL se retrató la situación de “rehenes” que los servidores públicos viven en las instituciones. Además de presiones laborales, el régimen ha prohibido la salida del país y ordenaron la retención de los pasaportes de algunos, en un clima de represión estatal para evitar deserciones al exterior y fuga de información sobre cómo opera hermanado el sistema político y represivo en Nicaragua.
Alberto labora en el área de economía e indicó lacónicamente que este ajuste salarial en su caso significa 530 córdobas mensuales, lo “que veo como un mantenimiento de valor (de la moneda). Es realmente mínimo”.
Este empleado estatal es otro de los miles que se sienten inconformes, pero deben callar por la situación de opresión imperante, que conoce bien desde adentro, porque ha visto cómo los comisarios políticos ejercen una función de control a lo interno de las instituciones.
Enormes desigualdades en Nicaragua
La situación económica adversa de los servidores públicos, la que se ha deteriorado en los últimos años, se desarrolla en sentido contrario a la acumulación de riqueza de la clase gobernante.
El exdiputado Sáenz recordó que los grandes funcionarios no solo trabajan para el Gobierno, por lo que perciben ingresos, sino que también son empresarios. Un fiel retrato de la desigualdad de un país gobernado por dirigentes que les dicen a los pobres en sus discursos que están luchando para sacarlos de esa situación.
Una investigación realizada por un equipo de CONFIDENCIAL, publicada en febrero de 2022, demostró que la familia presidencial Ortega-Murillo tiene una red de 22 empresas que se nutre de contratos con el Estado y de la cooperación venezolana, equivalente a 5000 millones de dólares entre 2007 y 2016.
Ese andamiaje empresarial está formado por 18 ejecutivos y cinco abogados que funcionan como testaferros. Los negocios participan en el sector petróleo, medios de comunicación, publicidad y construcción. Una situación muy distinta a la de miles de empleados estatales como el médico José María, Lissette o Alberto, quienes deben “estirar” sus ingresos para sobrevivir en una Nicaragua donde sus ciudadanos se sienten agobiados por los altos costos de la vida.
*Todos los nombres de los trabajadores públicos fueron cambiados para protegerlos ante posibles represalias del orteguismo.
